Bizkaia en la Edad Media. Origen y naturaleza jurídico-institucional de los fueros vascos

La investigación defendí el pasado 22 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Simancas de la Universidad de Valladolid ante el Tribunal compuesto por el doctor José María Monsalvo Antón, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Salamanca, presidente; doctor Juan Carlos Martín Cea, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid, secretario, y doctora María Luz Ríos Rodríguez, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela, vocal. Fui dirigido por la doctora María Isabel del Val Valdivieso, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y presidenta de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM). El trabajo mereció la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

A la espera de la próxima edición de un libro, adelanto unas líneas que, a modo de síntesis, explican su contenido:

El trabajo está centrado en el análisis de la controversia que enfrentó a principios del siglo XIX a Llorente, Aranguren y Lerín sobre las características de la relación jurídico-política del señorío de Bizkaia con la corona de Castilla durante la Edad Media y el origen y naturaleza jurídica de los fueros vascos.

Sigue el orden metodológico establecido por Llorente, de manera que la primera parte versará sobre lo que él llama “estado civil antiguo”, la segunda, “origen de los fueros” y la tercera, “apéndices documentales”. Se inicia con una introducción en la que se presenta el contexto general en el que surge la disputa que protagonizaron los tres historiadores. En un primer capítulo se exponen algunas cuestiones generales sobre la historia del territorio vasco en la antigüedad, mientras que el segundo está dedicado a los “papeles de Lerín”. A continuación, en la primera parte se analiza la polémica centrada en el tomo I de la obra de Llorente sobre características de la historia de Bizkaia en la Edad Media. La segunda abarca la cuestión de la naturaleza del régimen foral medieval. Y la tercera se centra en el apéndice documental con el que Llorente cierra su obra. Se concluye con la presentación de las conclusiones y el listado de fuentes y bibliografía.

La investigación pone en comparación, de modo crítico, lo defendido por Llorente, publicado todo ello en los años 1806 y 1808, y la impugnación de Aranguren y Lerín. No es una historia general de Bizkaia ni se pretende ejercer de árbitro en las posiciones divergentes. Se trata de un debate dialéctico desigual en la medida en que Llorente dedicó varios años a elaborar su tesis mientras que tanto Aranguren como Lerín dispusieron de poco más de un año para responder a los primeros tomos de Llorente y, por fallecimiento de ambos, no llegaron a conocer ni, por tanto, pudieron dar su réplica al tomo V de Llorente.

Además de analizar la disputa mencionada, también se pretende aclarar si se dio o no el supuesto plagio por parte de Aranguren a Lerín, sospecha esbozada por varios historiadores, principalmente Arguinzoniz y Delmas, que recogió también Mañaricua, quien decía:

“cuando se hallen los papeles de Lerín podremos ver si dependen de ellos los escritos de Aranguren” .

Aunque se trata de una materia sobradamente conocida en el mundo universitario y académico, a través de las numerosas publicaciones de diferentes autores, la edición de la segunda parte de los trabajos de Aranguren en 1994, y, sobre todo, la aparición de los “papeles” de Lerín y la edición de un libro con su contenido en el año 2015, han suscitado un interés nuevo en la materia para comprobar en qué medida contribuyen al debate con argumentos nuevos o si lo que dicen ya nos era conocido a través de fuentes documentales o de otra naturaleza. El hecho de haberse conocido recientemente lo escrito por Lerín confiere a este trabajo una oportunidad extraordinaria para plantear cuestiones nuevas que puedan servir para posteriores estudios y análisis.

Si bien las tesis defendidas por Llorente son de imposible conciliación con las de Aranguren y Lerín, y viceversa, afortunadamente cada día son más los historiadores y expertos en Historia Medieval y en Historia del Derecho que no adoptan juicios de valor tan polarizados y en algunas cuestiones manifiestan posiciones cercanas a uno u otro y en otras mantienen enfoques propios, sin asumir plenamente uno de los dos puntos de vista.
En nuestro caso, el debate historiográfico estará centrado casi exclusivamente en la opinión de los tres escritores, acompañado, cuando proceda, de opiniones de otros historiadores y geógrafos, sustancialmente clásicos, a fin de comprender la situación de Bizkaia en la Edad Media, sin alejarnos de cómo se entendía a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Para la investigación se utiliza bibliografía y fuentes documentales que aparecen en el apartado correspondiente. También se han tenido en cuenta en ocasiones las fuentes arqueológicas. A lo largo del trabajo se irá exponiendo las opiniones de cada uno de los historiadores, que aparecerán debidamente destacadas y referenciadas.

