La historiadora canadiense Selma Huxley, Medalla de Oro del Aquarium de San Sebastián

Selma Huxley, historiadora canadiense reconocida internacionalmente como experta en historia naval, recibió la Medalla de Oro del Aquarium de Donostia San Sebastián.

Mesa presidencial. De izquierda a derecha, Vicente Zaragüeta, presidente del Aquarium, Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, Selma Huxley, Mitxel Unzueta, de la Cámara de Comercio de Bibao y Mikel Barkham, hijo de Selma

Selma Huxley, Medalla de Oro de la Real Sociedad Geográfica Canadiense, posee asimismo la Orden de Canadá, dos Doctorados Honoris Causa y el nombramiento como Cónsul Honorario de Bilbao y Amiga de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Selma profundizó sus estudios en torno a las pesquerías trasatlánticas a partir de los años 70 y logró localizar abundante documentación inédita investigando en archivos del País Vasco y del resto de la Península. Tal y como afirma Vicente Zaragüeta, presidente del Aquarium de San Sebastián, «sus estudios supusieron un salto cualitativo en el conocimiento de la actividad ballenera y la pesca del bacalao en Terranova, tan relevante en la historia marinera vasca«.

Uno de los principales puertos frecuentado por los arrantzales vascos, en concreto Red Bay (Labrador, Canadá), Sitio Histórico Nacional de Canadá, objeto central de las investigaciones de Selma Huxley, fue declarado justo un día antes del homenaje, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por la aportación de los vascos a la historia de Canadá, lo que ha merecido un espacio destacado en los principales medios de comunicación canadienses. No cabe ninguna duda que la aportación de Selma durante cerca de cuarenta años de investigaciones ininterrumpidas ha resultado muy relevante para este importante reconocimiento mundial a la historia de los vascos.

Selma, rodeada de amigos

Selma estuvo acompañada de miembros de su familia como sus hijos Mikel y Serena, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, el presidente del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao y exsenador, Mitxel Unzueta, el presidente del Aquarium, Vicente Zaragüeta, la directora gerente, Esther Irigaray y la exdirectora de relaciones públicas de la Cámara de Comercio de Bilbao, Teresa Querejazu. Asimismo se encontraban muchísimas  personas del mundo de la cultura, Karmele Goñi, Enrique Ayerbe, Sebastián Agirretxe o Andoni Monforte.

 Momento en que Vicente Zaragüeta, presidente del Aquarium, impone la Medalla de Oro a Selma. Su hijo, Mikel, detrás, no puede disimular su emoción

 Selma y su hija, Serena Barkham (centro) escuchan a Teresa Querejazu

De izquierda a derecha, Selma, su hijo Mikel, Isabel Zarauza, alcaldesa de Plentzia, que obsequia a la ilustre historiadora con una botella de vino de reserva de la Bahía de Plencia, Jose Mari Gorordo, autor del blog, Borja Saracho Echevarria, Silvia López de Guereñu y Teresa Querejazu

Selma, feliz, sonríe, junto con su hijo Mikel,  Andoni Monforte, otrora diputado en el Congreso de los Diputados, consejero de Sanidad y viceconsejero de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y Teresa Querejazu 

Selma saluda al numeroso público asistente al acto que abarrotó el bello marco del Aquarium de San Sebastián. En la foto aparece arropada por Esther Irigaray, directora gerente del Aquarium (a su derecha) y Mitxel Unzueta (a su izquierda); detrás, entre Josu Erkoreka y Esther Irigaray, se puede ver a Karmele Goñi, exdirectora del Museo Arqueológico y Etnográfico Vasco de Bilbao, miembro de la Junta de Fundadores del diario Deia y amiga de Selma

Selma y Teresa Querejazu, dos mujeres luchadoras y emprendedoras, escuchan atentas al historiador y editor Enrique Ayerbe   

 

María Victoria Cañas y Selma Álvarez Barkham, nieta de Selma

 

Selma recibe la felicitación del representante del Gobierno Vasco, el consejero Josu Erkoreka

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La Administración Pública debe rendir cuentas de su gestión a la sociedad. Los tribunales de cuentas

I.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789

La Declaración  de los derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789, consagra en su artículo 15, el

“derecho de la sociedad a pedir cuentas de su gestión a todo agente público”

La Administración Pública tiene obligación de rendir cuentas. La sociedad, el derecho a pedirlas. Uno de los principales instrumentos al servicio de la sociedad para hacer efectivo este derecho son los tribunales de cuentas que, de una u otra manera, han estado presentes en el control de la Hacienda Pública.

