Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Política’ Category

Aurresku del alcalde en Begoña

Siendo alcalde de Bilbao, recuperé una tradición con motivo de la fiesta del 15 de agosto, que se celebra en Begoña al comienzo de la Aste Nagusia.

El aurresku es un baile de saludo y de respeto que habitualmente se baila a la Autoridad o a la persona a la que se quiere mostrar un respeto.

La Virgen de Begoña tiene una gran fuerza para todos los vizcainos. Aunque el verdadero día de la Virgen de Begoña es el 11 de octubre, sin embargo, el 15 de agosto es el día de la gran fiesta y se celebra en Begoña. Desde pequeño había sentido un gran respeto por esa tradición. Recuerdo siendo niño, con 8 ó 10 años, cómo bajaban cuadrillas de jóvenes de Gorliz hacia Plencia, donde se les unía más gente con el fin de llegar a Begoña, caminando toda la noche para recorrer los 25 ó 30 Kms. de distancia.

Había oído algo en relación con una vieja costumbre de que la autoridad bailaba un aurresku, precisamente en Begoña. Por más que quise enterarme solo pude descubrir que a principios del siglo XX algún alcalde lo bailaba, pero nada más.

En la explanada situada detrás de la Basílica, tras la misa, solía tener lugar un acto cívico en el que participaban la Banda de Música, la de Txistularis y diversos grupos de danzas. El comienzo del acto, como es habitual en el País Vasco, consistía en un aurresku de honor, bailado por un dantzari.

El 15 de agosto de 1987, recién elegido alcalde de Bilbao, quise dar una interpretación distinta al baile tradicional, acorde con el sistema democrático, que significara que, si bien a lo largo del año, el aurresku se bailaba en honor de las autoridades, una vez al año, coincidiendo con el comienzo de las fiestas, iba a ser la primera autoridad municipal la que lo bailara en honor y respeto del pueblo, mostrando que es el pueblo y no la autoridad, el verdadero titular del poder, que lo ejerce mediante el ejercicio del voto libre. Así lo dejé escrito en mi libro “La política de otra manera” (1993, pág. 104):

Bailo al pueblo de Bilbao, reconociéndole que si tengo autoridad como alcalde es porque es ese mismo pueblo quien me la otorga

Y añadía:

“Le quise dar un significado de acuerdo con la democracia que vivimos. Un alcalde tiene que ser de todos. No sólo de los de su partido. No sólo de los que le han votado. Sino de todos y de todas. Y esa regla debe valer siempre, aunque cueste el cargo. El alcalde representa a toda la ciudad y su trabajo debe servir al interés general de los vecinos y vecinas” (pág. 98).

Así lo hice los años en que tuve el honor de ser alcalde de Bilbao (1987-1990).

La expectación era enorme y debo decir que para bailarlo ante varios centenares de personas que se arremolinaban en la plaza de detrás de la Basílica, había que ensayar duro. Yo lo hice en el ayuntamiento, en la alcaldía, aprendiendo los pasos de Ramón, experto dantzari y de los txistularis Boni y Mikel.

En mi caso, la forma de bailarlo era vestido de chaqué, como entendía que corresponde a la solemnidad del acto, situado en el centro de la plaza, bailándolo solo, sin compañía. Con alguna excepción, los siguientes alcaldes han continuado la tradición, aunque variando algo el modo de la danza, yendo el alcalde el aurreskulari (el bailarín que va por delante, el primero), acompañado de un segundo dantzari, como lo ha hecho el nuevo alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Read Full Post »

I

Enfrascado en una investigación sobre el origen y naturaleza jurídica de los fueros vascos, leía hace poco el libro titulado, Discusión sobre los fueros de las provincias Vascongadas, que recoge lo tratado en una larga sesión del Senado español de junio de 1864.

La reunión estaba prevista para aprobar la Ley de presupuestos, pero, como cuestiones previas, se habían presentado enmiendas de contenido político en relación con los fueros vascos: una, del senador Sánchez Silva y la otra, de varios senadores vascos, entre ellos Egaña y Barroeta Aldamar.

Sánchez Silva exigía que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya “deberán satisfacer puntualmente sus respectivos cupos de contribución territorial, dejando desde luego a cargo del Estado el pago del culto y clero”, mientras el grupo de senadores vascos, por el contrario, pedían que, al final del artículo 11, se añadiera la siguiente cláusula de respeto a los fueros: “… sin que esto altere la observancia de sus Fueros, confirmados por la Ley de 25 de octubre de 1839”.