A PORTADA OFICIAL

 

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El Consulado de Bilbao (1511), y sus competencias legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales en materia mercantil e infraestructuras

Merece la pena recordar la historia de los Consulados (de mar y terrestres) y su relevante papel en la economía y el derecho, privado y público, de cada una de las circunscripciones en que desplegaron sus competencias y actuaciones.

El 21 de julio de 1494, se creaba el Consulado de Burgos por los reyes Fernando e Isabel:

“… damos licencia, poder y facultad y jurisdicción a Prior y Cónsules de los mercaderes de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así como sobre trueques y compras y ventas, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre fletamentos de naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros reinos como fuera de ellos…”.

 

 

En el caso de Bilbao, tenían los mareantes (marinos), maestres de naos y mercaderes su Cofradía, puesta bajo la advocación de Santiago, instituida desde tiempo inmemorial y a imitación de las conocidas en otros pueblos, hasta que  Juan de Ariz, en nombre de un grupo de comerciantes de Bilbao (fiel y diputados de la contratación), solicitó y obtuvo su despacho por medio de Carta real, dada en Sevilla el 22 de junio de 1511. Poco antes se había creado en 1489 la Casa de Contratación de Vizcaya en Brujas.

Su impulso estaba basado en la idea de dotar a los comerciantes organizados de jurisdicción, distinta de la del cuerpo de regidores (esto es, la del ayuntamiento):

“Que en la dicha Villa de tiempo inmemorial a esta parte existían las figuras de fiel y dos diputados, que son un cónsul mayor y dos menores y una Universidad de Mercaderes y Maestres de naos y Tratantes, los cuales se suelen elegir y nombrar por dicha Universidad cada año, de la misma manera como se eligen y nombran prior y cónsules por la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas usadas y guardadas y confirmadas….”.

“Un alegato de los mercaderes de la Villa, en pleito con la Universidad de Burgos a mediados del siglo XV, afirma asimismo que la antigüedad de aquella institución, poniendo la calificación de sus rectores en un privilegio del Rey don Enrique, por el que se les autorizaba para titular a los jueces y mayordomos de su cofradía con un nombre conveniente cual quisieren, y ellos usaron el denominarlos fiel y diputados, “porque así como el uso de los reinos de Castilla y de León es nombrar a sus jueces de mercaderías priores y cónsules, semejantemente el de los países de Vizcaya y de Guipuzcoa es nombrarlos fiel y cónsules“. También son conocidas la absorción de la importancia mercantil de la nación de Vizcaya en Brujas por los mercaderes de Bilbao, sustituyendo con el nombre de la Villa, a finales del siglo XV, la antigua denominación de aquella asociación de negociantes; y las expresiones puestas por el Rey Católico (1504) en la confirmación de las treguas de los osterlines y alemanes con los negociantes de Castilla y de dicha nación de Vizcaya establecidos en los Estados de Flandes, en el cual testimonio se declara que los cónsules de los mareantes de Castilla se llaman “cónsules de Castilla” y los de Vizcaya son nombrados “cónsules de Bilbao“.

Merece la pena recordar el inicio de la carta del rey Fernando:

“Damos licencia y facultad a los Cónsules de la universidad de los capitanes y mercaderes, y maestres de naos, y tratantes de la Villa de Bilbao, que ellos entre sí, cerca del trato de sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática de suso contenida, y capítulos en ella insertos, que fue dada a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos Cónsules y universidad de la dicha Villa de Bilbao… les doy poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades…”

La institución, cuya existencia estaba probada desde “tiempo inmemorial”, pasó entonces a denominarse Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao.

El Consulado de Bilbao, así instituido, emprendió un crecimiento y desarrollo tal que, como afirma Teófilo Guiard y Larrauri, “a los pocos años pudieron sobrepujar en medios y fondos al ayuntamiento que les dio el ser“.