Aún cuando su origen se remonta a la antigüedad, no es menos cierto que la naturaleza jurídica y fundamentos de tales instituciones diferían de lo que hoy se entiende por un Tribunal de Cuentas. Entre los antecedentes, se pueden citar los debates sobre los excesos de gastos de la Administración que tuvieron lugar en las Cortes de Carrión de 1317, y, más específicamente, el Oficio del Maestre Racional de Valencia o Aragón, los «Oidores» o «Veedores«,  La Cámara de Comptos de Navarra de 1365, o La Contaduría Mayor de Cuentas de 1437 (véase capítulo III de El control de las cuentas públicas).

El constitucionalismo introdujo el cambio fundamental que se produce cuando los Tribunales de Cuentas dejan de ser órganos dependientes del poder ejecutivo. Lo que antes era una fiscalización de la Hacienda Patrimonial, se convierte en una función constitucional, garantía del legislativo frente al ejecutivo.

Se encuentra mencionado en el Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808, Constitución de Cádiz de 1812, Real Cédula de 10 de noviembre de 1828, Constitución de 1837, Constitución de 1876, Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911, Real Decreto de 19 de junio de 1924, y en la Constitución de 1931, que en su art. 120 define al Tribunal:

“El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.

II. 

La Declaración de Lima de 1977

En octubre de 1977 tuvo lugar el IX Congreso de INTOSAI, celebrado en Lima (Perú). En él se aprobó la Declaración  de “Criterios sobre las Normas de Auditoría”, conocida como la Declaración de Lima de 1977, y considerada como la Carta Magna de las entidades fiscalizadoras o tribunales de cuentas. Resumo su contenido:

 1. Control a posteriori

La institución del control es inmanente a la economía financiera pública.

El control se establece para poder analizar las desviaciones en relación con los objetivos, así como las infracciones que puedan existir al cumplimiento de la legalidad.

Las entidades fiscalizadoras son órganos de control externo que realizan controles a posteriori, aún cuando en algunos casos también pueden ejercer un control previo.

  2. Independencia respecto a la entidad fiscalizada

Es la característica fundamental. Las entidades fiscalizadoras sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores.

Independencia funcional y presupuestaria e independencia de los miembros y funcionarios que la componen, materias que deben ser reguladas por la Constitución, para que puedan desempeñar su trabajo adecuadamente.

Especialmente deben gozar de una protección legal suficiente, garantizada por un Tribunal Supremo, contra cualquier injerencia en su independencia y sus competencias de control.

3. Relación con Parlamento, Gobierno y Administración

La independencia otorgada a las entidades fiscalizadoras por la Constitución y la Ley, les garantiza un máximo de iniciativa y responsabilidad, aun cuando actúen como órganos del Parlamento y ejerzan el control por encargo de éste. La Constitución debe regular las relaciones entre la Entidad Fiscalizadora y el Parlamento, de acuerdo con las circunstancias y necesidades de cada país.

La actividad del Gobierno, de las autoridades administrativas subordinadas y las demás instituciones dependientes, es objeto de control por parte de la entidad fiscalizadora.

De ello no se deduce ninguna subordinación del Gobierno a la entidad fiscalizadora. En particular, el Gobierno asume la plena y exclusiva responsabilidad de las operaciones realizadas por él y de sus omisiones y no puede remitirse a operaciones de control y dictámenes de la entidad fiscalizadora para su descargo, siempre que no se hayan dictado en forma de resoluciones judiciales ejecutables y firmes. 