Las circunstancias políticas eran entonces complicadas para las provincias Vascongadas y Navarra. El conocido como “abrazo de Vergara”, había dado lugar a la Ley de 25 de octubre de 1839, que, en su artículo primero, disponía que “se confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra”, expresión a la que se había añadido en la tramitación parlamentaria una frase que complicaba su interpretación: “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. En el caso de Navarra, la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841.

La Ley incluía un segundo artículo en el que se atribuía al Gobierno, “tan pronto como la oportunidad lo permita”, y “oyendo antes a las provincias Vascongadas y a Navarra”, la facultad de proponer a las Cortes “la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclamen el interés de las mismas conciliado con el general de la nación y la Constitución de la monarquía…”.

La sesión se convirtió en una agria e intensa discusión sobre los fueros: se cuestionaba su origen, contenido, calidad y la conveniencia de mantenerlos o eliminarlos.

Habían pasado 25 años y no se había culminado lo ordenado en el artículo 2.º de la Ley de 1839. Seguía la situación provisional (“se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional”), aun cuando por diversos procedimientos se había ido modificando su contenido. Los cambios se fueron imponiendo sobre la base de la correlación de fuerzas en las Cortes españolas, en las que los representantes vasco-navarros eran minoría y el considerado por la mayoría parlamentaria como “interés general de la nación” se imponía por la vía de hecho o de derecho, ya que esa mayoría juzgaba como más conveniente la unificación legal de todas las provincias y a todos los efectos.

La tesis antiforal acabó muy extendida en el ámbito político y social español y el senador Sánchez Silva no era sino un reflejo de ese ambiente, tal y como asumió él mismo en su disertación parlamentaria, basando el grueso de su argumentación histórica en la obra del canónigo Juan Antonio Llorente (ver foto), Noticias históricas de las tres provincias Vascongadas, principal fundamento intelectual esgrimido en el siglo XIX para la abolición de los fueros vascos.

 

II

El senador Egaña, tras diversas manifestaciones de réplica, hizo una referencia a las fuentes historiográficas que su oponente había utilizado como testimonios irrecusables, diciendo que “la mayor parte de esos libros fueron escritos por cronistas de los reyes con la mejor intención sin duda, pero con un deseo poco favorable a las provincias Vascongadas”.

Se refirió a Juan Antonio Llorente como una de esas fuentes. Egaña no se anduvo por las ramas y dijo: “Este señor fue buscado con mucho empeño por el príncipe de la Paz (Godoy) para que escribiese una obra con el objeto de hacer trizas los fueros de las Provincias”.

Sorprende más lo que apuntó a continuación:

“A poco (Llorente) fue reducido a la emigración por haber seguido el partido francés, y todo el mundo conoce un librito del mismo señor, impreso en Burdeos, deshaciendo la mayor parte de su trabajo antiforal”.

Reseña de un supuesto libro de Llorente, impreso en Burdeos, en el que, según el senador Egaña, el canónigo se retractaba de lo dicho en los cinco tomos de sus Noticias históricas.

La cita quedó sin respuesta.

Cuando le tocó el turno al senador Barroeta Aldamar, éste dijo con contundencia:

“Más tarde el mismo Llorente, estando emigrado, ofreció a las provincias Vascongadas reunir los documentos necesarios para producir una obra que combatiese la que antes había escrito, y no se aceptó la oferta”.

Para fortalecer lo que estaba contando, Barroeta Aldamar añadió, de modo enigmático:

“Señores: hablo con algún conocimiento de causa de lo que sobre esto ocurrió”.

Si se probase que esta información relatada por Barroeta Aldamar ante el pleno del Senado fuere cierta, o si apareciese el libro anunciado por Egaña, la credibilidad de Llorente quedaría muy deteriorada, y, en consecuencia, su obra descalificada.

III

¿SE RETRACTÓ LLORENTE DE SUS TESIS?

Las versiones de los senadores vascos no se acreditaron. Ni la edición del libro en Burdeos ni la oferta de Llorente de escribir un nuevo libro “que combatiese el que antes había escrito”.

Sobre ese supuesto ofrecimiento, Novia de Salcedo se había pronunciado ya y por escrito en 1829, asegurando que:

“el hombre dirigido por innoble fin, con el cambio de circunstancias, se hace traición a sí mismo y mudada la faz de España con los sucesos que tuvieron principio en 1808, sentía ya Llorente pesar de haber aseverado contra las provincias Vascongadas lo contrario de lo que percibía su mente. Revolvía en sí mismo el medio de contradecirse menos indecorosamente y pudiéramos citar testigos respetables de esta disposición de su ánimo explayada en comunicaciones confidenciales; mas no llegó a tener efecto”.