Muy favorecido en la contratación mercantil por el puerto y el empuje de sus gentes, al cabo de unos pocos años, el Consulado de Bilbao desplazó al de Burgos y fue capaz de asumir para sí los privilegios generales otorgados al concejo de Bilbao.

Quedó también instituido el Juzgado de la Contratación de Bilbao, disponiendo de jurisdicción privativa. Fue considerada tan privativa dicha jurisdicción que

“todo recurso a la real Chancillería de Valladolid y a los Consejos de Castilla y de Guerra deberían ser desestimados, mandándose remitir las causas al Juzgado de la Contratación de Bilbao, facultad de jurisdicción reasegurada mayormente por una R.C. dada en Toledo el 8 de octubre de 1560 y otra despachada el 11 de noviembre de 1592”.

Usando de dicha jurisdicción, el Consulado de Bilbao conocía privativamente:

– de todos los pleitos y diferencias entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuantes de compañías, fletamentos de naos, factorías y otros asuntos que se detallan en sus Ordenanzas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1737, el rey Felipe V otorgó una nueva disposición que recogía y ampliaba las competencias del Consulado de Bilbao en relación con su Jurisdicción y con el orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia. En los apartados 6 y 7 se recogen parte de los valores ínsitos en el Consulado de Bilbao:

“En cuando en dicho Consulado deben determinarse los pleitos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados..ni guardar la forma y orden del Derecho…”.

Consolidada la jurisdicción del Consulado por las ejecutorias reales ganadas y afirmado el régimen interno con la sucesión de Ordenanzas particulares y generales promulgadas, el Consulado tomo sobre sí funciones de carácter público, ejecutivo y de policía, como la reparación de los caminos y calzadas de su tráfico, obras y limpieza de la ría y barra y servicio del puerto, posición de boyas, señales en peñas del río, luces, socorro de lanchas-avisos y corsarios que protegiesen el litoral cuando los lances de guerra (véase en la Novísima Recopilación, Tomo Noveno, editada en Madrid, 1850).

Camilo de Villabaso, en su obra “La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada” (1887) afirma, refiriéndose al Consulado de Bilbao, que:

“… sin su existencia en la historia puede dudarse de si esta Villa hubiera alcanzado el grado de actividad mercantil, de riqueza, de vitalidad y del esplendor en el que actualmente la contemplamos…”.

Pedro de Medina, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de España” escribía en 1566 que:

“la villa de Bilbao es pueblo noble, rico, abastado y de mucha calidad porque en esta Villa principalmente se hallan tres cosas con que un pueblo es noblecido, que son asiento de tierra, abundancia de mantenimiento, trato de gentes y mercaderías; todo esto se halla en esta Villa…”.

Mientras que Andrés Poza (el “Licenciado Poza”), decía en 1587 :

“… aquí es gente ilustre y magnífica en su trato; contratación grande; mucha riqueza; hombres y mujeres muy bien tratados….”.

Con todo, una de las aportaciones más universales del Consulado de Bilbao fueron sus conocidas Ordenanzas, en especial, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, auténtico Código de Comercio que estuvo en vigor en diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, y, especialmente, sus principios uniformizadores, dieron al traste con las facultades y actuaciones de los Consulados, hasta que, en 1866 se crearon las Cámaras de Comercio y, en paralelo, nuevos cuerpos para la gestión de los puertos (hoy en día Puertos del Estado), desmembrando en dos instituciones (Cámaras y Puertos) lo que hasta entonces había sido una, y, sobre todo, eliminando las competencias jurisdiccionales y gubernativas.

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Bilbao: fundación por Diego López de Haro, el 15 de junio de 1300

El 15 de junio de 1300 fue fundada, por primera vez, la villa de Bilbao por parte del señor de Vizcaya, Diego López de Haro. Hoy hace 713 años. Un año antes había fundado también la villa de Plencia.

Diez años más tarde, en concreto, el 25 de junio de 1310, volvió a ser fundada la villa por María Díaz de Haro, mediante carta-privilegio similar a la de Diego López, pero sin hacer la más mínima mención a la de su antecesor.

