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Archive for the ‘Economía’ Category

Merece la pena recordar la historia de los Consulados (de mar y terrestres) y su relevante papel en la economía y el derecho, privado y público, de cada una de las circunscripciones en que desplegaron sus competencias y actuaciones.

El 21 de julio de 1494, se creaba el Consulado de Burgos por los reyes Fernando e Isabel:

“… damos licencia, poder y facultad y jurisdicción a Prior y Cónsules de los mercaderes de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así como sobre trueques y compras y ventas, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre fletamentos de naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros reinos como fuera de ellos…”.

 

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En el caso de Bilbao, tenían los mareantes (marinos), maestres de naos y mercaderes su Cofradía, puesta bajo la advocación de Santiago, instituida desde tiempo inmemorial y a imitación de las conocidas en otros pueblos, hasta que  Juan de Ariz, en nombre de un grupo de comerciantes de Bilbao (fiel y diputados de la contratación), solicitó y obtuvo su despacho por medio de Carta real, dada en Sevilla el 22 de junio de 1511. Poco antes se había creado en 1489 la Casa de Contratación de Vizcaya en Brujas.

Su impulso estaba basado en la idea de dotar a los comerciantes organizados de jurisdicción, distinta de la del cuerpo de regidores (esto es, la del ayuntamiento):

“Que en la dicha Villa de tiempo inmemorial a esta parte existían las figuras de fiel y dos diputados, que son un cónsul mayor y dos menores y una Universidad de Mercaderes y Maestres de naos y Tratantes, los cuales se suelen elegir y nombrar por dicha Universidad cada año, de la misma manera como se eligen y nombran prior y cónsules por la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas usadas y guardadas y confirmadas….”.

“Un alegato de los mercaderes de la Villa, en pleito con la Universidad de Burgos a mediados del siglo XV, afirma asimismo que la antigüedad de aquella institución, poniendo la calificación de sus rectores en un privilegio del Rey don Enrique, por el que se les autorizaba para titular a los jueces y mayordomos de su cofradía con un nombre conveniente cual quisieren, y ellos usaron el denominarlos fiel y diputados, “porque así como el uso de los reinos de Castilla y de León es nombrar a sus jueces de mercaderías priores y cónsules, semejantemente el de los países de Vizcaya y de Guipuzcoa es nombrarlos fiel y cónsules“. También son conocidas la absorción de la importancia mercantil de la nación de Vizcaya en Brujas por los mercaderes de Bilbao, sustituyendo con el nombre de la Villa, a finales del siglo XV, la antigua denominación de aquella asociación de negociantes; y las expresiones puestas por el Rey Católico (1504) en la confirmación de las treguas de los osterlines y alemanes con los negociantes de Castilla y de dicha nación de Vizcaya establecidos en los Estados de Flandes, en el cual testimonio se declara que los cónsules de los mareantes de Castilla se llaman “cónsules de Castilla” y los de Vizcaya son nombrados “cónsules de Bilbao“.

Merece la pena recordar el inicio de la carta del rey Fernando:

Damos licencia y facultad a los Cónsules de la universidad de los capitanes y mercaderes, y maestres de naos, y tratantes de la Villa de Bilbao, que ellos entre sí, cerca del trato de sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática de suso contenida, y capítulos en ella insertos, que fue dada a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos Cónsules y universidad de la dicha Villa de Bilbao… les doy poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades…”

La institución, cuya existencia estaba probada desde “tiempo inmemorial”, pasó entonces a denominarse Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao.

El Consulado de Bilbao, así instituido, emprendió un crecimiento y desarrollo tal que, como afirma Teófilo Guiard y Larrauri, “a los pocos años pudieron sobrepujar en medios y fondos al ayuntamiento que les dio el ser“.

Muy favorecido en la contratación mercantil por el puerto y el empuje de sus gentes, al cabo de unos pocos años, el Consulado de Bilbao desplazó al de Burgos y fue capaz de asumir para sí los privilegios generales otorgados al concejo de Bilbao.

Quedó también instituido el Juzgado de la Contratación de Bilbao, disponiendo de jurisdicción privativa. Fue considerada tan privativa dicha jurisdicción que

“todo recurso a la real Chancillería de Valladolid y a los Consejos de Castilla y de Guerra deberían ser desestimados, mandándose remitir las causas al Juzgado de la Contratación de Bilbao, facultad de jurisdicción reasegurada mayormente por una R.C. dada en Toledo el 8 de octubre de 1560 y otra despachada el 11 de noviembre de 1592”.

Usando de dicha jurisdicción, el Consulado de Bilbao conocía privativamente:

– de todos los pleitos y diferencias entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuantes de compañías, fletamentos de naos, factorías y otros asuntos que se detallan en sus Ordenanzas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1737, el rey Felipe V otorgó una nueva disposición que recogía y ampliaba las competencias del Consulado de Bilbao en relación con su Jurisdicción y con el orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia. En los apartados 6 y 7 se recogen parte de los valores ínsitos en el Consulado de Bilbao:

“En cuando en dicho Consulado deben determinarse los pleitos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados..ni guardar la forma y orden del Derecho…”.