 Antonio de Trueba también intervino en la controversia. En un libro publicado en 1865 daba por cierta la oferta para escribir la retractación, que, según manifestaba, “no se aceptó por un sentimiento de dignidad e hidalguía”, lo que argumentaba en base a la información que le había dado Eulogio de la Torre, que había sido diputado general y a Cortes, quien le aseguró que “tenía pruebas” de que Llorentenos ofreció refutar su propia obra”.

La otra posibilidad de comprobar el giro espectacular de Llorente sería que apareciese ese “librito impreso en Burdeos” al que se refería Egaña.

Mucho tiempo después, en 1996, un erudito de prestigio, Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, reiteraba que:

Juan Antonio Llorente se ofreció, años después, al señorío de Vizcaya para que le editara otro trabajo en el que refutaba gran parte de su obra anterior y hacía la defensa histórica y fuerista de las provincias Vascongadas”,

basándose en el libro de Javier de Ybarra y Bergé, La Casa de Salcedo de Aranguren, editado en 1944.

IV

Ante el respeto que me merecían las opiniones expresadas, hice una consulta por escrito al prestigioso hispanista experto en Llorente, Gérard Dufour, y el 12 de marzo de 2015, me respondía lo siguiente:

“Estimado colega: Juan Antonio Llorente no publicó ningún libro en el cual se desdecía de lo escrito en sus Noticias históricas, ni en español (véase el libro de Aline Vauchelle sobre Les libres en espagnol publiés en France entre 1814 y 1833, Publications de l´Université de Provence, 1985), ni en francés (hace poco tuve la oportunidad de revisar toda la colección de Bibliographie de la France de 1814 a 1830, y no aparece ningún libro de Llorente relativo a las provincias Vascongadas).

No puedo afirmar tan tajantemente que no se dirigió a las autoridades vascas (pero, ¿cuáles?) para cantar la palinodia, pero no tengo ninguna constancia de ello, e incluso me extrañaría en un hombre tan jacobino (en el sentido centralizador). Quedando a su disposición, con un cordial saludo, Gérard Dufour”.

De lo que se desprenden dos asertos: uno tajante, la inexistencia del libro de retractación, impreso en Burdeos, anunciado por Egaña, y un segundo, más matizado, en el sentido que Dufour no cree posible que Llorente se retractara nunca de lo dicho en Noticias históricas, dado su talante “jacobino y centralizador”.

V

BUSCANDO EL LIBRO DE RETRACTACIÓN DE LLORENTE, APARECE LA OBRA DE DOMINGO DE LERÍN

Antes de conocer la respuesta de Dufour, había tratado de localizar el libro de marras, “impreso en Burdeos”, anunciado por Egaña en el que, supuestamente, Llorente se desdecía de lo expresado en Noticias históricas.

No tuve éxito alguno, por más que lo intenté con mucho empeño y por diversas vías.

Al no haber podido averiguar la existencia del libro, ni acreditar la hipotética oferta de Llorente de escribir un libro desdiciéndose de lo dicho antes, ni probarse con argumentos consistentes que se hubiese retractado, sólo quedaba mantener activo el debate de los fueros en los términos en que los que estaba, esto es: origen, historia, calidad y naturaleza jurídico-política.

Y es ahí donde adquiere interés la figura de Fray Domingo de Lerín, ignorada hasta ahora por casi todos los historiadores y políticos, y cuya obra va a poder ser conocida gracias a una reciente iniciativa de las Juntas Generales de Bizkaia.

Read Full Post »

Merece la pena recordar la historia de los Consulados (de mar y terrestres) y su relevante papel en la economía y el derecho, privado y público, de cada una de las circunscripciones en que desplegaron sus competencias y actuaciones.

El 21 de julio de 1494, se creaba el Consulado de Burgos por los reyes Fernando e Isabel:

“… damos licencia, poder y facultad y jurisdicción a Prior y Cónsules de los mercaderes de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así como sobre trueques y compras y ventas, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre fletamentos de naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros reinos como fuera de ellos…”.

 

IMG_1778

 

En el caso de Bilbao, tenían los mareantes (marinos), maestres de naos y mercaderes su Cofradía, puesta bajo la advocación de Santiago, instituida desde tiempo inmemorial y a imitación de las conocidas en otros pueblos, hasta que  Juan de Ariz, en nombre de un grupo de comerciantes de Bilbao (fiel y diputados de la contratación), solicitó y obtuvo su despacho por medio de Carta real, dada en Sevilla el 22 de junio de 1511. Poco antes se había creado en 1489 la Casa de Contratación de Vizcaya en Brujas.