4. Facultades de las entidades fiscalizadoras

Incluye las más amplias facultades de investigación y la ejecución de las verificaciones de control.

5. Rendición de informes

Informes anuales, destinados al Parlamento y a los ciudadanos, por lo que la publicidad de sus informes es fundamental.

6. Competencias de control de las entidades fiscalizadoras

Las competencias deben figurar en la Constitución en sus rasgos fundamentales en función de las circunstancias y necesidades de cada país. Las entidades fiscalizadoras deben ejercer también el control de la recaudación de los ingresos fiscales, incluyendo las declaraciones individuales de los contribuyentes.

El control de los ingresos fiscales es, en primer lugar, un control de legalidad y regularidad; sin embargo, las entidades fiscalizadoras tienen que controlar también la rentabilidad de la recaudación de impuestos y el cumplimiento de los presupuestos de ingresos así como, en caso necesario, proponer al legislativo medidas de reforma.

El control de las obras públicas no sólo abarca la regularidad de los pagos, sino también la rentabilidad de la obra y la calidad de su ejecución.

También deben ejercer el control en las empresas sujetas al Derecho privado, pero de titularidad sustancialmente pública (participación mayoritaria o influencia decisiva). Es conveniente que este control se ejerza a posteriori y que abarque también la rentabilidad, utilidad y racionalidad.

Las entidades fiscalizadoras deben disponer, asimismo, de una autorización, lo más amplia posible, para controlar el empleo de las subvenciones realizadas con fondos públicos.

    III.

La Declaración de Lima en la actualidad

El éxito de la Declaración se debe sobre todo al hecho de que, por una parte, abarca una amplia lista de todos los objetivos y temas relacionados con la auditoría de la Administración pública, y que, al mismo tiempo, son notablemente significativos y concisos, lo cual facilita su utilización, mientras que la claridad de su lenguaje garantiza que la atención se centre en los elementos principales.

El propósito esencial de la Declaración de Lima consiste en defender la independencia en la auditoría de la Administración pública: una entidad fiscalizadora que no pueda cumplir esta exigencia no se ajusta a las normas.

Sin embargo, la Declaración no se aplica por el mero hecho de que se logre la independencia, sino que también se requiere que esté sancionada por la legislación. Esto, no obstante, exige que las instituciones funcionen correctamente para que haya una seguridad jurídica, lo cual sólo podrá darse en una democracia que se rija por el imperio de la ley.

La Declaración sirve de modelo para todas las entidades de fiscalización externa.

Attila Chikán, Rector de la Universidad de Ciencias Económicas y Administración Pública de Budapest, afirmaba en 2004 que si bien es cierto que en nuestro mundo de ritmo acelerado, “las opiniones de una organización profesional, rara vez se citan después de más de un cuarto de siglo como fuente de autoridad o punto de referencia, la Declaración de Lima pertenece a estas raras excepciones”.

A su juicio, las características y los principios incluidos en ella resultaron ser de una gran importancia:

1. Proclama la independencia de las entidades y, en concreto:

– declara por qué es necesaria dicha independencia,

– llama la atención hacia la naturaleza de la independencia, y establece sus condiciones (personales y financieras) más importantes, y

– define el contenido de la independencia mediante el esclarecimiento de la relación de la entidad fiscalizadora con las instituciones.

2. Expone las limitaciones existentes en las actividades de las entidades fiscalizadoras y el poder de las decisiones de éstas; es decir, describe las expectativas referentes a las actividades y los resultados de dichas actividades.

3. Proporciona directrices metodológicas detalladas acerca del contenido y los campos de actividad de las entidades fiscalizadoras (implantando los principios de aseguramiento de la calidad, lo cual en 1977, se adelantaba bastante a su tiempo).

4. Establece la posición que ocupan las actividades de las entidades fiscalizadoras en el ámbito internacional (intercambio de experiencias y relaciones con organismos internacionales).

La Declaración se basa en principios y valores generales que perdurarán en el futuro; se expone mediante una redacción lúcida y una estructura clara que da la sensación de resultar incuestionable.