Consolidada la jurisdicción del Consulado por las ejecutorias reales ganadas y afirmado el régimen interno con la sucesión de Ordenanzas particulares y generales promulgadas, el Consulado tomo sobre sí funciones de carácter público, ejecutivo y de policía, como la reparación de los caminos y calzadas de su tráfico, obras y limpieza de la ría y barra y servicio del puerto, posición de boyas, señales en peñas del río, luces, socorro de lanchas-avisos y corsarios que protegiesen el litoral cuando los lances de guerra (véase en la Novísima Recopilación, Tomo Noveno, editada en Madrid, 1850).

Camilo de Villabaso, en su obra “La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada” (1887) afirma, refiriéndose al Consulado de Bilbao, que:

“… sin su existencia en la historia puede dudarse de si esta Villa hubiera alcanzado el grado de actividad mercantil, de riqueza, de vitalidad y del esplendor en el que actualmente la contemplamos…”.

Pedro de Medina, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de España” escribía en 1566 que:

“la villa de Bilbao es pueblo noble, rico, abastado y de mucha calidad porque en esta Villa principalmente se hallan tres cosas con que un pueblo es noblecido, que son asiento de tierra, abundancia de mantenimiento, trato de gentes y mercaderías; todo esto se halla en esta Villa…”.

Mientras que Andrés Poza (el “Licenciado Poza”), decía en 1587 :

“… aquí es gente ilustre y magnífica en su trato; contratación grande; mucha riqueza; hombres y mujeres muy bien tratados….”.

Con todo, una de las aportaciones más universales del Consulado de Bilbao fueron sus conocidas Ordenanzas, en especial, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, auténtico Código de Comercio que estuvo en vigor en diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, y, especialmente, sus principios uniformizadores, dieron al traste con las facultades y actuaciones de los Consulados, hasta que, en 1866 se crearon las Cámaras de Comercio y, en paralelo, nuevos cuerpos para la gestión de los puertos (hoy en día Puertos del Estado), desmembrando en dos instituciones (Cámaras y Puertos) lo que hasta entonces había sido una, y, sobre todo, eliminando las competencias jurisdiccionales y gubernativas.

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Desde fechas inmemoriales  los vascos han figurado como expertos hombres de mar. Aún cuando se ignora la forma de sus naves prehistóricas, es de suponer que fueran similares a las de otros pueblos marinos, como los atalantes, fenicios, atenienses, cartaginenses o romanos, los escandinavos o normandos. La marina de Bizkaia, “nación aparte”, empezó a ser conocida en tiempo de los López de Haro y destacó en la conquista de Sevilla (1248), en las  sucesivas guerras y treguas con los puertos vecinos, en la pesca de la ballena en las aguas de Terranova y en muchas otras ocasiones en la historia, fueran actividades guerreras, pesqueras o comerciales.

I

Uno de los principales puertos marinos en la Edad Media fue Bermeo.

Bermeo (Bizkaia) inaugura su XIX Arrain Azoka, con una veintena de expositores

Don Lope Díaz de Haro y su mujer doña Urraca, le dieron el título de “villa” en 1236. En lo antiguo, cuando hablaban sus representantes en las Juntas de Gernika, los demás se descubrían, llegando a ser denominada como “cabeza de Vizcaya” a finales de la Edad Media.

En 1296, participó en la creación de la “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria“, mediante carta-convenio de 4 de mayo, de los concejos de Santander, Laredo, Castro Urdiales, por parte de Cantabria, Getaria, San Sebastián y Fuenterrabia, por parte de Gipuzkoa (territorio que, siendo Señorío,  estaba ya incorporado a la Corona de Castilla desde 1200); Vitoria (igualmente incorporada a Castilla, no así el resto del territorio alavés, que se incorporó más tarde, en 1332), y por parte de Bizkaia, figura Bermeo, que en dicha fecha era el principal puerto del Señorío de Vizcaya, territorio independiente de Castilla.

Se trata de una agrupación de concejos creada con el fin de establecer normas para la solución de las querellas que pudieran existir entre dichos puertos y, especialmente, para favorecer la prosperidad de su comercio mediante la agrupación de esfuerzos.  Del texto literal del acuerdo se desprende que se trata de una agrupación de concejos para la unión y defensa de intereses comunes sin conocerse permiso ni confirmación de ningún órgano superior a dichos concejos (rey de Castilla, señor de Vizcaya), argumento que podría servir para justificar la presencia de Bermeo en la Hermandad en el libre ejercicio de agruparse con otros concejos para la defensa de intereses comunes. Pero, a mi juicio, no es suficiente.

