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Bizkaia en la Edad Media, obra publicada por Ediciones Beta, está dividida en dos tomos:

Plantea una comparación entre las tesis del canónigo Juan Antonio Llorente (Rincón de Soto, 1756, Madrid, 1823) desarrolladas en sus Noticias históricas de las tres Provincias Vascongadas (1806-1808),  y las respuestas del consultor perpetuo de la Diputación Foral de Bizkaia, Francisco de Aranguren y Sobrado (Barakaldo, 1754, Madrid, 1808) y el  benedictino fray Domingo de Lerín y Clavijo (Cádiz, 1748, San Millán de la Cogolla, 1808), en relación con la historia de Bizkaia y el origen y naturaleza jurídico-constitucional de sus derechos históricos e instituciones forales. La obra de Llorente fue ampliamente difundida y protegida por los poderes públicos, mientras que la censura oficial impidió que la obra de Aranguren se publicara de manera completa hasta el año 1994; por su parte, Lerín ha sido un perfecto desconocido hasta que el año 2015 las Juntas Generales de Bizkaia publicaron Obras de fray Domingo de Lerín y Clavijo, con un  estudio introductorio mío.

I

Bizkaia en la Edad Media es la consecuencia de la investigación que inicié hace algunos años cuando traté de localizar un libro de Llorente, al parecer editado en Francia, en el que, hipotéticamente, se retractaba de sus opiniones recogidas en su obra Noticias históricas. Una segunda versión de los hechos, mantenida por diversos historiadores y autoridades vizcaínas, sostenía que Llorente, con posterioridad a la publicación de dicha obra, se había ofrecido al señorío de Bizkaia para, previo pago, redactar un nuevo libro de retractación de sus Noticias históricas.

A lo largo de estos años no he localizado el supuesto libro de retractación ni he podido acreditar que hiciera un ofrecimiento expreso para desautorizarse a sí mismo. Sin embargo, fruto de las innumerables pesquisas y averiguaciones tras las pistas de las dos líneas de investigación citadas en torno a la obra de Llorente, tuve conocimiento casual de la existencia de unos manuscritos del depositados en el monasterio de San Millán. Con el material, el año 2015 se editó el libro, Obras de fray Domingo de Lerín y Clavijo antes mencionado.

Por otra parte, el año 1994, el servicio editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, publicó la obra de Francisco de Aranguren y Sobrado (Barakaldo, 1754, Madrid, 1808), Demostración de las autoridades de que se vale el doctor don Juan Antonio Llorente, edición de los profesores Portillo y Viejo, que incluye la obra completa de Aranguren, generando una ocasión propicia para comparar y cotejar las versiones de los tres escritores coetáneos.

Los trances centrales de la polémica tuvieron lugar entre los años 1806 y 1808. Desde las fechas en las que tanto Aranguren como Lerín conocieron los textos de Llorente (1806-1807) hasta que redactaron sus trabajos (1807-1808) transcurrió poco más de un año y, además, ambos fallecieron el año 1808 (Aranguren en julio, Lerín en noviembre). Ello les impidió estudiar y replicar con suficiente tiempo y sosiego a Llorente, que había dedicado más de 10 años a construir su tesis.

II

El tomo I del libro es una comparación crítica y sistemática entre la tesis de Llorente y las respuestas de Aranguren y Lerín, en relación con la historia de Bizkaia y el tomo II se centra en el origen y naturaleza jurídico-constitucional de sus derechos históricos.

En el desarrollo del debate se sigue el orden establecido por Llorente: la primera parte versa sobre lo que él llama “estado civil antiguo”, la segunda, “origen de los fueros” y la tercera, “apéndices documentales”. Se inicia con una introducción en la que se presenta el contexto general en el que surge la disputa que protagonizaron los tres historiadores. En un primer capítulo se exponen algunas cuestiones generales sobre la Historia del País Vasco o Euskal Herria en la antigüedad, mientras que el segundo está dedicado a los “papeles de Lerín”. A continuación, en la primera parte se analiza la polémica centrada en el tomo I de la obra de Llorente sobre características de la historia de Bizkaia en la Edad Media. La segunda abarca la cuestión de la historia y naturaleza jurídico-constitucional de los derechos históricos y del régimen foral. Y la tercera se centra en el apéndice documental, la presentación de las conclusiones y el listado de fuentes y bibliografía.

III

A modo de conclusiones, se deben diferenciar dos aspectos: en cuanto a la documentación empleada para la fundamentación de las posiciones de cada uno, se hace un análisis muy pormenorizado de los apéndices documentales aportados por Llorente y se detecta, y acredita, la existencia de interpolaciones y manipulaciones arbitrarias del canónigo en varios textos relevantes, como es el caso del documento de ingenuidad del rey don García de Navarra de 30 de enero de 1051, sobre el que incluso se cuestiona su autenticidad, cuya copia está en el archivo de la catedral de Calahorra o los documentos del arbitraje del rey de Inglaterra entre Castilla y Navarra (1176-1179) entre otros muchos.