Su impulso estaba basado en la idea de dotar a los comerciantes organizados de jurisdicción, distinta de la del cuerpo de regidores (esto es, la del ayuntamiento):

“Que en la dicha Villa de tiempo inmemorial a esta parte existían las figuras de fiel y dos diputados, que son un cónsul mayor y dos menores y una Universidad de Mercaderes y Maestres de naos y Tratantes, los cuales se suelen elegir y nombrar por dicha Universidad cada año, de la misma manera como se eligen y nombran prior y cónsules por la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas usadas y guardadas y confirmadas….”.

“Un alegato de los mercaderes de la Villa, en pleito con la Universidad de Burgos a mediados del siglo XV, afirma asimismo que la antigüedad de aquella institución, poniendo la calificación de sus rectores en un privilegio del Rey don Enrique, por el que se les autorizaba para titular a los jueces y mayordomos de su cofradía con un nombre conveniente cual quisieren, y ellos usaron el denominarlos fiel y diputados, “porque así como el uso de los reinos de Castilla y de León es nombrar a sus jueces de mercaderías priores y cónsules, semejantemente el de los países de Vizcaya y de Guipuzcoa es nombrarlos fiel y cónsules“. También son conocidas la absorción de la importancia mercantil de la nación de Vizcaya en Brujas por los mercaderes de Bilbao, sustituyendo con el nombre de la Villa, a finales del siglo XV, la antigua denominación de aquella asociación de negociantes; y las expresiones puestas por el Rey Católico (1504) en la confirmación de las treguas de los osterlines y alemanes con los negociantes de Castilla y de dicha nación de Vizcaya establecidos en los Estados de Flandes, en el cual testimonio se declara que los cónsules de los mareantes de Castilla se llaman “cónsules de Castilla” y los de Vizcaya son nombrados “cónsules de Bilbao“.

Merece la pena recordar el inicio de la carta del rey Fernando:

Damos licencia y facultad a los Cónsules de la universidad de los capitanes y mercaderes, y maestres de naos, y tratantes de la Villa de Bilbao, que ellos entre sí, cerca del trato de sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática de suso contenida, y capítulos en ella insertos, que fue dada a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos Cónsules y universidad de la dicha Villa de Bilbao… les doy poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades…”

La institución, cuya existencia estaba probada desde “tiempo inmemorial”, pasó entonces a denominarse Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao.

El Consulado de Bilbao, así instituido, emprendió un crecimiento y desarrollo tal que, como afirma Teófilo Guiard y Larrauri, “a los pocos años pudieron sobrepujar en medios y fondos al ayuntamiento que les dio el ser“.

Muy favorecido en la contratación mercantil por el puerto y el empuje de sus gentes, al cabo de unos pocos años, el Consulado de Bilbao desplazó al de Burgos y fue capaz de asumir para sí los privilegios generales otorgados al concejo de Bilbao.

Quedó también instituido el Juzgado de la Contratación de Bilbao, disponiendo de jurisdicción privativa. Fue considerada tan privativa dicha jurisdicción que

“todo recurso a la real Chancillería de Valladolid y a los Consejos de Castilla y de Guerra deberían ser desestimados, mandándose remitir las causas al Juzgado de la Contratación de Bilbao, facultad de jurisdicción reasegurada mayormente por una R.C. dada en Toledo el 8 de octubre de 1560 y otra despachada el 11 de noviembre de 1592”.

Usando de dicha jurisdicción, el Consulado de Bilbao conocía privativamente:

– de todos los pleitos y diferencias entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuantes de compañías, fletamentos de naos, factorías y otros asuntos que se detallan en sus Ordenanzas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1737, el rey Felipe V otorgó una nueva disposición que recogía y ampliaba las competencias del Consulado de Bilbao en relación con su Jurisdicción y con el orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia. En los apartados 6 y 7 se recogen parte de los valores ínsitos en el Consulado de Bilbao:

“En cuando en dicho Consulado deben determinarse los pleitos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados..ni guardar la forma y orden del Derecho…”.

Consolidada la jurisdicción del Consulado por las ejecutorias reales ganadas y afirmado el régimen interno con la sucesión de Ordenanzas particulares y generales promulgadas, el Consulado tomo sobre sí funciones de carácter público, ejecutivo y de policía, como la reparación de los caminos y calzadas de su tráfico, obras y limpieza de la ría y barra y servicio del puerto, posición de boyas, señales en peñas del río, luces, socorro de lanchas-avisos y corsarios que protegiesen el litoral cuando los lances de guerra (véase en la Novísima Recopilación, Tomo Noveno, editada en Madrid, 1850).