Sorprende un puerto vizcaino, Bermeo, en una Hermandad que se titula  de la “villas de la Marina de Castilla con Vitoria”, cuando Bermeo, en dicha fecha, formaba parte del Señorío de Vizcaya, no de Castilla.

Esta  contradicción, cuando menos nominalista, no ha sido aclarada por los  historiadores medievalistas a los que he podido leer hasta la fecha. Ignoro si en los archivos municipales de Bermeo (el Diccionario Geográfico-Histórico de la Real Academia de la Historia menciona un incendio ocurrido en 1722 y la consiguiente desaparición de 21 sacos de privilegios y escrituras importantes), o investigadores específicos de Bermeo u otros han desentrañado  esta duda: si Bermeo no era en 1296 villa de Castilla, no parece razonable que figure como parte del conjunto autodenominado “villas de la Marina de Castilla”.

Labayru, uno de los historiadores más rigurosos en relación con la historia de Vizcaya al referirse a la “Hermandad” anota lo siguiente:

  • “Para esta fecha, Guipuzcoa era ya señorío y parte de la corona de Castilla, así como Vitoria, aunque con vida política y legislación distinta de la castellana y entraron en la Liga los puertos de las Montañas, dícese con razón en el sello “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla“, sin que este concepto entrañe cosa alguna que implique pugna con la libertad que disfrutó Guipuzcoa”.

Pero no hace la más mínima referencia a la inclusión de Bermeo bajo el epígrafe de “Villas de la Marina de Castilla” (Estanislao Jaime de LABAYRU y GOICOECHEA, Historia General de Bizcaya, Tomo II, 1897,  editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1968, página 262).

Es probable que lo que subrayo no sea tan relevante como para merecer una aclaración desde el punto de vista histórico-jurídico. Incluso es posible que haya sido explicado por investigadores que ignoro. Pero, al menos a mí, la cuestión me parece relevante.

II

A mediados del siglo XIV surge otra vez la posibilidad de abordar de nuevo la cuestión de la Comunidad a la que pertenecían los puertos vizcainos, entre elllos, Bermeo, en base a hechos e información documentada en relación con los conflictos surgidos entre los puertos de la zona cantábrica, en particular desde Santander hasta Bayona y Biarritz.

En efecto, en agosto de 1351 se reunieron en Londres, Juan López de Salcedo representante de Castro Urdiales; Diego Sánchez de Lupardo, con igual encargo de parte de los marinos y navieros de Bermeo y Martín Pérez de Golindano, por Guetaria, con cuatro comisionados por el rey de Inglaterra (Eduardo III) y trataron de llegar a un acuerdo, según el cual se ajustasen treguas y resarciesen daños. Pues bien, los términos del Tratado no dejan lugar a dudas en cuanto a las tres partes intervinientes:

  1. gentes de Inglaterra y Gasconia (entonces en poder de Inglaterra),
  2. gentes del reino de Castilla (“gentz le dit roy de Castell“), y
  3. gentes del “countee de Viscaye“.

Distinción clara y contundente (Castilla por un lado, Vizcaya, por otro) que se reitera a lo largo del articulado del Tratado.

Aclaración que se observa igualmente en el anotador de la “Crónica del rey don Pedro de Castilla” estipulan tregua por veinte años, por mar y por tierra, entre todos los súbditos del Rey de Inglaterra (excepto los de Bayona y Biarritz, que la habían hecho por cuatro años), y los súbditos del Rey de Castilla y del Condado de Bizcaya” (Crónicas de los Reyes de Castilla Don Pedro… con las enmiendas del Secretario Gerónimo Zurita y las correcciones y notas añadidas por Eugenio de Llaguno y Amirola, de la Real Academia de la Historia;  tomo 1.º; el tratado íntegro se puede ver en Gorosabel en la Memoria, pág. 78 y Rimer en su Colección, vid. LABAYRU, op. cit., pág. 362).

III

Sé que se trata de una cuestión muy controvertida lo relativo a las relaciones entre el Señorío de Vizcaya y la Corona de Castilla con anterioridad a 1379, cuando confluyen en la misma persona los títulos de Señor de Vizcaya y Rey de Castilla. Antes de dicha fecha, la controversia sobre la dependencia primitiva de las provincias vascongadas y navarra de los primeros monarcas de Asturias  ha estado y está muy presente entre los historiadores y mundo político, teniendo en cuenta que de una interpretación u otra se deriva el que los derechos originarios, los fueros, provengan de privilegios dados por los reyes o, por el contrario, sean un contrato paccionado, elevado a ley y reconocidos y jurados por los reyes formando parte de las condiciones con las que las provincias vascas se unieron a la Corona de Castilla.

