«Reinterpretar la Constitución no se ha visto ni en los populismos de América» (Isabel Díaz Ayuso, ABC, 3 de septiembre de 2023). Es la manera cómo la dirigente del PP rechaza tajantemente lo sustancial de una proposición política reciente del lehendakari del Gobierno vasco. Y es la manera cómo, entrando en los contenidos, han rechazado y rechazan igualmente los dirigentes del otro partido estatal mayoritario.
Sin conocer los detalles de dicha propuesta, hace ahora poco más de un mes proponía como elemento básico en las negociaciones actuales para formar gobierno la reforma del Tribunal Constitucional, en su composición y atribuciones.
Mucho antes, 30 años atrás, el año 1993, en mi libro La política de otra manera defendía lo siguiente:
«El País Vasco perdió con su régimen peculiar, el derecho a darse sus formas de autogobierno; y este derecho, en sus varias manifestaciones, que hoy debe expresarse en lenguaje moderno, de acuerdo con su voluntad mayoritaria, mantiene su vigencia…; una cuestión previa es la legitimación social y política de la Constitución, que el poder establecido tiende a silenciar, pero que está impidiendo la normalización de Euskadi. Hoy por hoy, el Gobierno central determina las principales decisiones, entre las que destacan de manera ostensible las resoluciones del Tribunal de Constitucional, «máximo intérprete de la Constitución», no solo las económicas y sociales, y no se vislumbran signos externos de modificación de esta circunstancia…».
Y uno de los elementos de falta de legitimación, era y es el que se deriva de los datos inequívocos en los distintos momentos de la reforma política de camino a la democracia. Veamos:
- Referéndum de la Reforma política de 15 de diciembre de 1976:
- votantes en el Estado Español: 76%
- votantes en el País Vasco: 54%,
- Referéndum de la Constitución, de 6 de diciembre de 1978:
- Votantes en el Estado: 67,11%
- votantes en el País Vasco: 32,89%,
Datos altamente significativos. Pero aún es más. El censo total de la Comunidad Autónoma del País Vasco era en 1978 de 1.552.737 personas; de ellas, votaron a favor de la Constitución, 479.205, lo que supone un 29% del total del censo.
Uno de los actores políticos del mundo nacionalista de la transición 1975-1980, Mitxel Unzueta, me comentaba hace unos pocos años, que al terminar de elaborar el Estatuto de Gernika, dijo a sus interlocutores del poder central:
«Bien, esto será un instrumento válido para los próximos 8 o 10 años. Pero después necesitaremos alguna otra cosa, un salto cualitativo para seguir adelante».
Han pasado más de 40 años, y ¿qué se ha hecho?
Muy poco. Y de lo que se ha hecho, la mayor parte de lo hecho por parte de las autoridades del Estado ha sido la limitación de los derechos históricos originarios, que, a pesar de que está escrito que «la Constitución ampara y respeta«, la realidad ha sido que el Tribunal Constitucional ha ido delimitando, poniendo límites, adoptando una interpretación unilateral de dichos derechos originarios.
En el libro La política de otra manera, de 1993, decía que:
«Esta Disposición Adicional, bien aclarándola, ampliándola o interpretándola, encierra mucho del posible milagro en la solución del problema vasco».
Y seguidamente daba mi versión de cómo se debería interpretar:
«Bastaría para ello que la mayoría vasca precisara el concepto derechos históricos, y estos fueran respetados por el Estado«.
Pretensión que ha resultado imposible con las funciones y forma de elección actuales del Tribunal Constitucional.
El 13 de julio de 1989, propuse públicamente la necesidad de crear un espacio económico y social vascos.
Posteriormente, el año 1996, las Juntas Generales de Bizkaia, por una iniciativa de nuestro grupo aprobaron la creación de un espacio económico y social vascos.
Esta trayectoria política personal me autoriza ahora a plantear de nuevo, tanto a EAJ-PNV como a EH-BILDU que, conjuntamente, defiendan como elemento fundamental en las actuales negociaciones la reforma del Tribunal Constitucional, tanto en su composición como en sus funciones, de tal manera que no quepa interpretar nuestros «derechos históricos» de manera unilateral por dicho Tribunal.
Para ello es imprescindible, reitero, que aborden de manera coordinada y conjunta la negociación. ¿Lo harán? También sería provechoso que coordinaran más y mejor con los representantes políticos de las otras nacionalidades históricas. Me refiero a ERC, CUP, Junts y BNG especialmente…
Deja un comentario