Camilo de Villabaso, en su obra “La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada” (1887) afirma, refiriéndose al Consulado de Bilbao, que:

“… sin su existencia en la historia puede dudarse de si esta Villa hubiera alcanzado el grado de actividad mercantil, de riqueza, de vitalidad y del esplendor en el que actualmente la contemplamos…”.

Pedro de Medina, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de España” escribía en 1566 que:

“la villa de Bilbao es pueblo noble, rico, abastado y de mucha calidad porque en esta Villa principalmente se hallan tres cosas con que un pueblo es noblecido, que son asiento de tierra, abundancia de mantenimiento, trato de gentes y mercaderías; todo esto se halla en esta Villa…”.

Mientras que Andrés Poza (el “Licenciado Poza”), decía en 1587 :

“… aquí es gente ilustre y magnífica en su trato; contratación grande; mucha riqueza; hombres y mujeres muy bien tratados….”.

Con todo, una de las aportaciones más universales del Consulado de Bilbao fueron sus conocidas Ordenanzas, en especial, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, auténtico Código de Comercio que estuvo en vigor en diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, y, especialmente, sus principios uniformizadores, dieron al traste con las facultades y actuaciones de los Consulados, hasta que, en 1866 se crearon las Cámaras de Comercio y, en paralelo, nuevos cuerpos para la gestión de los puertos (hoy en día Puertos del Estado), desmembrando en dos instituciones (Cámaras y Puertos) lo que hasta entonces había sido una, y, sobre todo, eliminando las competencias jurisdiccionales y gubernativas.

Read Full Post »

El 15 de junio de 1300 fue fundada, por primera vez, la villa de Bilbao por parte del señor de Vizcaya, Diego López de Haro. Hoy hace 713 años. Un año antes había fundado también la villa de Plencia.

Diez años más tarde, en concreto, el 25 de junio de 1310, volvió a ser fundada la villa por María Díaz de Haro, mediante carta-privilegio similar a la de Diego López, pero sin hacer la más mínima mención a la de su antecesor.

El que Bilbao fuera fundada dos veces tiene una explicación histórica, cuyo origen fue la disputa sobre a quién correspondía el señorío:

– al tío, Diego López de Haro, que había  “tomado” de facto el señorío en el año 1295, tras el asesinato de su hermano Lope Díaz de Haro en Alfaro en 1288 (fue muerto por orden directa del rey de Castilla, Sancho IV), aprovechándose de la situación incierta en cuanto a la titularidad del señorío;

– o a la hija de Lope Díaz, y sobrina de Diego López, María Díaz de Haro, quien tras un acuerdo transaccional con su tío, avalado por las Juntas Generales de Vizcaya, accedió al señorío a la muerte de Diego López de Haro, en 1310 y repitió el acto fundacional.

Debe decirse que Diego López  de Haro pasó la mayor parte de su vida fuera de Vizcaya, territorio del que, a pesar de ser su señor, no dejó nada escrito, por él o por algún cronista,  que acreditara sus actuaciones en beneficio de los vizcainos, o la actividad de las Juntas Generales de Gernika, debiéndonos remitir a lo que los cronistas reales dijeron de él, en su calidad de vasallo de los reyes, no como señor de Vizcaya.

Murió en 1310, en el cerco de Algeciras,  acompañando al rey de Castilla, Fernando IV, en plena actividad militar, guerrera y de conquista, que fue en lo que destacó en su vida, por tierras de Castilla principalmente.

En síntesis, sin perjuicio del positivo impacto económico que tuvo la constitución de Bilbao como villa en el comercio y la actividad naútica, pocas cosas dejó hechas Diego López de Haro por las que tengamos que recordarle y reconocerle los vizcainos.

Por tanto, la celebración de hoy 15 de junio, no es del todo pacífica, ni por el recuerdo de un señor del que se desconoce todo en relación con Bilbao y Vizcaya y por la repetición del acto fundacional de la villa, diez años más tarde, que cuestionaba la legitimidad de la primera fundación por parte de Diego López de Haro.

IMG_0865

IMG_0772IMG_2156

Read Full Post »

Hace 20 años me hicieron una entrevista en “El País“, cuyo titular es el que cito:

Deberían aparecer escaños vacíos en el Parlamento“.

Por aquellas fechas (junio de 1993) aún no se conocían movimientos de protesta como “los indignados del 15M“, “stop a los desahucios” y otros; sí existían, aunque de manera incipiente, organizaciones no gubernamentales para la defensa de intereses sectoriales específicos: consumidores, movimientos feministas, asociaciones de barrios  y otros.