Las posiciones son difícilmente reconciliables. Llorente defiende que las Provincias Vascongadas siempre estuvieron sujetas a los reyes de Asturias, León, Castilla o Navarra y, por tanto sus fueros y cuantas prerrogativas gozaron los vascongados eran consecuencia de gracias y mercedes hechas por los reyes, mientras que Aranguren y Lerín sostienen todo lo contrario, esto es, los señores eran soberanos de Bizkaia, calificado por los historiadores clásicos como territorio aparte, y desempeñaban al mismo tiempo el papel de vasallos de los reyes en territorios de fuera de Bizkaia por las tenencias, encomendaciones o mandaciones.

Por lo que respeta al ordenamiento jurídico, Llorente niega la singularidad de Bizkaia y la existencia de pactos entre los vizcaínos y los señores. Bizkaia nunca tuvo leyes propias, los vizcaínos se gobernaron por las leyes de los romanos, godos, asturianos, leoneses, castellanos y navarros, sucesivamente, y se pagaban pechos y tributos como en Castilla. Para Aranguren, los vizcaínos siempre tuvieron leyes propias, bien un ordenamiento jurídico no formulado basado en usos y costumbres, bien ordenamientos escritos (cartas de fundación de las villas otorgadas por los señores, no por los reyes, el cuaderno de Juan Núñez de 1342, la Hermandad de Gonzalo Moro de 1394 y el Fuero Viejo de 1452 y el Fuero de 1526). Los vizcaínos eran todos hijosdalgo y dispusieron de tribunal propio y exclusivo para resolver las cuestiones de vizcainías (Sala de Vizcaya de la Real Chancillería de Valladolid); eran libres y exentos, quitos y franqueados de todo pedido, servicio, moneda y alcabala. Lerín defiende que el señorío de Bizkaia fue estado soberano e independiente y su jefe o señor ejercía todas las facultades, preeminencias y jurisdicciones en calidad de soberano.

IV

A modo de cierre, se debe tener en cuenta que los acontecimientos a los que se refiere la investigación tienen lugar en época feudal, por lo que resulta de imposible o muy difícil encaje tratar de explicarlos con los valores actuales; de ahí que se plantean dudas interpretativas en cuanto a la legitimidad de las confiscaciones o tomas del poder del territorio de Bizkaia en diversos momento de la Historia: Llorente lo justifica por la soberanía real, mientras que Aranguren y Lerín lo achacan a situaciones de fuerza que no generan ningún derecho.

El hecho de haberse conocido recientemente lo escrito por Lerín (2015) confiere a la obra Bizkaia en la Edad Media un valor adicional y es motivo suficiente para suscitar el interés de otros investigadores, una oportunidad para plantear nuevas aportaciones o nuevos enfoques.

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Principios del siglo XIX. Tras la publicación de las Noticias históricas de las tres provincias Vascongadas  del canónigo Juan Antonio Llorente en 1806 y 1807 (4 tomos), con el objetivo de preparar y fundamentar la abolición de los fueros vascos por parte del gobierno de Godoy, se encendieron todas las alarmas en el País Vasco, pues parecía inminente la abolición.

En el caso de Bizkaia, desengañados de la actuación e intenciones del gobierno de Madrid, las autoridades forales se pusieron a escrutar a intelectuales e historiadores que pudieran impugnar los argumentos histórico-jurídicos de Llorente y justificar la validez y calidad de los fueros. Se fijaron en Francisco Aranguren y Sobrado, consultor perpetuo del Señorío; Colón de Larreategui, antiguo corregidor, y en el benedictino fray Domingo de Lerín y Clavijo (que no era vizcaíno como lo creyeron todos los historiadores, incluido Mañaricua, sino que había nacido en Cádiz). Colón de Larreategui se excusó.

Aranguren y Sobrado, tras vencer obstáculos administrativos, logró publicar en 1807 su obra, Demostración del sentido verdadero de las autoridades de que se vale el doctor don Juan Antonio Llorente, réplica al primer tomo de Llorente, quien a su vez contestó a Aranguren, con un quinto tomo de sus Noticias históricas, publicado en 1808, que quedó sin respuesta porque tanto Aranguren como Lerín fallecieron dicho año.

Por otra parte, los diputados generales dirigieron una carta al benedictino fray Domingo de Lerín el 30 de junio de 1807, en la que le solicitaban su colaboración para defender los fueros que estaban siendo atacados, “con la envidia disfrazada con los intereses de la felicidad común”. Lerín, benedictino en San Millán de la Cogolla, contestó no solo que aceptaba el encargo sino que, además, sospechando que se le iba a llamar, había adelantado parte del trabajo con diversas notas.
Lerín también mantuvo correspondencia con Aranguren. En carta de 22 de abril le animaba a que publicara su segundo tomo:

“No dudo que ya no será necesario ventilar los fueros en juicio; los que quedarán comprobados en el hecho de jurarlos nuestro amado monarca y se lo recelará nuestro antagonista (LLorente) y acaso vistas las cosas mudadas se detendrá en publicar el cuarto tomo, que hace cinco meses ofreció; por lo mismo soy de parecer que urge diese Vd. cuanto antes al público su segundo tomo , para satisfacción de este que ha leído la obra de Llorente y también para hacerle vomitar todo cuanto tiene recogido y podamos saber de una vez el repuesto general de sus armas. Téngolo por muy conveniente” .