El que Bilbao fuera fundada dos veces tiene una explicación histórica, cuyo origen fue la disputa sobre a quién correspondía el señorío:

– al tío, Diego López de Haro, que había  “tomado” de facto el señorío en el año 1295, tras el asesinato de su hermano Lope Díaz de Haro en Alfaro en 1288 (fue muerto por orden directa del rey de Castilla, Sancho IV), aprovechándose de la situación incierta en cuanto a la titularidad del señorío;

– o a la hija de Lope Díaz, y sobrina de Diego López, María Díaz de Haro, quien tras un acuerdo transaccional con su tío, avalado por las Juntas Generales de Vizcaya, accedió al señorío a la muerte de Diego López de Haro, en 1310 y repitió el acto fundacional.

Debe decirse que Diego López  de Haro pasó la mayor parte de su vida fuera de Vizcaya, territorio del que, a pesar de ser su señor, no dejó nada escrito, por él o por algún cronista,  que acreditara sus actuaciones en beneficio de los vizcainos, o la actividad de las Juntas Generales de Gernika, debiéndonos remitir a lo que los cronistas reales dijeron de él, en su calidad de vasallo de los reyes, no como señor de Vizcaya.

Murió en 1310, en el cerco de Algeciras,  acompañando al rey de Castilla, Fernando IV, en plena actividad militar, guerrera y de conquista, que fue en lo que destacó en su vida, por tierras de Castilla principalmente.

En síntesis, sin perjuicio del positivo impacto económico que tuvo la constitución de Bilbao como villa en el comercio y la actividad naútica, pocas cosas dejó hechas Diego López de Haro por las que tengamos que recordarle y reconocerle los vizcainos.

Por tanto, la celebración de hoy 15 de junio, no es del todo pacífica, ni por el recuerdo de un señor del que se desconoce todo en relación con Bilbao y Vizcaya y por la repetición del acto fundacional de la villa, diez años más tarde, que cuestionaba la legitimidad de la primera fundación por parte de Diego López de Haro.

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“Deberían aparecer escaños vacíos en el Parlamento”

Hace 20 años me hicieron una entrevista en “El País“, cuyo titular es el que cito:

“Deberían aparecer escaños vacíos en el Parlamento“.

Por aquellas fechas (junio de 1993) aún no se conocían movimientos de protesta como “los indignados del 15M“, “stop a los desahucios” y otros; sí existían, aunque de manera incipiente, organizaciones no gubernamentales para la defensa de intereses sectoriales específicos: consumidores, movimientos feministas, asociaciones de barrios  y otros.

Es evidente que, en la actualidad, los partidos políticos sufren un enorme deterioro y están sometidos a una crítica muy adversa desde muchos frentes, en cuanto a representatividad, gestión de las instituciones públicas y poca transparencia en lo que se refiere a financiación,  procesos de selección de candidatos y otras decisiones que tienen que ver con su funcionamiento interno.

Desde la sociedad, desde los medios de comunicación y demás instituciones intermedias se les cuestiona cada vez más.

Es claro que una democracia no puede existir sin partidos políticos que representen a la pluralidad de la sociedad. Los partidos políticos son, por lo tanto, necesarios. Por ello, vaya por delante mi denuncia a determinadas críticas, procedentes de sectores no democráticos, autoritarios o totalitarios, que, con la excusa de criticarlos, lo que pretenden es su desaparición total.

Dicho lo cual, añado  que los partidos políticos, siendo necesarios, no son suficientes para una democracia plena.

Para los ciudadanos, la democracia no puede ni debe reducirse a una votación cada cuatro años, a una lista cerrada y bloqueada, en la mayoría de los casos confeccionada por las cúpulas de los partidos. La democracia participativa no puede aceptar que, después de las elecciones, se tomen todas las decisiones desde dichas cúpulas, la mayor parte de las veces sin tener en cuenta el “contrato social”, los compromisos adquiridos con el programa electoral (peor aún, incluso contra ellos), y combatiendo cualquier iniciativa surgida de la propia sociedad, a las que tildan de heterodoxas y tratan de ignorarlas, deslegitimarlas o acallarlas por todos los medios.