Este breve comentario sobre la situación jurídico-política de Bermeo en 1296 y su presencia en un órgano de cuyo título se desprende  que se le incluye entre las villas de Castilla en una fecha en la que sólo pertenecía al Señorío de Vizcaya es quizás una mera anécdota, pero que abre un camino hacia cuestiones más profundas relativas a la historia medieval, a los orígenes de las relaciones entre unos y otros.

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Ha caído en mis manos un ejemplar del Anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ignoro la situación actual en cuanto al procedimiento de aprobación y entrada en vigor, pero de una simple ojeada del texto se deducen nuevas vueltas de tuerca en relación con la Ley de 1993.

Si se pretendía mejorar la situación en la que quedaron las Cámaras, tras el Real Decreto Ley de 2010, en que se inició el proceso de desmantelamiento de estas instituciones con la eliminación de la adscripción y cuota obligatorias, ahora, con el aparente intento de aclarar su futuro, lo que se está haciendo, de hecho, es crear nuevas incertidumbres.

La Exposición de Motivos adolece de una inadmisible falta de rigor histórico al situar el origen de las Cámaras en el siglo XIX, olvidándose completamente de las “Hermandades” y “Cofradías”,  de los “Gremios”, de las “Universidades de Mercaderes”,  de los “Consulados”, de las Ordenanzas Comerciales, elaboradas en los Consulados por los propios comerciantes, de la jurisdicción mercantil y de tantos antecedentes de las actuales Cámaras de Comercio.

El articulado rezuma por todas partes mayor intervención de la Administración Pública y de las asociaciones empresariales, ignorando que  las Cámaras, si van a seguir siendo Corporaciones de Derecho Público defensoras de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, deben disponer de recursos suficientes para poder desarrollar sus funciones público-administrativas y sus órganos directivos ser elegidos democráticamente en su totalidad. También deben tener claro que representan a las empresas (empresarios y trabajadores), no exclusivamente a los empresarios.

Ni lo uno ni lo otro se garantiza con el texto del Anteproyecto. La definición meramente nominalista como “Corporaciones de Derecho Público” no es suficiente.

La confusión que genera la eliminación del régimen estatutario de su personal,  de las garantías laborales que, de manera transitoria, se establecían en la Ley de 1993, el intervencionismo de la Administración con facultades no sólo de tutela, sino incluso para dar “instrucciones” previas a las Cámaras en materia presupuestaria, la incertidumbre acerca de la titularidad patrimonial en el futuro, son otros aspectos que, a mi juicio, deben analizarse en profundidad y, por quien corresponda (grupos parlamentarios, órganos de las Cámaras, representantes de su personal, etc.),  plantearse textos alternativos.

El Anteproyecto debe ser sustancialmente mejorado, si no se quiere situar a las Cámaras de Comercio en una senda aún más incierta que la actual para su futuro desarrollo.

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Iñigo de Oriol e Ibarra, quien fuera presidente de Iberdrola y de la patronal eléctrica Unesa, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y miembro del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, publica en  “El Correo“, hoy 27 de junio, un artículo de decidida defensa y apoyo entusiasta a las Cámaras de Comercio, calificando de “errónea” la reciente “decisión del Gobierno“.

Igualmente, se muestra convencido de que las Cámaras de Comercio, herederas de los Consulados, sabrán continuar el camino iniciado hace muchos años y seguirán prestando servicios a las empresas como lo han venido haciendo desde su fundación.

Por su autor, con una muy larga trayectoria empresarial, así como por el contenido del artículo, recomiendo su lectura. 

Íñigo de  Oriol Ybarra

¡A ver si cunde el ejemplo!

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Estoy convencido que son muy pocos los jóvenes de hoy que tengan una idea clara de lo que fueron los Consulados de mar y terrestres (Burgos, creado en 1494, Bilbao en 1511, Madrid en 1632, San Sebastián en 1682, Barcelona en 1758, Sevilla, donde existía uno antes de 1632, y se estableció un Consulado de mar y tierra en 1784…) y menos aún los que piensen que de su ejecutoria se pueda poner en valor algo en el presente.

Sin embargo, merece la pena recordar su historia y su relevante misión en la economía y el derecho, privado y público, de cada una de las circunscripciones en que desplegaron sus competencias y actuaciones.

I

Un Consulado de mar o terrestre, era una institución público-privada, de composición privada, con facultades de gestión y de polícía, en relación con las infraestructuras marítimas (puertos, rías, practicaje, atraque de buques) o terrestres, el tráfico comercial y, además, con competencias en la legislación mercantil, respondiendo a un modelo jurídico-político descentralizado propio de la época.

El 21 de julio de 1494, en Medina del Campo, se creaba el Consulado de Burgos por los reyes Fernando e Isabel:

“… damos licencia, poder  y facultad y jurisdicción a Prior y Cónsules de los mercaderees de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así como sobre trueques y compras y ventas, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre fletamentos de naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros reinos como fuera de ellos…”.