Poco antes, Lerín había expresado a Aranguren su confianza en que

“si el señor Jovellanos lee con reflexión cuanto hay escrito, y puede aumentarse, contra lo escrito por Llorente, no dudo mude de dictamen”.

Los hechos no dieron la razón a Lerín, porque no se conoce que Jovellanos “mudara de dictamen”, sino mas bien al contrario.
El benedictino añadía que:

“… si yo fuese un hombre que pudiese disponer de mi persona, con el acceso que puedo prometerme de dicho señor (pues hay motivos) yo le haría ver con razones y con mis mamotretos o papeles lo contrario; pero amigo, soy un pobre religioso colocado en un rincón y sin libertad para el caso” .

Lerín mostraba optimismo en el éxito de la respuesta a Llorente, pues disponía de información abundante y criterio sólido, pero también reconocía sus limitaciones y sus miedos.

Lerín hizo su trabajo y, supuestamente, entregó el original a los rectores de la Diputación Foral. Sin embargo, el hecho es que dicho documento no aparece a día de hoy en los archivos forales. El ilustre historiador Andrés de Mañaricua lo desconocía el año 1975 como lo reconoce explícitamente en su principal obra, Historiografía de Vizcaya.
Además, al no poderse leer lo escrito por Lerín, surgió la duda, extendida entre os historiadores, de que Aranguren pudo haber plagiado a Lerín. Uno de los que lo sospechó fue Arguinzoniz, como se verá a continuación.

II

Antonio M. de Arguinzoniz (1844-1891) quiso dar a conocer y popularizar la figura de Lerín. Había comentado a su amigo, el historiador Carmelo Echegaray, que:

“tenía el propósito de dar a luz unos apuntes críticos escritos por Lerín, en contra de Llorente y sus impugnadores, con el principal objetivo de dar a conocer al benedictino Lerín, quien, por encargo de la diputación de Vizcaya, escribió cuatro cuadernos, que sirvieron al consultor Aranguren para su obra”.

Dolía a Arguinzoniz que “el nombre de fray Domingo de Lerín yaciera sepultado en profundo olvido”.
Con estas palabras dichas a Echegaray, Arguinzoniz sembró la duda, pues podría pensarse que Aranguren había utilizado los trabajos de Lerín sin citar la procedencia, o dicho de otra manera, parecía que Arguinzoniz acusaba de plagio a Aranguren.
Una cosa es que Aranguren y Lerín tuvieran relación, lo que es obvio, porque ambos habían recibido el encargo de la Diputación para impugnar las tesis de Llorente y se carteaban, como se ha visto, pero otra bien distinta es la acusación de plagio.

En sus confidencias a Echegaray, Arguinzoniz da una explicación que podría justificar el oscuro papel de Lerín. Según Echegaray, debido a “causas que honraban su delicadeza moral y que no me parece discreto revelar, le habían detenido (a Arguinzoniz) en su afán de popularizar la figura de un hombre, a quien todos los euskaldunas somos deudores de sincera gratitud” . Dicho con más claridad, que “Aranguren no citó al hasta hoy casi ignorado religioso por expresa voluntad de este que, sin duda, temía las iras de Godoy”.

Fidel de Sagarminaga niega la existencia de plagio, al menos por lo que se refiere al primer volumen de Aranguren, pues constata que “la cooperación del padre Lerín no pudo ser utilizada por Aranguren en el primer tomo que publicó en Madrid en 1807, según se acredita por el memorial que este dirigió al Señorío desde Madrid el 13 de agosto de dicho año 1807, acompañando doscientos ejemplares de su primer tomo”.

Mañaricua sigue la tesis de Sagarminaga, aunque, con prudencia, agrega:

“Aranguren y Lerín mantuvieron correspondencia y solamente cuando se hallen los papeles del padre Lerín podremos ver si dependen de ellos los escritos de Aranguren” .

Afortunadamente, recientemente se ha podido localizar una copia de los “papeles de Lerín” en el archivo de San Millán de la Cogolla. Previa transcripción, se editó un libro en el año 2015 por parte de las Juntas Generales de Bizkaia.

De ahí que ahora ya se pueda conocer y examinar lo que escribió el benedictino gaditano, con la aclaración de que el libro proviene de una copia de los textos de Lerín, al no poderse conocerse el original, desaparecido.

Acerca de Lerín, su currículo y sus trabajos, me referiré en otra entrada.