En la situación actual, muchos optan por la abstención; otros por el voto en blanco.

Pues bien, sobre esto opinaba en la entrevista de “El País“, publicada en junio de 1993. Ponía el énfasis en la necesidad de otorgar utilidad a los votos de los ciudadanos, a todos los votos, en sus distintas expresiones, incluida la abstención por motivos políticos.

Partiendo de la existencia de una abstención técnica permanente (20 ó 25% del censo, por ejemplo), hay mucha gente que se abstiene de votar porque no está de acuerdo con ninguno de los partidos que se presentan. Muchos otros, acuden a las urnas, y votan en blanco, en un gesto plenamente democrático, para mostrar que, estando de acuerdo con la democracia, no se sienten representados por ninguna de las opciones políticas.

Son, en definitiva, quienes quieren expresar públicamente que “no nos representan”.

Ambas expresiones populares (abstención política y voto en blanco), extraordinariamente participativas, aunque no guste a algunos, son el reflejo de una realidad.

Sin embargo, en el recuento final, para el reparto de escaños, el sistema electoral vigente no los tiene en cuenta. Sería muy distinto si a la suma de ambas participaciones (repito, abstención política y voto en blanco), se les asignaran los escaños correspondientes y quedaran vacíos. Los fallos del sistema quedarían muy patentes y seguro que tendría consecuencias…

La entrevista que adjunto es de hace 20 años, pero creo que persiste la actualidad de la cuestión y del debate.  Habrá a quien le parezca puro voluntarismo. Está en su derecho.

En la misma línea argumentaba en “La política de otra manera“, libro publicado en 1993, del que adjunto una crítica aparecida en el diario ABC.

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Bermeo y su participación en la “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria” (4 de mayo de 1296) sin ser parte de Castilla

Desde fechas inmemoriales  los vascos han figurado como expertos hombres de mar. Aún cuando se ignora la forma de sus naves prehistóricas, es de suponer que fueran similares a las de otros pueblos marinos, como los atalantes, fenicios, atenienses, cartaginenses o romanos, los escandinavos o normandos. La marina de Bizkaia, “nación aparte”, empezó a ser conocida en tiempo de los López de Haro y destacó en la conquista de Sevilla (1248), en las  sucesivas guerras y treguas con los puertos vecinos, en la pesca de la ballena en las aguas de Terranova y en muchas otras ocasiones en la historia, fueran actividades guerreras, pesqueras o comerciales.

I

Uno de los principales puertos marinos en la Edad Media fue Bermeo.

Don Lope Díaz de Haro y su mujer doña Urraca, le dieron el título de “villa” en 1236. En lo antiguo, cuando hablaban sus representantes en las Juntas de Gernika, los demás se descubrían, llegando a ser denominada como “cabeza de Vizcaya” a finales de la Edad Media.

En 1296, participó en la creación de la “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria“, mediante carta-convenio de 4 de mayo, de los concejos de Santander, Laredo, Castro Urdiales, por parte de Cantabria, Getaria, San Sebastián y Fuenterrabia, por parte de Gipuzkoa (territorio que, siendo Señorío,  estaba ya incorporado a la Corona de Castilla desde 1200); Vitoria (igualmente incorporada a Castilla, no así el resto del territorio alavés, que se incorporó más tarde, en 1332), y por parte de Bizkaia, figura Bermeo, que en dicha fecha era el principal puerto del Señorío de Vizcaya, territorio independiente de Castilla.

Se trata de una agrupación de concejos creada con el fin de establecer normas para la solución de las querellas que pudieran existir entre dichos puertos y, especialmente, para favorecer la prosperidad de su comercio mediante la agrupación de esfuerzos.  Del texto literal del acuerdo se desprende que se trata de una agrupación de concejos para la unión y defensa de intereses comunes sin conocerse permiso ni confirmación de ningún órgano superior a dichos concejos (rey de Castilla, señor de Vizcaya), argumento que podría servir para justificar la presencia de Bermeo en la Hermandad en el libre ejercicio de agruparse con otros concejos para la defensa de intereses comunes. Pero, a mi juicio, no es suficiente.