Es evidente que, en la actualidad, los partidos políticos sufren un enorme deterioro y están sometidos a una crítica muy adversa desde muchos frentes, en cuanto a representatividad, gestión de las instituciones públicas y poca transparencia en lo que se refiere a financiación,  procesos de selección de candidatos y otras decisiones que tienen que ver con su funcionamiento interno.

Desde la sociedad, desde los medios de comunicación y demás instituciones intermedias se les cuestiona cada vez más.

Es claro que una democracia no puede existir sin partidos políticos que representen a la pluralidad de la sociedad. Los partidos políticos son, por lo tanto, necesarios. Por ello, vaya por delante mi denuncia a determinadas críticas, procedentes de sectores no democráticos, autoritarios o totalitarios, que, con la excusa de criticarlos, lo que pretenden es su desaparición total.

Dicho lo cual, añado  que los partidos políticos, siendo necesarios, no son suficientes para una democracia plena.

Para los ciudadanos, la democracia no puede ni debe reducirse a una votación cada cuatro años, a una lista cerrada y bloqueada, en la mayoría de los casos confeccionada por las cúpulas de los partidos. La democracia participativa no puede aceptar que, después de las elecciones, se tomen todas las decisiones desde dichas cúpulas, la mayor parte de las veces sin tener en cuenta el “contrato social”, los compromisos adquiridos con el programa electoral (peor aún, incluso contra ellos), y combatiendo cualquier iniciativa surgida de la propia sociedad, a las que tildan de heterodoxas y tratan de ignorarlas, deslegitimarlas o acallarlas por todos los medios.

En la situación actual, muchos optan por la abstención; otros por el voto en blanco.

Pues bien, sobre esto opinaba en la entrevista de “El País“, publicada en junio de 1993. Ponía el énfasis en la necesidad de otorgar utilidad a los votos de los ciudadanos, a todos los votos, en sus distintas expresiones, incluida la abstención por motivos políticos.

Partiendo de la existencia de una abstención técnica permanente (20 ó 25% del censo, por ejemplo), hay mucha gente que se abstiene de votar porque no está de acuerdo con ninguno de los partidos que se presentan. Muchos otros, acuden a las urnas, y votan en blanco, en un gesto plenamente democrático, para mostrar que, estando de acuerdo con la democracia, no se sienten representados por ninguna de las opciones políticas.

Son, en definitiva, quienes quieren expresar públicamente que “no nos representan”.

Ambas expresiones populares (abstención política y voto en blanco), extraordinariamente participativas, aunque no guste a algunos, son el reflejo de una realidad.

Sin embargo, en el recuento final, para el reparto de escaños, el sistema electoral vigente no los tiene en cuenta. Sería muy distinto si a la suma de ambas participaciones (repito, abstención política y voto en blanco), se les asignaran los escaños correspondientes y quedaran vacíos. Los fallos del sistema quedarían muy patentes y seguro que tendría consecuencias…

La entrevista que adjunto es de hace 20 años, pero creo que persiste la actualidad de la cuestión y del debate.  Habrá a quien le parezca puro voluntarismo. Está en su derecho.

En la misma línea argumentaba en “La política de otra manera“, libro publicado en 1993, del que adjunto una crítica aparecida en el diario ABC.

Read Full Post »

I

Si el Título VIII de la Constitución está dedicado al modelo autonómico, los territorios forales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) disponen de dos especificidades muy relevantes en la propia Constitución. Me refiero a las Disposiciones Adicionales Primera (el amparo y respeto de los denominados “derechos históricos”), y Cuarta (la posibilidad de que Navarra decida incorporarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco).

II

En el caso del País Vasco, como principales logros concretos a partir de las primeras elecciones democráticas de 1977, destacan los Conciertos Económicos, la ertzaintza y los medios de comunicación de titularidad pública.

III

Estos días se está aprobando una reforma constitucional para la estabilidad presupuestaria, mediante un pacto de PP y PSOE, que incluye un acuerdo sobre una futura Ley Orgánica de desarrollo. Acuerdo que no sólo ha “ninguneado” a las Comunidades Autónomas y entes locales, a los partidos políticos nacionalistas (vascos, catalanes, gallegos y canarios), sino que también ha supuesto una ruptura del consenso constitucional (CiU y PCE, firmantes de la Constitución de 1978, han sido excluidos), afecta al Estado Social de Derecho proclamado en la misma Constitución, y concierne a la Disposición Adicional Primera, que, a pesar de que afirma que la Constitución “ampara y respeta” los derechos históricos de los territorios forales (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Comunidad Foral de Navarra), la reforma supone una restricción/delimitación de dichos derechos históricos en las cuestiones relativas a la actividad económica pública y a la fiscalidad.