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El canónigo Juan Antonio Llorente (Rincón de Soto, 1756, Madrid, 1823) fue el autor intelectual que sirvió de base al poder para la abolición de los fueros vascos. Está acreditado.

Uno de los documentos fundamentales de que se sirvió para argumentar la no soberanía de Bizkaia, sino su subordinación a otros territorios (Asturias, León, Castilla, Navarra…), es este de 30 de enero de 1051, del rey don García de Nájera:

IMG_0620 (2)Si lo acercamos un poco más, aunque está escrito en latín, se puede leer.

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El documento transcrito está en el archivo catedralicio y diocesano de la catedral de Calahorra (la foto la hice en la sala de lectura), precisamente en el archivo del que Llorente fue responsable varios años a finales del siglo XVIII, por lo que las interpolaciones que hizo al documento no tienen justificación alguna. Veamos:

  1. No es un documento original, sino una copia, admitido hoy por la generalidad de historiadores y expertos. Llorente lo consideró simuladamente como original en sus tomos I y II, pero finalmente tuvo que reconocer que se trata de una copia escrita a finales del siglo XII o siglo XIII.
  2. En el documento, refiriéndose al señor de Bizkaia, figura: “qui est dux” (2ª línea). Llorente lo manipula de manera arbitraria, sin explicación y escribe: “qui est rector“, con lo que minimiza la categoría de Iñigo López.
  3. En el documento, refiriéndose a las costumbres de la época se puede leer “quod usualem habebant” (4ª línea). Aquí también y de forma arbitraria, Llorente modifica y escribe en su lugar “malo foro“, expresión que no figura en ningún sitio, pero que le servía para demostrar, supuestamente, que se trataba de un fuero dado a Bizkaia por alguien ajeno al señorío, lo que, a su juicio, evidenciaba la falta de soberanía de Bizkaia.
  4. Hoy se debate sobre la autenticidad o falsedad del documento. Algunos (entre otros, Fortún Pérez de Ciriza) lo consideran falso; otros (Juan José Larrea) entienden que es una copia de documento auténtico.

Demasiadas irregularidades e incertidumbres para basarse en el documento para acreditar la no soberanía de Bizkaia.

En el libro que he escrito como consecuencia  de la tesis doctoral que leí en la Universidad de Valladolid el pasado 22 de junio, que espero pueda publicarse próximamente, se aportan y explican, con más detalle y fundamentos, este y otros documentos que Llorente interpoló en sus “Noticias históricas de las tres provincias Vascongadas“.

 

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La investigación defendí el pasado 22 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Simancas de la Universidad de Valladolid ante el Tribunal compuesto por el doctor José María Monsalvo Antón, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Salamanca, presidente; doctor Juan Carlos Martín Cea, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid, secretario, y doctora María Luz Ríos Rodríguez, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela, vocal. Fui dirigido por la doctora María Isabel del Val Valdivieso, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y presidenta de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM). El trabajo mereció la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

A la espera de la próxima edición de un libro, adelanto unas líneas que, a modo de síntesis, explican su contenido:

El trabajo está centrado en el análisis de la controversia que enfrentó a principios del siglo XIX a Llorente, Aranguren y Lerín sobre las características de la relación jurídico-política del señorío de Bizkaia con la corona de Castilla durante la Edad Media y el origen y naturaleza jurídica de los fueros vascos.

Sigue el orden metodológico establecido por Llorente, de manera que la primera parte versará sobre lo que él llama “estado civil antiguo”, la segunda, “origen de los fueros” y la tercera, “apéndices documentales”. Se inicia con una introducción en la que se presenta el contexto general en el que surge la disputa que protagonizaron los tres historiadores. En un primer capítulo se exponen algunas cuestiones generales sobre la historia del territorio vasco en la antigüedad, mientras que el segundo está dedicado a los “papeles de Lerín”. A continuación, en la primera parte se analiza la polémica centrada en el tomo I de la obra de Llorente sobre características de la historia de Bizkaia en la Edad Media. La segunda abarca la cuestión de la naturaleza del régimen foral medieval. Y la tercera se centra en el apéndice documental con el que Llorente cierra su obra. Se concluye con la presentación de las conclusiones y el listado de fuentes y bibliografía.

La investigación pone en comparación, de modo crítico, lo defendido por Llorente, publicado todo ello en los años 1806 y 1808, y la impugnación de Aranguren y Lerín. No es una historia general de Bizkaia ni se pretende ejercer de árbitro en las posiciones divergentes. Se trata de un debate dialéctico desigual en la medida en que Llorente dedicó varios años a elaborar su tesis mientras que tanto Aranguren como Lerín dispusieron de poco más de un año para responder a los primeros tomos de Llorente y, por fallecimiento de ambos, no llegaron a conocer ni, por tanto, pudieron dar su réplica al tomo V de Llorente.