 En el caso de Bilbao, tenían los mareantes (marinos), maestres de naos y mercaderes su cofradía, puesta bajo la advocación de Santiago, instituida desde tiempo inmemorial y a imitación de las conocidas en otros pueblos, hasta que, tras la creación del Consulado de Burgos en 1494, Juan de Ariz, en nombre de un grupo de comerciantes de Bilbao (fiel y diputados de la contratación), solicitó y obtuvo su despacho por medio de carta real dada en Sevilla el 22 de junio de 1511. Poco antes, y como precedente inmediato,  se había creado en 1489 la Casa de Contratación de Vizcaya en Brujas, que era un auténtico Consulado, a todos los efectos.

Su impulso estaba basado en la idea de crear una nueva jurisdicción, distinta de la entonces existente, la del cuerpo de regidores, esto es, la del ayuntamiento:

“Que en la dicha Villa de tiempo inmemorial a esta parte existían las figuras de fiel y dos diputados, que son un cónsul mayor y dos menores y una Universidad de Mercaderes y Maestres de naos y Tratantes, los cuales se suelen elegir y nombrar por dicha Universidad cada año, de la misma manera como se eligen y nombran prior y cónsules por la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas usadas y guardadas y confirmadas….”.

“Un alegato de los mercaderes de la Villa, en pleito con la Universidad de Burgos a mediados del siglo XV, afirma asimismo que la antigüedad de aquella institución, poniendo la calificación de sus rectores en un privilegio del Rey don Enrique, por el que se les autorizaba para titular a los jueces y mayordomos de su cofradía con un nombre conveniente cual quisieren, y ellos usaron el denominarlos fiel y diputados, “porque así como el uso de los reinos de Castilla y de León es nombrar a sus jueces de mercaderías priores y cónsules, semejantemente el de los países de Vizcaya y de Guipuzcoa es nombrarlos fiel y cónsules“. También son conocidas la absorción de la importancia mercantil de la nación de Vizcaya en Brujas por los mercaderes de Bilbao, sustituyendo con el nombre de la Villa, a finales del siglo XV, la antigua denominación de aquella asociación de negociantes; y las expresiones puestas por el Rey Católico (1504) en la confirmación de las treguas de los osterlines y alemanes con los negociantes de Castilla y de dicha nación de Vizcaya establecidos en los Estados de Flandes, en el cual testimonio se declara que los cónsules de los mareantes de Castilla se llaman “cónsules de Castilla” y los de Vizcaya son nombrados “cónsules de Bilbao“.

Merece la pena recordar el inicio de la carta del rey Fernando:

Damos licencia y facultad a los Cónsules de la universidad de los capitanes y mercaderes, y maestres de naos, y tratantes de la Villa de Bilbao, que ellos entre sí, cerca del trato de sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática de suso contenida, y capítulos en ella insertos, que fue dada a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos Cónsules y universidad de la dicha Villa de Bilbao… les doy poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades…”

La nueva institución legitimada desde “tiempo inmemorial”, pasó a denominarse Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao.

El Consulado de Bilbao, así instituido, emprendió un crecimiento y desarrollo tal que, como afirma Teófilo Guiard y Larrauri, “a los pocos años pudieron sobrepujar en medios y fondos al ayuntamiento que les dio el ser“. Muy favorecido en la contratación mercantil por el puerto y el empuje de sus gentes, al cabo de unos pocos años, el Consulado de Bilbao desplazó al de Burgos y fue capaz de asumir para sí los privilegios generales otorgados al concejo de Bilbao.

Quedó instituido el Juzgado de la Contratación de Bilbao, disponiendo de jurisdicción privativa. Fue considerada tan privativa dicha jurisdicción que

“todo recurso a la real Chancillería de Valladolid y a los Consejos de Castilla y de Guerra deberían ser desestimados, mandándose remitir las causas al Juzgado de la Contratación de Bilbao, facultad de jurisdicción reasegurada mayormente por una R.C. dada en Toledo el 8 de octubre de 1560 y otra despachada el 11 de noviembre de 1592”.

Usando de dicha Jurisdicción, el Consulado de Bilbao conocía privativamente:

– de todos los pleitos y diferencias entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuantes de compañías, fletamentos de naos, factorías y otros asuntos que se detallan en sus Ordenanzas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1737, el rey Felipe V otorgó una nueva disposición que recogía y ampliaba las competencias del Consulado de Bilbao en relación con su Jurisdicción y con el orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia. En los apartados 6 y 7 se recogen parte de los valores ínsitos en el Consulado de Bilbao:

“En cuando en dicho Consulado deben determinarse los pleitos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados..ni guardar la forma y orden del Derecho…”.