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EURORAI (Organización Europea de Tribunales de Cuentas Autonómicos). Seminario en Alicante: «La fiscalización externa de los ingresos públicos»

El 23 de abril tuvo lugar en Alicante un Seminario Internacional sobre «Los órganos de control externo y la fiscalización de los ingresos públicos«, organizado por «EURORAI«, European Organization of Regional Audit Institutions (Organización Europea de Instituciones Regionales de Auditoría).

En dicho Seminario tomamos parte 74 representantes de los diferentes tribunales e instituciones que forman parte de EURORAI, entre otros, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (Herri Kontuen Euskal Epaitegia). También asistieron representantes de la Cámara de Comptos de Navarra, las Sindicaturas de Comptes de Catalunya, Comunitat Valenciana y de les Illes Balears, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Consello de Contas de Galicia, Cámara de Cuentas de Madrid y Audiencia de Cuentas de Canarias, por parte del Estado español.

También participaron representantes de la Cámara de Control de Cuentas de Moscú, Leningrado, Región de Rostov  y Vladimir (Rusia), la Rekenkamer de Rotterdam (Holanda), la Oficina de Auditoría del País de Gales (Reino Unido), de la Corte de Cuentas de la República y Cantón de Ginebra y de la Inspección de Finanzas del Cantón de Valais y Finanzkrontrolle des Kantons Zürich y Wallis (Suiza), de las Cámaras Regionales de Cuentas de Alsacia, Midi-Pyrénées y Alta Normandía (Francia), de la Rechnungshof Baden-Württemberg y Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Landesrechnungshof Brandenburg y Landesrechnungshof  Sachsen-Anhalt (República Federal de Alemania) y otros de Austria, Hungría y otros países.

Es claro que en Europa (en la Unión Europea y en el resto de Europa) convivimos en países de muy diferentes constituciones, organizaciones territoriales y modelos competenciales (creación de nuevos estados recientemente, confederaciones, federaciones, regiones), con distintas sensibilidades en cuanto a los sentimientos de pertenencia y a las ideas de «estado«, «nación«, «región» o «autonomía«. No es lo mismo el modelo de los Lander en Alemania o el de los cantones de Suiza, que el jacobino francés, mucho más centralizado u otros como el ruso o húngaro, más desconocidos en nuestro ámbito.

Ello obliga a matizar mucho cuando se pretende explicar las características (competencias y conflictos) de cada Estado. 

El invitado por parte de la organización para explicar el modelo del Estado español de Tribunales de Cuentas en lo relativo a la fiscalización de los ingresos fue Antonio López Díaz, consejero mayor del Consello de Contas de Galicia.  En su ponencia hizo una introducción de los aspectos competenciales del Estado español en lo que se refiere a los órganos de control externo, diferenciando las competencias del Tribunal de Cuentas (de España) y del resto de órganos autonómicos de fiscalización externa. En este punto de su intervención, presentó a los órganos de control externo de las diferentes autonomías del Estado español como instituciones uniformes, similares. Al menos, así me pareció; en todo caso, no matizó, por lo que, al terminar su exposición, utilicé un turno de preguntas para cuestionar esa primera parte de su intervención y exponer lo que, a mi juicio, no puede eludirse en una exposición del modelo general:

– que la Constitución española no prevé un modelo uniforme  ni de Autonomías, con orígenes y naturaleza diferentes (nacionalidades históricas, territorios forales, territorio común…) y consiguientes niveles competenciales distintos («nacionalidades«, «regiones«, según el art. 2 de la Constitución, «nación» en el Proyecto de Nuevo Estatuto Político del País Vasco de hace unos pocos años que ni siquiera se admitió a trámite,  o en el Nuevo Estatuto de Catalunya, aprobado en los Parlamentos catalán y español refrendado por el pueblo catalán, por lo que está en vigor, pero pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, casi cuatro años más tarde).