Además de analizar la disputa mencionada, también se pretende aclarar si se dio o no el supuesto plagio por parte de Aranguren a Lerín, sospecha esbozada por varios historiadores, principalmente Arguinzoniz y Delmas, que recogió también Mañaricua, quien decía:

“cuando se hallen los papeles de Lerín podremos ver si dependen de ellos los escritos de Aranguren” .

Aunque se trata de una materia sobradamente conocida en el mundo universitario y académico, a través de las numerosas publicaciones de diferentes autores, la edición de la segunda parte de los trabajos de Aranguren en 1994, y, sobre todo, la aparición de los “papeles” de Lerín y la edición de un libro con su contenido en el año 2015, han suscitado un interés nuevo en la materia para comprobar en qué medida contribuyen al debate con argumentos nuevos o si lo que dicen ya nos era conocido a través de fuentes documentales o de otra naturaleza. El hecho de haberse conocido recientemente lo escrito por Lerín confiere a este trabajo una oportunidad extraordinaria para plantear cuestiones nuevas que puedan servir para posteriores estudios y análisis.

Si bien las tesis defendidas por Llorente son de imposible conciliación con las de Aranguren y Lerín, y viceversa, afortunadamente cada día son más los historiadores y expertos en Historia Medieval y en Historia del Derecho que no adoptan juicios de valor tan polarizados y en algunas cuestiones manifiestan posiciones cercanas a uno u otro y en otras mantienen enfoques propios, sin asumir plenamente uno de los dos puntos de vista.
En nuestro caso, el debate historiográfico estará centrado casi exclusivamente en la opinión de los tres escritores, acompañado, cuando proceda, de opiniones de otros historiadores y geógrafos, sustancialmente clásicos, a fin de comprender la situación de Bizkaia en la Edad Media, sin alejarnos de cómo se entendía a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Para la investigación se utiliza bibliografía y fuentes documentales que aparecen en el apartado correspondiente. También se han tenido en cuenta en ocasiones las fuentes arqueológicas. A lo largo del trabajo se irá exponiendo las opiniones de cada uno de los historiadores, que aparecerán debidamente destacadas y referenciadas.

A PORTADA OFICIAL

 

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Aurresku del alcalde en Begoña

Siendo alcalde de Bilbao, recuperé una tradición con motivo de la fiesta del 15 de agosto, que se celebra en Begoña al comienzo de la Aste Nagusia.

El aurresku es un baile de saludo y de respeto que habitualmente se baila a la Autoridad o a la persona a la que se quiere mostrar un respeto.

La Virgen de Begoña tiene una gran fuerza para todos los vizcainos. Aunque el verdadero día de la Virgen de Begoña es el 11 de octubre, sin embargo, el 15 de agosto es el día de la gran fiesta y se celebra en Begoña. Desde pequeño había sentido un gran respeto por esa tradición. Recuerdo siendo niño, con 8 ó 10 años, cómo bajaban cuadrillas de jóvenes de Gorliz hacia Plencia, donde se les unía más gente con el fin de llegar a Begoña, caminando toda la noche para recorrer los 25 ó 30 Kms. de distancia.

Había oído algo en relación con una vieja costumbre de que la autoridad bailaba un aurresku, precisamente en Begoña. Por más que quise enterarme solo pude descubrir que a principios del siglo XX algún alcalde lo bailaba, pero nada más.

En la explanada situada detrás de la Basílica, tras la misa, solía tener lugar un acto cívico en el que participaban la Banda de Música, la de Txistularis y diversos grupos de danzas. El comienzo del acto, como es habitual en el País Vasco, consistía en un aurresku de honor, bailado por un dantzari.

El 15 de agosto de 1987, recién elegido alcalde de Bilbao, quise dar una interpretación distinta al baile tradicional, acorde con el sistema democrático, que significara que, si bien a lo largo del año, el aurresku se bailaba en honor de las autoridades, una vez al año, coincidiendo con el comienzo de las fiestas, iba a ser la primera autoridad municipal la que lo bailara en honor y respeto del pueblo, mostrando que es el pueblo y no la autoridad, el verdadero titular del poder, que lo ejerce mediante el ejercicio del voto libre. Así lo dejé escrito en mi libro “La política de otra manera” (1993, pág. 104):

Bailo al pueblo de Bilbao, reconociéndole que si tengo autoridad como alcalde es porque es ese mismo pueblo quien me la otorga

Y añadía:

“Le quise dar un significado de acuerdo con la democracia que vivimos. Un alcalde tiene que ser de todos. No sólo de los de su partido. No sólo de los que le han votado. Sino de todos y de todas. Y esa regla debe valer siempre, aunque cueste el cargo. El alcalde representa a toda la ciudad y su trabajo debe servir al interés general de los vecinos y vecinas” (pág. 98).

Así lo hice los años en que tuve el honor de ser alcalde de Bilbao (1987-1990).

La expectación era enorme y debo decir que para bailarlo ante varios centenares de personas que se arremolinaban en la plaza de detrás de la Basílica, había que ensayar duro. Yo lo hice en el ayuntamiento, en la alcaldía, aprendiendo los pasos de Ramón, experto dantzari y de los txistularis Boni y Mikel.

