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I

El pasado sábado 19 de febrero, las principales arterias del centro de Bilbao quedaron colapsadas por los miles y miles de manifestantes que, sin eslóganes ni banderas, pacíficamente y en silencio, reclamamos la inscripción-legalización de Sortu como una necesidad en el camino hacia la paz.

Asistí a la manifestación con mi amigo Rafa. Habíamos quedado en una de las cafeterías adyacentes, próxima al punto de inicio, porque queríamos estar cerca de la cabecera. Misión imposible. Las miles y miles de personas que habían decidido recibir de frente a la cabecera e irse incorporando desde las aceras, nos fueron resituando cada vez más cerca de la cola, lo que supuso que tardáramos noventa minutos en recorrer alrededor de un kilómetro, el tramo que va desde La Casilla hasta la Plaza de Zabalburu, el mismo tiempo que se necesita para ir de Valencia a Madrid en el AVE.

En la manifestación íbamos gente muy variopinta, de todas las edades, aunque sorprendía la alta participación de gente adulta, hombres y mujeres, de todos los rincones del País Vasco. El idioma predominante era, desde luego, el euskera.

II

Yo siempre he defendido el derecho a participar en las elecciones, activa y pasivamente, a votar y a ser elegido, en una sociedad democrática. Todos tienen derecho a que en las instituciones les representen aquellas opciones políticas que más se parecen a sus pensamientos. Como dice la Sentencia de la Audiencia Nacional de Udalbiltza de 20 de enero de 2011:

 “No es objeto de discusión que la Constitución permite defender por vías pacíficas cualquier idea o proyecto político, incluidos aquellos que suponen una modificación constitucional o una alteración de la actual configuración del Estado...

Es lícita la defensa, por procedimientos pacíficos, de todas las ideas, incluidas la secesionistas o soberanistas y el desarrollo y defensa de los correspondientes proyectos políticos sin que ello implique siquiera un ataque a la norma constitucional…” (FJ 4.1 pág. 35).

Por ello resulta indignante que desde ámbitos políticos y medios de comunicación, públicos y privados, se esté machaconamente dando por supuesta la no legalización de Sortu, presionando de esa manera a quienes van a ser los que tomen la decisión, los tribunales de justicia. A mi juicio, una sociedad democrática avanzada no debe asistir pasivamente a esa presión sin protestar, sin denunciarla.

El ministro de la Presidencia Jauregui, con una larga trayectoria política conocida, vicelehendakari con Ardanza y delegado del Gobierno del PSOE en el País Vasco en los años ochenta, dice que tiene “derecho a dudar” y que los de Sortu deben dar más pasos.

Muy bien, nadie le niega ese derecho. Pero, igualmente, muchos también dudamos de sus intenciones, de sus cálculos electorales,  y de las auténticas razones por las que han actuado y actúan unos partidos políticos, como el PSOE y el PP, que se encuentran en el País Vasco sobrerrepresentados, con más representación institucional de la que les corresponde, y han firmado un pacto de hierro para doblegar a la “poderosa sociedad nacionalista tan influyente, tan enferma y tan cruel“, como se afirma en un artículo de opinión aún no rectificado, firmado por uno de los máximos representantes del actual Gobierno Vasco ¿Por qué desde el nacionalismo español no se respeta al nacionalismo vasco? El día en que se respeten ambos se habrá logrado un gran avance en la convivencia y en la resolución del conflicto político que guste o no, persiste.

Afortunadamente hay sectores desde el ámbito español más proclives a la objetividad y al respeto a las reglas de la democracia, una de las cuales debería ser la prevalencia de la voluntad del pueblo vasco o, para ser más preciso y riguroso, de las distintas sensibilidades que tratamos de convivir en Euskal Herria. Entre ellos, debe citarse las declaraciones de los representantes de las asociaciones de los jueces poniendo en su sitio el valor de los informes filtrados a la prensa de las Fuerzas de Seguridad que afirman vinculaciones jurídicas que no les corresponden, y la opinión de algún experto constitucionalista como Javier Pérez Royo, así como, por excepción, algunos socialistas vascos como el presidente del PSE-PSOE Eguiguren; en el ámbito institucional vasco, el Ararteko (Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma Vasca).

El análisis jurídico-constitucional de los estatutos de Sortu, por las informaciones que se ha recibido de sus impulsores, encaja jurídicamente en la Ley de Partidos de una manera más que razonable. Disposiciones como la que dicen haber incluido sobre la expulsión de militantes que no rechacen la violencia, no es verosímil que se hallen en los estatutos de los demás partidos políticos.

Además, en la reforma de la Ley de Partidos se ha incluido una previsión para que, ante determinadas  circunstancias sobrevenidas, puedan incoarse ilegalizaciones a posteriori, a las formaciones políticas y a los cargos electos, lo que refuerza el principio de seguridad jurídica, en caso de que no se actúe de acuerdo con los estatutos.

III

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, el pluralismo político” (art. 1 de la Constitución Española), expresado por los partidos políticos (art. 6 CE). “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”  y “tienen derecho a acceder a los cargos y funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes” (art. 23 CE), lo que es una concreción del principio de igualdad y no discriminación reconocido en el art. 14 de la Constitución.

IV

La presión popular manifestada en silencio en las calles de Bilbao, como expresión democrática de un sector de la sociedad, debe ser tenida en cuenta junto a principios ineludibles como la prevalencia del derecho de participación en los asuntos públicos, el pluralismo político y la misma esencia del Estado de Derecho.

Legalidad unida a legitimidad democrática.

¿Puede un Estado impedir que 150.000, 200.000 ó 250.000 personas, más específicamente, el 10% o el 15% de la sociedad vasca, con derecho al pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se quede sin representación?

¿No es cierto que, de no permitir su participación…, 

                          1. … la representación resultante estaría distorsionada y no reflejaría la voluntad total del pueblo?

                          2. … se estaría aplicando un castigo colectivo a un sector significativo de la sociedad?

¿Es eso propio de un Estado democrático de Derecho?

 

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