Sorprende un puerto vizcaino, Bermeo, en una Hermandad que se titula  de la “villas de la Marina de Castilla con Vitoria”, cuando Bermeo, en dicha fecha, formaba parte del Señorío de Vizcaya, no de Castilla.

Esta  contradicción, cuando menos nominalista, no ha sido aclarada por los  historiadores medievalistas a los que he podido leer hasta la fecha. Ignoro si en los archivos municipales de Bermeo (el Diccionario Geográfico-Histórico de la Real Academia de la Historia menciona un incendio ocurrido en 1722 y la consiguiente desaparición de 21 sacos de privilegios y escrituras importantes), o investigadores específicos de Bermeo u otros han desentrañado  esta duda: si Bermeo no era en 1296 villa de Castilla, no parece razonable que figure como parte del conjunto autodenominado “villas de la Marina de Castilla”.

Labayru, uno de los historiadores más rigurosos en relación con la historia de Vizcaya al referirse a la “Hermandad” anota lo siguiente:

• “Para esta fecha, Guipuzcoa era ya señorío y parte de la corona de Castilla, así como Vitoria, aunque con vida política y legislación distinta de la castellana y entraron en la Liga los puertos de las Montañas, dícese con razón en el sello “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla“, sin que este concepto entrañe cosa alguna que implique pugna con la libertad que disfrutó Guipuzcoa”.

Pero no hace la más mínima referencia a la inclusión de Bermeo bajo el epígrafe de “Villas de la Marina de Castilla” (Estanislao Jaime de LABAYRU y GOICOECHEA, Historia General de Bizcaya, Tomo II, 1897,  editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1968, página 262).

Es probable que lo que subrayo no sea tan relevante como para merecer una aclaración desde el punto de vista histórico-jurídico. Incluso es posible que haya sido explicado por investigadores que ignoro. Pero, al menos a mí, la cuestión me parece relevante.

II

A mediados del siglo XIV surge otra vez la posibilidad de abordar de nuevo la cuestión de la Comunidad a la que pertenecían los puertos vizcainos, entre elllos, Bermeo, en base a hechos e información documentada en relación con los conflictos surgidos entre los puertos de la zona cantábrica, en particular desde Santander hasta Bayona y Biarritz.

En efecto, en agosto de 1351 se reunieron en Londres, Juan López de Salcedo representante de Castro Urdiales; Diego Sánchez de Lupardo, con igual encargo de parte de los marinos y navieros de Bermeo y Martín Pérez de Golindano, por Guetaria, con cuatro comisionados por el rey de Inglaterra (Eduardo III) y trataron de llegar a un acuerdo, según el cual se ajustasen treguas y resarciesen daños. Pues bien, los términos del Tratado no dejan lugar a dudas en cuanto a las tres partes intervinientes:

1. gentes de Inglaterra y Gasconia (entonces en poder de Inglaterra),
2. gentes del reino de Castilla (“gentz le dit roy de Castell“), y
3. gentes del “countee de Viscaye“.

Distinción clara y contundente (Castilla por un lado, Vizcaya, por otro) que se reitera a lo largo del articulado del Tratado.

Aclaración que se observa igualmente en el anotador de la “Crónica del rey don Pedro de Castilla” estipulan tregua por veinte años, por mar y por tierra, entre todos los súbditos del Rey de Inglaterra (excepto los de Bayona y Biarritz, que la habían hecho por cuatro años), y los súbditos del Rey de Castilla y del Condado de Bizcaya” (Crónicas de los Reyes de Castilla Don Pedro… con las enmiendas del Secretario Gerónimo Zurita y las correcciones y notas añadidas por Eugenio de Llaguno y Amirola, de la Real Academia de la Historia;  tomo 1.º; el tratado íntegro se puede ver en Gorosabel en la Memoria, pág. 78 y Rimer en su Colección, vid. LABAYRU, op. cit., pág. 362).