En mi caso, la forma de bailarlo era vestido de chaqué, como entendía que corresponde a la solemnidad del acto, situado en el centro de la plaza, bailándolo solo, sin compañía. Con alguna excepción, los siguientes alcaldes han continuado la tradición, aunque variando algo el modo de la danza, yendo el alcalde el aurreskulari (el bailarín que va por delante, el primero), acompañado de un segundo dantzari, como lo ha hecho el nuevo alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

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I

Enfrascado en una investigación sobre el origen y naturaleza jurídica de los fueros vascos, leía hace poco el libro titulado, Discusión sobre los fueros de las provincias Vascongadas, que recoge lo tratado en una larga sesión del Senado español de junio de 1864.

La reunión estaba prevista para aprobar la Ley de presupuestos, pero, como cuestiones previas, se habían presentado enmiendas de contenido político en relación con los fueros vascos: una, del senador Sánchez Silva y la otra, de varios senadores vascos, entre ellos Egaña y Barroeta Aldamar.

Sánchez Silva exigía que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya “deberán satisfacer puntualmente sus respectivos cupos de contribución territorial, dejando desde luego a cargo del Estado el pago del culto y clero”, mientras el grupo de senadores vascos, por el contrario, pedían que, al final del artículo 11, se añadiera la siguiente cláusula de respeto a los fueros: “… sin que esto altere la observancia de sus Fueros, confirmados por la Ley de 25 de octubre de 1839”.

Las circunstancias políticas eran entonces complicadas para las provincias Vascongadas y Navarra. El conocido como “abrazo de Vergara”, había dado lugar a la Ley de 25 de octubre de 1839, que, en su artículo primero, disponía que “se confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra”, expresión a la que se había añadido en la tramitación parlamentaria una frase que complicaba su interpretación: “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. En el caso de Navarra, la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841.

La Ley incluía un segundo artículo en el que se atribuía al Gobierno, “tan pronto como la oportunidad lo permita”, y “oyendo antes a las provincias Vascongadas y a Navarra”, la facultad de proponer a las Cortes “la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclamen el interés de las mismas conciliado con el general de la nación y la Constitución de la monarquía…”.

La sesión se convirtió en una agria e intensa discusión sobre los fueros: se cuestionaba su origen, contenido, calidad y la conveniencia de mantenerlos o eliminarlos.

Habían pasado 25 años y no se había culminado lo ordenado en el artículo 2.º de la Ley de 1839. Seguía la situación provisional (“se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional”), aun cuando por diversos procedimientos se había ido modificando su contenido. Los cambios se fueron imponiendo sobre la base de la correlación de fuerzas en las Cortes españolas, en las que los representantes vasco-navarros eran minoría y el considerado por la mayoría parlamentaria como “interés general de la nación” se imponía por la vía de hecho o de derecho, ya que esa mayoría juzgaba como más conveniente la unificación legal de todas las provincias y a todos los efectos.

La tesis antiforal acabó muy extendida en el ámbito político y social español y el senador Sánchez Silva no era sino un reflejo de ese ambiente, tal y como asumió él mismo en su disertación parlamentaria, basando el grueso de su argumentación histórica en la obra del canónigo Juan Antonio Llorente (ver foto), Noticias históricas de las tres provincias Vascongadas, principal fundamento intelectual esgrimido en el siglo XIX para la abolición de los fueros vascos.

 

II

El senador Egaña, tras diversas manifestaciones de réplica, hizo una referencia a las fuentes historiográficas que su oponente había utilizado como testimonios irrecusables, diciendo que “la mayor parte de esos libros fueron escritos por cronistas de los reyes con la mejor intención sin duda, pero con un deseo poco favorable a las provincias Vascongadas”.

Se refirió a Juan Antonio Llorente como una de esas fuentes. Egaña no se anduvo por las ramas y dijo: “Este señor fue buscado con mucho empeño por el príncipe de la Paz (Godoy) para que escribiese una obra con el objeto de hacer trizas los fueros de las Provincias”.

Sorprende más lo que apuntó a continuación:

“A poco (Llorente) fue reducido a la emigración por haber seguido el partido francés, y todo el mundo conoce un librito del mismo señor, impreso en Burdeos, deshaciendo la mayor parte de su trabajo antiforal”.

Reseña de un supuesto libro de Llorente, impreso en Burdeos, en el que, según el senador Egaña, el canónigo se retractaba de lo dicho en los cinco tomos de sus Noticias históricas.

La cita quedó sin respuesta.

Cuando le tocó el turno al senador Barroeta Aldamar, éste dijo con contundencia:

“Más tarde el mismo Llorente, estando emigrado, ofreció a las provincias Vascongadas reunir los documentos necesarios para producir una obra que combatiese la que antes había escrito, y no se aceptó la oferta”.