IV

Tuve la suerte de ser director general de EiTB (radio televisión pública vasca) en los años 1986 y 1987. En aquella época, en base al Estatuto de Autonomía y a la Ley de creación del ente, y reafirmando lo hecho hasta entonces por los equipos que nos precedieron, se establecieron dos fundamentos estratégicos:

1. Se afirmó como prioridad, en la nueva etapa que se iniciaba tras la dictadura, que, frente al monopolio de RTVE, los medios de comunicación públicos vascos trataran, con rigor y profesionalidad, la realidad existente de un País Vasco en construcción, complejo, ciertamente, pero que mayoritariamente estaba a favor del autogobierno, y que no disponía de medios de comunicación de titularidad públicos en su ámbito de decisión

En 1986, los ciudadanos de Euskal Herria se encontraban bajo la influencia de un monopolio televisivo de ámbito estatal, RTVE.

Monopolio no sólo en cuanto a los contenidos (informativos, entretenimiento, etc.), sino respecto al “pastel publicitario” (principal fuente de financiación de RTVE) y a las redes internacionales de retransmisión (Unión Europea de Radiodifusión, UER), con cuotas de audiencia superiores al 95%. RTVE, ente financiado por todos, desconocía la realidad mayoritaria del pueblo vasco: no coincidía ni representaba lo que una mayoría social, sindical y política expresaba, elección tras elección.

Por ello y porque lo permitía el Estatuto de Autonomía de Gernika (art. 19.3: “… el País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa, y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines) surgió ETB-2, con el objetivo nada oculto de acabar con el monopolio informativo de titularidad pública.

Y se creó, a pesar de la rotunda oposición del PSOE, cuyo gobierno de entonces, presidido por Felipe Gonzáleztrató por todos los medios de cerrar el nuevo canal, aunque afortunadamente no lo logró. De lo que, además de la documentación jurídica y mediática, queda constancia en un reportaje en el prestigioso periódico New York Times.

2. Apoyo decisivo y determinante al euskera y a la cultura vasca. Apoyo rotundo, explícito, destacado en la Ley de creación, no sólo testimonial. 

Apoyar una lengua minorizada, ignorada por una gran parte de la población, que había sufrido un larguísimo período de desidia y prohibiciones por parte de las autoridades públicas, no era (ni es), tarea fácil. Se trataba de crear unas infraestructuras inexistentes (doblajes, directores de programas, guionistas, actores, presentadores, comentaristas, etc., y, además, en euskera) para competir, con programas de calidad, con la práctica totalidad de medios de comunicación (públicos y privados) que se expresan en castellano, un idioma que entiende prácticamente el 100% de la audiencia vasca.

El apoyo se traduce en recursos públicos, sustancialmente. No hay otra manera. O se apoya o no se apoya.

 Tras la creación de ETB-2, decidimos priorizar el canal en euskera, concentrando en él los programas infantiles y deportivos, y los mayores recursos económicos, para la elaboración de programas y la creación de una infraestructura cultural sólida en euskera. Pero ello sin olvidar la necesidad de contar con una televisión pública vasca conscientes de que un alto porcentaje de ciudadanos vascos  no tiene, hoy por hoy, la suerte de conocer el euskera.

De ahí surgió Miramón, que tuve el honor de inaugurar como director general en 1986/1987, centro que había sido impulsado por el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, por los consejeros de cultura, Ramón Labayen y Luis María Bandrés Unanue, y por mis antecesores en el cargo, el anterior director general y el director de ETB, Andoni Areizaga y Amatiño, y sus respectivos equipos.

V

Hoy algunos sectores de opinión están hablando de reducir la plantilla, de cerrar Miramón, de recortar los recursos económicos del ente;  el PP intentó reconducir ETB, con la introducción del castellano en ETB-1. Me parece una temeridad y, de llevarse a cabo, un tremendo error, un disparate, que se deberá corregir en el futuro.

Espero que no se lleve a cabo.

Read Full Post »

La reforma del art. 135 de la Constitución Española de 1978, nos ha pillado a todos en plenas vacaciones de agosto.

I

Los argumentos empleados por los políticos no dejan de evidenciar el poco respeto que, en general, tienen por los ciudadanos a los que  representan.  Porque no vale con decir que la crisis no pudo ser prevista hace tres años y medio, ya que, aunque así lo fuera (incluso admitiendo la verosimilitud de la argumentación), los ciudadanos somos mayores de edad y queremos opinar sobre algo que nos va a afectar sustancialmente a medio y largo plazo.