III

Sé que se trata de una cuestión muy controvertida lo relativo a las relaciones entre el Señorío de Vizcaya y la Corona de Castilla con anterioridad a 1379, cuando confluyen en la misma persona los títulos de Señor de Vizcaya y Rey de Castilla. Antes de dicha fecha, la controversia sobre la dependencia primitiva de las provincias vascongadas y navarra de los primeros monarcas de Asturias  ha estado y está muy presente entre los historiadores y mundo político, teniendo en cuenta que de una interpretación u otra se deriva el que los derechos originarios, los fueros, provengan de privilegios dados por los reyes o, por el contrario, sean un contrato paccionado, elevado a ley y reconocidos y jurados por los reyes formando parte de las condiciones con las que las provincias vascas se unieron a la Corona de Castilla.

Este breve comentario sobre la situación jurídico-política de Bermeo en 1296 y su presencia en un órgano de cuyo título se desprende  que se le incluye entre las villas de Castilla en una fecha en la que sólo pertenecía al Señorío de Vizcaya es quizás una mera anécdota, pero que abre un camino hacia cuestiones más profundas relativas a la historia medieval, a los orígenes de las relaciones entre unos y otros.

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Anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio: nuevas incertidumbres y más dependencia de la Administración Pública y de las asociaciones empresariales

Ha caído en mis manos un ejemplar del Anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ignoro la situación actual en cuanto al procedimiento de aprobación y entrada en vigor, pero de una simple ojeada del texto se deducen nuevas vueltas de tuerca en relación con la Ley de 1993.

Si se pretendía mejorar la situación en la que quedaron las Cámaras, tras el Real Decreto Ley de 2010, en que se inició el proceso de desmantelamiento de estas instituciones con la eliminación de la adscripción y cuota obligatorias, ahora, con el aparente intento de aclarar su futuro, lo que se está haciendo, de hecho, es crear nuevas incertidumbres.

La Exposición de Motivos adolece de una inadmisible falta de rigor histórico al situar el origen de las Cámaras en el siglo XIX, olvidándose completamente de las “Hermandades” y “Cofradías”,  de los “Gremios”, de las “Universidades de Mercaderes”,  de los “Consulados”, de las Ordenanzas Comerciales, elaboradas en los Consulados por los propios comerciantes, de la jurisdicción mercantil y de tantos antecedentes de las actuales Cámaras de Comercio.

El articulado rezuma por todas partes mayor intervención de la Administración Pública y de las asociaciones empresariales, ignorando que  las Cámaras, si van a seguir siendo Corporaciones de Derecho Público defensoras de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, deben disponer de recursos suficientes para poder desarrollar sus funciones público-administrativas y sus órganos directivos ser elegidos democráticamente en su totalidad. También deben tener claro que representan a las empresas (empresarios y trabajadores), no exclusivamente a los empresarios.

Ni lo uno ni lo otro se garantiza con el texto del Anteproyecto. La definición meramente nominalista como “Corporaciones de Derecho Público” no es suficiente.

La confusión que genera la eliminación del régimen estatutario de su personal,  de las garantías laborales que, de manera transitoria, se establecían en la Ley de 1993, el intervencionismo de la Administración con facultades no sólo de tutela, sino incluso para dar “instrucciones” previas a las Cámaras en materia presupuestaria, la incertidumbre acerca de la titularidad patrimonial en el futuro, son otros aspectos que, a mi juicio, deben analizarse en profundidad y, por quien corresponda (grupos parlamentarios, órganos de las Cámaras, representantes de su personal, etc.),  plantearse textos alternativos.

El Anteproyecto debe ser sustancialmente mejorado, si no se quiere situar a las Cámaras de Comercio en una senda aún más incierta que la actual para su futuro desarrollo.

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Reforma de la Constitución: el referéndum es obligatorio si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras

La reforma del art. 135 de la Constitución Española de 1978, nos ha pillado a todos en plenas vacaciones de agosto.

I

Los argumentos empleados por los políticos no dejan de evidenciar el poco respeto que, en general, tienen por los ciudadanos a los que  representan.  Porque no vale con decir que la crisis no pudo ser prevista hace tres años y medio, ya que, aunque así lo fuera (incluso admitiendo la verosimilitud de la argumentación), los ciudadanos somos mayores de edad y queremos opinar sobre algo que nos va a afectar sustancialmente a medio y largo plazo.

La a todas luces precipitada decisión, que inicia mañana martes el trámite parlamentario, ha sido impulsada por un presidente al que le quedan unos pocos meses de mandato y, por tanto, y sin cuestionar la legalidad, carece a mi juicio de la necesaria legitimidad para una reforma tan seria.