Consolidada la jurisdicción del Consulado por las ejecutorias reales ganadas y afirmado el régimen interno con la sucesión de Ordenanzas particulares y generales promulgadas, el Consulado tomo sobre sí funciones de carácter público y ejecutivo y de policía, como la reparación de los caminos y calzadas de su tráfico, obras y limpieza de la ría y barra y servicio del puerto, posición de boyas, señales en peñas del río, luces, socorro de lanchas-avisos y corsarios que protegiesen el litoral cuando los lances de guerra (véase en la Novísima Recopilación, Tomo Noveno, editada en Madrid, 1850).

Camilo de Villabaso, en su obra “La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada” (1887) afirma, refiriéndose al Consulado de Bilbao, que:

“… sin su existencia en la historia puede dudarse de si esta Villa hubiera alcanzado el grado de actividad mercantil, de riqueza, de vitalidad y del esplendor en el que actualmente la contemplamos…”.

El sevillano Pedro de Medina, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de España” escribía en 1566 que:

“la villa de Bilbao es pueblo noble, rico, abastado y de mucha calidad porque en esta Villa principalmente se hallan tres cosas con que un pueblo es noblecido, que son asiento de tierra, abundancia de mantenimiento, trato de gentes y mercaderías; todo esto se halla en esta Villa…”.

Mientras que Andrés Poza (el “Licenciado Poza”), decía en 1587 :

“… aquí es gente ilustre y magnífica en su trato; contratación grande; mucha riqueza; hombres y mujeres muy bien tratados….”.

Con todo, una de las aportaciones más universales del Consulado de Bilbao fueron sus conocidas Ordenanzas, en especial, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, auténtico Código de Comercio que estuvo en vigor en diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, y, especialmente, sus principios uniformizadores, dieron al traste con las facultades y actuaciones de los Consulados, hasta que, en 1866 se crearon las Cámaras de Comercio y, en paralelo, las instituciones de gestión de los puertos, desmembrando en dos instituciones lo que hasta entonces había sido una, y, sobre todo, eliminando las competencias jurisdiccionales y gubernativas.

II

En el verano de 2011, las Cámaras de Comercio, a pesar de estar inmersas en un proceso de modificación sustancial de su naturaleza jurídica tras el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre (cuestión ampliamente tratada en el blog),  deberían reivindicar y afrontar con determinación la defensa de su histórico papel, no sólo desde 1866, sino también como herederas de los Consulados, que ejercieron un poder mercantil descentralizado muy positivo para la economía de la época.

Me temo que, lamentablemente, esto no va a ser así.

Ni siquiera en aquellas Cámaras situadas en los territorios que tienen reconocidos constitucionalmente (disposición adicional primera) el amparo y respeto de sus derechos históricos forales (Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) ¿es que no son derechos históricos las competencias públicas ejercidas pacíficamente a lo largo de varios siglos por los Consulados?

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I

El 28 de mayo se celebró el 125 aniversario de la constitución de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, primera de las Cámaras de Comercio, creada al amparo del Real Decreto de 9 de abril de 1886.

La conmemoración está teñida de nubarrones, puesto que, como ya lo he comentado en varios posts anteriores, el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, ha modificado sustancialmente la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, aunque, afortunadamente, no ha acabado con ellas.

II

En la actual coyuntura, conviene recordar que las Cámaras, cuyos antecedentes se remontan a la Baja Edad Media, nacieron a partir de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas“, que, sin embargo “han de tener carácter oficial y sus actos no han de ser meramente privados y los poderes públicos han de tener que contar con su concurso“. Serían asociaciones de carácter permanente, con requisitos de pertenencia fijados por la Administración y un amplio catálogo de funciones/competencias.

El Real Decreto de 21 de junio de 1901, amplió sus atribuciones y recursos, calificándolas como “establecimientos públicos“, que “tendrán la representación del comercio y de la industria”.

No obstante, la carencia de recursos fue una constante en los primeros años. Bartolomé Amengual decía en 1910 que “la carencia de recursos privaba a las Cámaras de ejercer las funciones que el Estado les confiara” denunciando que “habían tenido que reducir casi por completo su actividad a proponer, pedir, reclamar actos de Gobierno, esto es, a la esfera propia de las asociaciones privadas“.

Hasta que la Ley de Bases de 29 de junio de 1911, reconoció la pertenencia obligatoria  de todas las empresas, en calidad de electores, y la contribución a su sostenimiento por parte de las empresas con beneficios.

La Ley de Bases de 1911 sobrevivió a todos los  regímenes políticos y la Ley 3/1993, de 22 de marzo, reforzó el papel de las Cámaras como Corporaciones de Derecho público, con funciones de carácter público-administrativo y relevancia constitucional reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 107/1996, de 12 de junio.

Todo ello hasta que el 3 de diciembre de 2010, el Real Decreto Ley 13/2010, olvidándose de la historia y de la relevante misión desempeñada por las Cámaras y los Consulados a lo largo de los siglos, se eliminó la pertenencia obligatoria y del consiguiente pago de cuota alguna, privando a las Cámaras de, al menos, un 50% de su financiación.