Para fortalecer lo que estaba contando, Barroeta Aldamar añadió, de modo enigmático:

“Señores: hablo con algún conocimiento de causa de lo que sobre esto ocurrió”.

Si se probase que esta información relatada por Barroeta Aldamar ante el pleno del Senado fuere cierta, o si apareciese el libro anunciado por Egaña, la credibilidad de Llorente quedaría muy deteriorada, y, en consecuencia, su obra descalificada.

III

¿SE RETRACTÓ LLORENTE DE SUS TESIS?

Las versiones de los senadores vascos no se acreditaron. Ni la edición del libro en Burdeos ni la oferta de Llorente de escribir un nuevo libro “que combatiese el que antes había escrito”.

Sobre ese supuesto ofrecimiento, Novia de Salcedo se había pronunciado ya y por escrito en 1829, asegurando que:

“el hombre dirigido por innoble fin, con el cambio de circunstancias, se hace traición a sí mismo y mudada la faz de España con los sucesos que tuvieron principio en 1808, sentía ya Llorente pesar de haber aseverado contra las provincias Vascongadas lo contrario de lo que percibía su mente. Revolvía en sí mismo el medio de contradecirse menos indecorosamente y pudiéramos citar testigos respetables de esta disposición de su ánimo explayada en comunicaciones confidenciales; mas no llegó a tener efecto”.

 Antonio de Trueba también intervino en la controversia. En un libro publicado en 1865 daba por cierta la oferta para escribir la retractación, que, según manifestaba, “no se aceptó por un sentimiento de dignidad e hidalguía”, lo que argumentaba en base a la información que le había dado Eulogio de la Torre, que había sido diputado general y a Cortes, quien le aseguró que “tenía pruebas” de que Llorentenos ofreció refutar su propia obra”.

La otra posibilidad de comprobar el giro espectacular de Llorente sería que apareciese ese “librito impreso en Burdeos” al que se refería Egaña.

Mucho tiempo después, en 1996, un erudito de prestigio, Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, reiteraba que:

Juan Antonio Llorente se ofreció, años después, al señorío de Vizcaya para que le editara otro trabajo en el que refutaba gran parte de su obra anterior y hacía la defensa histórica y fuerista de las provincias Vascongadas”,

basándose en el libro de Javier de Ybarra y Bergé, La Casa de Salcedo de Aranguren, editado en 1944.

IV

Ante el respeto que me merecían las opiniones expresadas, hice una consulta por escrito al prestigioso hispanista experto en Llorente, Gérard Dufour, y el 12 de marzo de 2015, me respondía lo siguiente:

“Estimado colega: Juan Antonio Llorente no publicó ningún libro en el cual se desdecía de lo escrito en sus Noticias históricas, ni en español (véase el libro de Aline Vauchelle sobre Les libres en espagnol publiés en France entre 1814 y 1833, Publications de l´Université de Provence, 1985), ni en francés (hace poco tuve la oportunidad de revisar toda la colección de Bibliographie de la France de 1814 a 1830, y no aparece ningún libro de Llorente relativo a las provincias Vascongadas).

No puedo afirmar tan tajantemente que no se dirigió a las autoridades vascas (pero, ¿cuáles?) para cantar la palinodia, pero no tengo ninguna constancia de ello, e incluso me extrañaría en un hombre tan jacobino (en el sentido centralizador). Quedando a su disposición, con un cordial saludo, Gérard Dufour”.

De lo que se desprenden dos asertos: uno tajante, la inexistencia del libro de retractación, impreso en Burdeos, anunciado por Egaña, y un segundo, más matizado, en el sentido que Dufour no cree posible que Llorente se retractara nunca de lo dicho en Noticias históricas, dado su talante “jacobino y centralizador”.

V

BUSCANDO EL LIBRO DE RETRACTACIÓN DE LLORENTE, APARECE LA OBRA DE DOMINGO DE LERÍN

Antes de conocer la respuesta de Dufour, había tratado de localizar el libro de marras, “impreso en Burdeos”, anunciado por Egaña en el que, supuestamente, Llorente se desdecía de lo expresado en Noticias históricas.

No tuve éxito alguno, por más que lo intenté con mucho empeño y por diversas vías.

Al no haber podido averiguar la existencia del libro, ni acreditar la hipotética oferta de Llorente de escribir un libro desdiciéndose de lo dicho antes, ni probarse con argumentos consistentes que se hubiese retractado, sólo quedaba mantener activo el debate de los fueros en los términos en que los que estaba, esto es: origen, historia, calidad y naturaleza jurídico-política.

Y es ahí donde adquiere interés la figura de Fray Domingo de Lerín, ignorada hasta ahora por casi todos los historiadores y políticos, y cuya obra va a poder ser conocida gracias a una reciente iniciativa de las Juntas Generales de Bizkaia.

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I

El 28 de mayo se celebró el 125 aniversario de la constitución de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, primera de las Cámaras de Comercio, creada al amparo del Real Decreto de 9 de abril de 1886.