La reforma no figuraba en el programa electoral del PSOE ni del  PP en las elecciones de 2008, por lo que la crítica a la decisión que se va a adoptar exclusivamente por los parlamentarios, adquiere una contundencia y rotundidad insoslayable.

Va a ser votada por unos parlamentarios que se encuentran en situación de provisionalidad, al final de su mandato,  puesto que el 20 de noviembre hay elecciones generales y se renovarán gran parte de los diputados y senadores.

En estas condiciones, ¿es legítimo reformar la Constitución? ¿Es legítimo hacerlo de esta manera?

Desde el punto de vista de la legalidad, la Constitución prevé dos procedimientos básicos para su revisión: 

a) Procedimiento complejo: el que afecta  a la total revisión de la Constitución, o siendo parcial, cuando afecte al Título Preliminar (arts. 1 a 9, ambos inclusive: definición de Estado social y democrático de derecho, autonomía y unidad constitucional, pluralismo lingüístico, bandera y banderas autonómicas, capitalidad, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, fuerzas armadas y guardia civil, valor de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico),  al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I  (derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15 a 29: derecho a la vida, libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y seguridad, derecho al honor, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, libertad de expresión e información, derecho de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública, derechos de reunión, asociación y de participación en los asuntos públicos, derecho a la tutela judicial efectiva, principio de legalidad en materia penal, tribunales de honor, derecho a la educación, libertad sindical y huelga, derecho de petición) o al Título II (La Corona, arts. 56 a 65).

Este procedimiento exige mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su ratificación.

b) Reforma del resto del articulado constitucional.  Incluye la modificación prevista del art. 135 CE.

El proyecto debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no se logra, se intenta por medio de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un nuevo texto para votarse en ambas Cámaras; de no lograrse así la aprobación, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, siempre que hubiese votado a favor la mayoría absoluta del Senado.

La reforma anunciada va a seguir este segundo procedimiento, más simple que el primero.

El pacto logrado por el PSOE y el PP, evidencia que no va a existir ningún problema a la hora de su tramitación.

II

Sin embargo, una décima parte de cualquiera de las Cámaras puede solicitar y lograr el sometimiento a referéndum para su ratificación, siempre que lo haga dentro de los quince días siguientes a su aprobación, de acuerdo con el texto constitucional (art. 167.3 CE).

De ser aprobada la reforma, como es previsible, lo será, con antes he indicado, con muchas dudas e interrogantes desde la democracia, puesto que la reforma, que es sustancial para todos, no formaba parte de ningún programa electoral, ni del PSOE ni del PP ni del resto de partidos; porque será votada en el último Pleno de la legislatura, y, además, por muchos diputados que dentro de tres meses dejarán sus escaños, y, lo que es más relevante, porque afecta al Estado Social de Derecho y al autogobierno de las Comunidades Autónomas, a las que no se les permite tomar parte en la decisión. En el caso de los territorios forales del País Vasco y Navarra, la medida afecta sustancialmente a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que se verá seriamente concernida. 

Y no cabe aducir, como he oido a políticos del PSOE, que en la Constitución sólo se explicita el principio y no las cifras concretas, puesto que el pacto del PSOE y del PP incluye cifras, como ellos mismos han anunciado, en un acuerdo sobre una Ley Orgánica que se aprobará el año 2012.

La previsión constitucional del art. 167.3 CE (necesidad de referéndum si lo pide una décima parte de los Diputados o Senadores) está siendo silenciada por todas las fuerzas políticas, quizás porque creen que no son capaces de reunir 35 firmas de Diputados o, quizás  porque no quieren, lo que sería más grave para el avance hacia una democracia cada vez más participativa.

Incluso dirigentes críticos del PSOE, como Tomás Gómez, por ejemplo,  afirman que no es necesario un referéndum, sino un “debate más profundo”, aunque no nos explica en qué consiste ese debate más profundo (supongo que no será que lo discutan más horas en el Congreso o en el Senado).

Una décima parte de los diputados son 35.

¿No es posible reunirlos para que se celebre un referéndum?

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