III

Fue en Bilbao donde se constituyó la primera Cámara de Comercio, justo un mes y medio  después de publicado el Decreto de 9 de abril de 1886 en la “Gaceta de Madrid“, el plazo exacto y mínimo determinado por dicho Decreto.

Se constituyó una Comisión preparatoria, presidida por Eduardo Aznar, que redactó el Reglamento provisional, elaboró una lista de 538 nombres de comerciantes, industriales, navieros, y capitanes de la marina mercante de altura, se reunieron en Asamblea en el Salón de Actos del Instituto Vizcaino, y se constituyeron como “Cámara de Comercio de Bilbao” el 28 de mayo de 1886, se aprobó el Reglamento, se eligió la primera Junta Directiva, presidida por Pedro T. de Errazquin, y se crearon cuatro Comisiones:

– Comisión de Navegación.

– Comisión de Aduanas y Ferrocarriles.

– Comisión de Industria, Exposiciones y Estadística.

– Comisión de Legislación, Enseñanza y Asuntos Generales.

La cuota que se estableció fue de 5 ptas. al año a pagar por cada asociado.

La Cámara quedó constituida finalmente con 504 asociados y el entonces ministro Montero Ríos publicó una Orden el 14 de junio de 1886, en la que reconocía la constitución de la Cámara y manifestaba a sus componentes que:

“ha visto con sumo agrado y complacencia  la actividad desplegada por los mismos”

y que

“espera confiadamente que así como fueron los primeros de España en formar Cámara, demostrarán en lo sucesivo igual celo, inteligencia y laboriosidad en el desempeño de su cometido, que aquellos de sus antepasados que tanta nombradía adquirieron por su interés en el desarrollo del comercio y por la redacción de sus célebres Ordenanzas, consideradas como uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Para un bilbaino como yo, que ha tenido la suerte de ser Secretario-Director de la Cámara de Comercio de Bilbao, antes y después de ser alcalde de la Villa, es un honor poner de manifiesto lo que hace 125 años reconocía públicamente un ministro de la Reina Regente:

“el celo, la inteligencia y la laboriosidad de los bilbainos”,

junto con una manifestación en relación con las Ordenanzas de Bilbao, consideradas como

 “uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Por ello, apena ver la situación en la que en la actualidad se encuentran las Cámaras, a las que se ha privado del 50% de sus recursos y modificado su naturaleza jurídica, cambiando de modelo y creando una profunda incertidumbre en relación a su futuro.

Espero confiadamente en que los actuales rectores de las Cámaras de Comercio, ahora que se celebra el 125 aniversario del Real Decreto de 1886, que sentó las bases para su constitución (aunque llevaban siglos participando en la defensa de los intereses comunes del comercio, la industria y la navegación por medio de los Consulados y Gremios), sepan estar a la altura de las circunstancias y defender con firmeza y determinación estas instituciones seculares.

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Tras el sorprendente RDLey 13/2010, que modificó la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, vaciando de contenido el art. 52 de la Constitución , en contra del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de 1996,  las Cámaras de Comercio van camino de convertirse efectivamente en meros apéndices de las organizaciones empresariales.

Todo lo cual, entre otras consecuencias, ha forzado la dimisión del anterior presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez-Navarro y, lo que es aún más doloroso, se han iniciado ya expedientes de regulación de empleo y despidos individuales con fórmulas jurídicas diversas que, a mi juicio,  deben ser cuestionadas, en todo caso son controvertibles, dada la naturaleza (de muy difícil definición, por cierto) que aún persiste en las Cámaras, y, especialmente, que los trabajadores de las Cámaras de Comercio que estuvieran en plantilla con anterioridad a la Ley 3/1993, están sujetos a un régimen especial, estatutario, con garantías de inamovilidad y condiciones análogas a las de los funcionarios públicos, y, asimismo, por la necesidad de utilizar los recursos económicos de las Cámaras de acuerdo con la Ley (al menos, habilitación de los créditos correspondientes, con un procedimiento legal, esto es, en su caso, contar con los representantes de los trabajadores y, como mínimo, modificación presupuestaria aprobada por el Pleno y la Administración tutelante).

A partir del 3 de diciembre, me han ido enviando comentarios, que los he ido colgando en el blog.