La a todas luces precipitada decisión, que inicia mañana martes el trámite parlamentario, ha sido impulsada por un presidente al que le quedan unos pocos meses de mandato y, por tanto, y sin cuestionar la legalidad, carece a mi juicio de la necesaria legitimidad para una reforma tan seria.

La reforma no figuraba en el programa electoral del PSOE ni del  PP en las elecciones de 2008, por lo que la crítica a la decisión que se va a adoptar exclusivamente por los parlamentarios, adquiere una contundencia y rotundidad insoslayable.

Va a ser votada por unos parlamentarios que se encuentran en situación de provisionalidad, al final de su mandato,  puesto que el 20 de noviembre hay elecciones generales y se renovarán gran parte de los diputados y senadores.

En estas condiciones, ¿es legítimo reformar la Constitución? ¿Es legítimo hacerlo de esta manera?

Desde el punto de vista de la legalidad, la Constitución prevé dos procedimientos básicos para su revisión: 

a) Procedimiento complejo: el que afecta  a la total revisión de la Constitución, o siendo parcial, cuando afecte al Título Preliminar (arts. 1 a 9, ambos inclusive: definición de Estado social y democrático de derecho, autonomía y unidad constitucional, pluralismo lingüístico, bandera y banderas autonómicas, capitalidad, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, fuerzas armadas y guardia civil, valor de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico),  al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I  (derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15 a 29: derecho a la vida, libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y seguridad, derecho al honor, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, libertad de expresión e información, derecho de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública, derechos de reunión, asociación y de participación en los asuntos públicos, derecho a la tutela judicial efectiva, principio de legalidad en materia penal, tribunales de honor, derecho a la educación, libertad sindical y huelga, derecho de petición) o al Título II (La Corona, arts. 56 a 65).

Este procedimiento exige mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su ratificación.

b) Reforma del resto del articulado constitucional.  Incluye la modificación prevista del art. 135 CE.

El proyecto debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no se logra, se intenta por medio de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un nuevo texto para votarse en ambas Cámaras; de no lograrse así la aprobación, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, siempre que hubiese votado a favor la mayoría absoluta del Senado.

La reforma anunciada va a seguir este segundo procedimiento, más simple que el primero.

El pacto logrado por el PSOE y el PP, evidencia que no va a existir ningún problema a la hora de su tramitación.

II

Sin embargo, una décima parte de cualquiera de las Cámaras puede solicitar y lograr el sometimiento a referéndum para su ratificación, siempre que lo haga dentro de los quince días siguientes a su aprobación, de acuerdo con el texto constitucional (art. 167.3 CE).

De ser aprobada la reforma, como es previsible, lo será, con antes he indicado, con muchas dudas e interrogantes desde la democracia, puesto que la reforma, que es sustancial para todos, no formaba parte de ningún programa electoral, ni del PSOE ni del PP ni del resto de partidos; porque será votada en el último Pleno de la legislatura, y, además, por muchos diputados que dentro de tres meses dejarán sus escaños, y, lo que es más relevante, porque afecta al Estado Social de Derecho y al autogobierno de las Comunidades Autónomas, a las que no se les permite tomar parte en la decisión. En el caso de los territorios forales del País Vasco y Navarra, la medida afecta sustancialmente a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que se verá seriamente concernida. 

Y no cabe aducir, como he oido a políticos del PSOE, que en la Constitución sólo se explicita el principio y no las cifras concretas, puesto que el pacto del PSOE y del PP incluye cifras, como ellos mismos han anunciado, en un acuerdo sobre una Ley Orgánica que se aprobará el año 2012.

La previsión constitucional del art. 167.3 CE (necesidad de referéndum si lo pide una décima parte de los Diputados o Senadores) está siendo silenciada por todas las fuerzas políticas, quizás porque creen que no son capaces de reunir 35 firmas de Diputados o, quizás  porque no quieren, lo que sería más grave para el avance hacia una democracia cada vez más participativa.

Incluso dirigentes críticos del PSOE, como Tomás Gómez, por ejemplo,  afirman que no es necesario un referéndum, sino un “debate más profundo”, aunque no nos explica en qué consiste ese debate más profundo (supongo que no será que lo discutan más horas en el Congreso o en el Senado).

Una décima parte de los diputados son 35.

¿No es posible reunirlos para que se celebre un referéndum?

Read Full Post »

Older Posts »