– que el Tribunal Constitucional, en su STC 76/1983, de 5 de agosto, aclaró esta cuestión haciendo que el Proyecto de Ley Orgánica y Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA) perdiera todo su contenido uniformizador, convirtiéndola en Ley del Proceso Autonómico (LPA), sin más, negándole su carácter de Ley Orgánica y Armonizadora. El máximo intérprete de la Constitución dice: 

“carece de base constitucional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y diversidad del “status” jurídico público de las Entidades territoriales que lo integran. Sin la primera no habría unidad ni integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las Autonomías”.

Quedó así claro, como explícitamente señaló el Tribunal Constitucional, que no se pueden dictar leyes armonizadoras que suplanten las demás previsiones constitucionales.

– por lo que se refiere a los territorios forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, hay dos cuestiones medulares, que deben ser citadas siempre que se hable de modelo estatal (territorial y competencial): primera, que, en este momento, esos cuatro territorios forman dos Comunidades Autónomas diferentes (País Vasco y Navarra), pero la propia Constitución prevé expresamente, como caso único, la posibilidad de que, si Navarra lo desea y así lo expresa de acuerdo con un procedimiento regulado, se pueda incorporar a la Comunidad Autónoma de Euskadi o Euskal Herria (Disposición Transitoria Cuarta); y, en segundo lugar, que la habilitación competencial para las competencias económico-financieras está en la propia Constitución (Disposición Adicional Primera), lo que no ocurre en ninguna de las demás autonomías.

Una diferente regulación jurídico-competencial en la propia Constitución produce ineludiblemente consecuencias jurídico-políticas que deben ser tenidas en cuenta, siempre que se planteen seminarios que hagan referencia al modelo competencial del Estado español, como el que tuvo lugar en Alicante en el seno de EURORAI.

En el caso del País Vasco, existen tres instituciones singulares: los Conciertos Económicos que, son, prácticamente una soberanía fiscal, el Consejo Vasco de Finanzas, órgano decisor y coordinador de la Institución Común (Gobierno Vasco) y las Forales (Diputaciones Forales) y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, desarrollado en el art. 30 de la Ley de Territorios Históricos, Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, de relación entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (conocida por su siglas, LTH), que atribuye a dicho Tribunal plenas competencias en materias de fiscalización (de ingresos y de gastos) y de jurisdicción contable.

Sé que vivimos tiempos que en muchos sectores mediáticos, políticos, económicos y sociales de España se pretende volver a intentar uniformizar los territorios y sus competencias (el espíritu de la LOAPA sigue vivo), cerrando el modelo autonómico definitivamente: algunos, proponiendo pasos atrás, como la devolución de competencias (Educación, Economía) y otros, más extremistas, proponiendo reformas constitucionales o al menos de las leyes electorales, en nombre de una supuesta «normalización».

Otros creemos que se debe respetar, no ya el ordenamiento jurídico, sino, lo que está más en las entrañas de la democracia, la voluntad mayoritaria de los diferentes pueblos. Recuérdese que, aunque la Constitución española también fue aprobada en el País Vasco, las fuerzas políticas nacionalistas vascas, las moderadas y las radicales, no la apoyaron (el mundo de Batasuna propuso el no, el mundo del PNV, la abstención), lo que produjo, como consecuencia nada baladí, un respaldo algo inferior al 30% del censo al texto constitucional. Compárese este dato con el resto de territorios y se verá que, a cualquier analista neutral y sin prejuicios, le surge, automáticamente,  una duda razonable sobre la legitimidad social (escasa o, más abiertamente, falta de legitimidad social, según quiera entenderse) que, quiérase o no, sigue abierta. También esto debe recordarse.

Recientemente escribí un artículo en la Revista Auditoría Pública sobre estas cuestiones, que reproduzco aquí (AUDITORÍA PÚBLICA)

Resulta paradójico que quienes no estuvimos de acuerdo con el texto constitucional ni lo apoyamos en su día tengamos que recordar su contenido a los olvidadizos.

La lealtad siempre es la mejor de las prácticas entre personas que defienden sus ideas y respetan las de los demás. Entendí y entiendo esta cuestión como fundamental y esta es la razón de mi breve intervención en el Seminario de Alicante de EURORAI.

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