Hoy recibo nuevos artículos de funcionarios, despedidos o en trámites de despido, que he dado entrada en los lugares sugeridos por quienes me enviaron sus notas. Al objeto de agruparlos, los transcribo a continuación:

– Anónimo dice:

“He trabajado en una  Cámara de Comercio durante más de 34 años. El día 15 de marzo se me notificó mi despido, al igual que a ocho de mis compañeros, pero una de ellas no lo ha aceptado y los ha llevado a juicio, a ver qué tal le saldrá el asunto. Pero lo que no veo justo que nos hayan despedido a nueve personas, y que en el mes de enero se contratara a una Directora Gerente, que, según el Presidente, la han contratado para relanzar la Cámara, pero con el dinero de sus nueve trabajadores. ¿Eso es justo?
Os diré que de todas las personas que han despedido, al menos 7, llevábamos más de 20 años trabajando, y sin embargo contrataron a una persona en el mes de noviembre y a esa no la han despedido ¿Por qué?
También os contaré que en la legislatura 2006-2010, al que eligieron como Tesorero, le pusieron un despacho para ayudar al Contable, pero la sorpresa fue, que cuando se ha terminado su legislatura, el Tesorero se ha quedado como empleado o vete a saber qué, ya que ha continuado en su despacho y con e-amail de la Cámara, creo que este señor está cobrando un sueldo de la Cámara, y sin embargo despiden a trabajadores. Creo que en las Cámaras hay muchos chanchullos y se tendría que investigar a todas las Cámaras para ver a dónde va el dinero realmente; aunque se pasen controles con los censores jurados que pasan todos los años, he vivido durante estos años mucho despilfarro de dinero.
No es justo el despido de los trabajadores de las Cámaras de Comercio, ellos son el motor de las Cámaras y los que dan la cara delante del público cuando van a pagar su cuota y, a veces, nos han llamado hasta ladrones y de todos los insultos.

– Maritere envía un primer comentario en este sentido:

“Os tengo que dar una mala noticia que seguramente muchos de vosotros conocéis.
Fui trabajadora de la Cámara de Comercio y “bebercio” de Salamanca. Me “despidieron” o me robaron mi puesto de trabajo después de estar aguantando a estos individuos fascistas durante 32 años.
Estoy luchando por desenmascarar a estos sujetos aprovechados que viven “a cuerpo de rey” pegándose sus buenas comilonas cargando sus viajes a los gastos de la Cámara, vendiendo sus productos la mayoría de las veces no sirven para nada, paseándose en un Audi pagado con el dinero del contribuyente, es decir, haciendo su negocio particular en la Cámara.
Yo los he denunciado, igual que el despido.
Leeros mi Sentencia en la página del Tribunal Supremo y os quedará claro que las Cámaras no son más que “empresuchas” manipuladas por sinvergüenzas corruptos y en ningún caso son Administraciones Públicas porque, si así fuera, no podrían despedir de forma improcedente, pues se debería aplicar la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ver mi blog, mi lucha seguirá pero mucho me temo que la Ley en España protege al delincuente y al final, como el Camps, se saldrán con la suya y seguirán “mangando” quitándose de encima a los testigos molestos que somos los trabajadores antiguos.
En fin, luchad.
Salud.

– Y en una nota posterior, añade:

“Por favor, publicad mi blog para que los trabajadores de las Cámaras y sus abogados lo lean si tienen que acudir a juicios por despido.
http://comerciantesyempresarios.blogspot.com/
Ver mis sentencias y os daréis cuenta los jueces que tenemos en esta España.

Ése es, pues, el blog que Maritere me pide lo publique.

– Finalmente escribe un tercer comentario, dirigido a “Anónimo”, y, por extensión, a cuantos se encuentren como él, que dice lo siguiente:

“Excompañero:
Léete mis sentencias de la Cámara de Salamanca. Estoy segura que al menos podrás conseguir el despido improcedente.
Si consigues el “improcedente”, dile a tu abogado que no se olvide de citar Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Cuando el despido es declarado improcedente procede la readmisión inmediata. A mí no me lo concedieron pero la justicia es como es, nunca se sabe, al menos te indemnizarán con 45 días por año como a mí.
Por cierto lo tengo denunciado por la vía penal por malversación de fondos públicos.
Bueno y más cosas
Salud.

 Dado el interés del contenido de las experiencias particulares de estas personas, creo que es bueno agruparlas para que, a quien le interese, pueda analizarlas en su conjunto, sin que necesariamente se comparta algunos de los calificativos empleados, debidos sin duda a una situación desesperada.

Como se ve por estas y otras noticias, las Cámaras van avanzando en el camino iniciado de asumir sin rechistar la reforma, y reducir las plantillas con procedimientos varios, algunos de ellos de dudosa legalidad, que son respondidos por los funcionarios de manera individual, lo que, a mi juicio, perjudica al conjunto de los trabajadores de las Cámaras.

Me gustaría poder dar mejores noticias  en relación con el mundo cameral, pero la situación es la que es.

Poco se sabe de la opinión de los Plenos o de las Administraciones autonómicas (con derecho/deber de tutela, no se olvide) en relación con el RDlLey 13/2010 y sus consecuencias más visibles, esto es, los despidos. Lo que, sin duda, resulta descorazonador.

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