La conmemoración está teñida de nubarrones, puesto que, como ya lo he comentado en varios posts anteriores, el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, ha modificado sustancialmente la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, aunque, afortunadamente, no ha acabado con ellas.

II

En la actual coyuntura, conviene recordar que las Cámaras, cuyos antecedentes se remontan a la Baja Edad Media, nacieron a partir de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas“, que, sin embargo “han de tener carácter oficial y sus actos no han de ser meramente privados y los poderes públicos han de tener que contar con su concurso“. Serían asociaciones de carácter permanente, con requisitos de pertenencia fijados por la Administración y un amplio catálogo de funciones/competencias.

El Real Decreto de 21 de junio de 1901, amplió sus atribuciones y recursos, calificándolas como “establecimientos públicos“, que “tendrán la representación del comercio y de la industria”.

No obstante, la carencia de recursos fue una constante en los primeros años. Bartolomé Amengual decía en 1910 que “la carencia de recursos privaba a las Cámaras de ejercer las funciones que el Estado les confiara” denunciando que “habían tenido que reducir casi por completo su actividad a proponer, pedir, reclamar actos de Gobierno, esto es, a la esfera propia de las asociaciones privadas“.

Hasta que la Ley de Bases de 29 de junio de 1911, reconoció la pertenencia obligatoria  de todas las empresas, en calidad de electores, y la contribución a su sostenimiento por parte de las empresas con beneficios.

La Ley de Bases de 1911 sobrevivió a todos los  regímenes políticos y la Ley 3/1993, de 22 de marzo, reforzó el papel de las Cámaras como Corporaciones de Derecho público, con funciones de carácter público-administrativo y relevancia constitucional reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 107/1996, de 12 de junio.

Todo ello hasta que el 3 de diciembre de 2010, el Real Decreto Ley 13/2010, olvidándose de la historia y de la relevante misión desempeñada por las Cámaras y los Consulados a lo largo de los siglos, se eliminó la pertenencia obligatoria y del consiguiente pago de cuota alguna, privando a las Cámaras de, al menos, un 50% de su financiación.

III

Fue en Bilbao donde se constituyó la primera Cámara de Comercio, justo un mes y medio  después de publicado el Decreto de 9 de abril de 1886 en la “Gaceta de Madrid“, el plazo exacto y mínimo determinado por dicho Decreto.

Se constituyó una Comisión preparatoria, presidida por Eduardo Aznar, que redactó el Reglamento provisional, elaboró una lista de 538 nombres de comerciantes, industriales, navieros, y capitanes de la marina mercante de altura, se reunieron en Asamblea en el Salón de Actos del Instituto Vizcaino, y se constituyeron como “Cámara de Comercio de Bilbao” el 28 de mayo de 1886, se aprobó el Reglamento, se eligió la primera Junta Directiva, presidida por Pedro T. de Errazquin, y se crearon cuatro Comisiones:

– Comisión de Navegación.

– Comisión de Aduanas y Ferrocarriles.

– Comisión de Industria, Exposiciones y Estadística.

– Comisión de Legislación, Enseñanza y Asuntos Generales.

La cuota que se estableció fue de 5 ptas. al año a pagar por cada asociado.

La Cámara quedó constituida finalmente con 504 asociados y el entonces ministro Montero Ríos publicó una Orden el 14 de junio de 1886, en la que reconocía la constitución de la Cámara y manifestaba a sus componentes que:

“ha visto con sumo agrado y complacencia  la actividad desplegada por los mismos”

y que

“espera confiadamente que así como fueron los primeros de España en formar Cámara, demostrarán en lo sucesivo igual celo, inteligencia y laboriosidad en el desempeño de su cometido, que aquellos de sus antepasados que tanta nombradía adquirieron por su interés en el desarrollo del comercio y por la redacción de sus célebres Ordenanzas, consideradas como uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Para un bilbaino como yo, que ha tenido la suerte de ser Secretario-Director de la Cámara de Comercio de Bilbao, antes y después de ser alcalde de la Villa, es un honor poner de manifiesto lo que hace 125 años reconocía públicamente un ministro de la Reina Regente:

“el celo, la inteligencia y la laboriosidad de los bilbainos”,

junto con una manifestación en relación con las Ordenanzas de Bilbao, consideradas como

 “uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Por ello, apena ver la situación en la que en la actualidad se encuentran las Cámaras, a las que se ha privado del 50% de sus recursos y modificado su naturaleza jurídica, cambiando de modelo y creando una profunda incertidumbre en relación a su futuro.

Espero confiadamente en que los actuales rectores de las Cámaras de Comercio, ahora que se celebra el 125 aniversario del Real Decreto de 1886, que sentó las bases para su constitución (aunque llevaban siglos participando en la defensa de los intereses comunes del comercio, la industria y la navegación por medio de los Consulados y Gremios), sepan estar a la altura de las circunstancias y defender con firmeza y determinación estas instituciones seculares.

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