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Archive for the ‘Política’ Category

La reforma del art. 135 de la Constitución Española de 1978, nos ha pillado a todos en plenas vacaciones de agosto.

I

Los argumentos empleados por los políticos no dejan de evidenciar el poco respeto que, en general, tienen por los ciudadanos a los que  representan.  Porque no vale con decir que la crisis no pudo ser prevista hace tres años y medio, ya que, aunque así lo fuera (incluso admitiendo la verosimilitud de la argumentación), los ciudadanos somos mayores de edad y queremos opinar sobre algo que nos va a afectar sustancialmente a medio y largo plazo.

La a todas luces precipitada decisión, que inicia mañana martes el trámite parlamentario, ha sido impulsada por un presidente al que le quedan unos pocos meses de mandato y, por tanto, y sin cuestionar la legalidad, carece a mi juicio de la necesaria legitimidad para una reforma tan seria.

La reforma no figuraba en el programa electoral del PSOE ni del  PP en las elecciones de 2008, por lo que la crítica a la decisión que se va a adoptar exclusivamente por los parlamentarios, adquiere una contundencia y rotundidad insoslayable.

Va a ser votada por unos parlamentarios que se encuentran en situación de provisionalidad, al final de su mandato,  puesto que el 20 de noviembre hay elecciones generales y se renovarán gran parte de los diputados y senadores.

En estas condiciones, ¿es legítimo reformar la Constitución? ¿Es legítimo hacerlo de esta manera?

Desde el punto de vista de la legalidad, la Constitución prevé dos procedimientos básicos para su revisión: 

a) Procedimiento complejo: el que afecta  a la total revisión de la Constitución, o siendo parcial, cuando afecte al Título Preliminar (arts. 1 a 9, ambos inclusive: definición de Estado social y democrático de derecho, autonomía y unidad constitucional, pluralismo lingüístico, bandera y banderas autonómicas, capitalidad, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, fuerzas armadas y guardia civil, valor de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico),  al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I  (derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15 a 29: derecho a la vida, libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y seguridad, derecho al honor, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, libertad de expresión e información, derecho de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública, derechos de reunión, asociación y de participación en los asuntos públicos, derecho a la tutela judicial efectiva, principio de legalidad en materia penal, tribunales de honor, derecho a la educación, libertad sindical y huelga, derecho de petición) o al Título II (La Corona, arts. 56 a 65).

Este procedimiento exige mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometido a referéndum para su ratificación.

b) Reforma del resto del articulado constitucional.  Incluye la modificación prevista del art. 135 CE.

El proyecto debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no se logra, se intenta por medio de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un nuevo texto para votarse en ambas Cámaras; de no lograrse así la aprobación, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, siempre que hubiese votado a favor la mayoría absoluta del Senado.

La reforma anunciada va a seguir este segundo procedimiento, más simple que el primero.

El pacto logrado por el PSOE y el PP, evidencia que no va a existir ningún problema a la hora de su tramitación.

II

Sin embargo, una décima parte de cualquiera de las Cámaras puede solicitar y lograr el sometimiento a referéndum para su ratificación, siempre que lo haga dentro de los quince días siguientes a su aprobación, de acuerdo con el texto constitucional (art. 167.3 CE).

De ser aprobada la reforma, como es previsible, lo será, con antes he indicado, con muchas dudas e interrogantes desde la democracia, puesto que la reforma, que es sustancial para todos, no formaba parte de ningún programa electoral, ni del PSOE ni del PP ni del resto de partidos; porque será votada en el último Pleno de la legislatura, y, además, por muchos diputados que dentro de tres meses dejarán sus escaños, y, lo que es más relevante, porque afecta al Estado Social de Derecho y al autogobierno de las Comunidades Autónomas, a las que no se les permite tomar parte en la decisión. En el caso de los territorios forales del País Vasco y Navarra, la medida afecta sustancialmente a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que se verá seriamente concernida. 

Y no cabe aducir, como he oido a políticos del PSOE, que en la Constitución sólo se explicita el principio y no las cifras concretas, puesto que el pacto del PSOE y del PP incluye cifras, como ellos mismos han anunciado, en un acuerdo sobre una Ley Orgánica que se aprobará el año 2012.

La previsión constitucional del art. 167.3 CE (necesidad de referéndum si lo pide una décima parte de los Diputados o Senadores) está siendo silenciada por todas las fuerzas políticas, quizás porque creen que no son capaces de reunir 35 firmas de Diputados o, quizás  porque no quieren, lo que sería más grave para el avance hacia una democracia cada vez más participativa.

Incluso dirigentes críticos del PSOE, como Tomás Gómez, por ejemplo,  afirman que no es necesario un referéndum, sino un “debate más profundo”, aunque no nos explica en qué consiste ese debate más profundo (supongo que no será que lo discutan más horas en el Congreso o en el Senado).

Una décima parte de los diputados son 35.

¿No es posible reunirlos para que se celebre un referéndum?

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Estos días se celebra un juicio que afecta a miembros de la izquierda abertzale, directamente implicados en un proceso evolutivo sin precedentes en su entorno. Su actuación política ha sido un componente esencial en la renovación. Si fueran absueltos, no habría problema. En caso de una hipotética sentencia condenatoria, las posibilidades de que los dirigentes encausados pudieran continuar impulsando, como afirman, su decidida apuesta por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, serían nulas.

No debiera olvidarse que los hechos enjuiciados son de mera gestión política, frente a la aplicación de una Ley, sensiblemente restrictiva de derechos fundamentales. 

El buen fin del proceso de incorporación de la izquierda abertzale al quehacer democrático depende, en parte, de la propia Bildu, pero también en otra parte de la acción del Gobierno y, por último, de la suerte que se tenga en el desarrollo del juicio.

¿Por qué aquí es todo tan difícil cuando, en otros lugares, conflictos más complejos se han resuelto con un buen hacer político?

En relación con esta cuestión, en el día de hoy se ha publicado un artículo de opinión, que he suscrito junto con Mitxel Unzueta, exsenador del PNV en el proceso constituyente, y Mikel Ortiz de Arratia, exconcejal de Cultura del ayuntamiento de Bilbao.

Dejo aquí el enlace:

http://www.deia.com/2011/07/01/opinion/tribuna-abierta/interrogantes-sobre-el-proceso-de-izacion-politica-en-euskalherria

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Iñigo de Oriol e Ibarra, quien fuera presidente de Iberdrola y de la patronal eléctrica Unesa, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y miembro del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, publica en  “El Correo“, hoy 27 de junio, un artículo de decidida defensa y apoyo entusiasta a las Cámaras de Comercio, calificando de “errónea” la reciente “decisión del Gobierno“.

Igualmente, se muestra convencido de que las Cámaras de Comercio, herederas de los Consulados, sabrán continuar el camino iniciado hace muchos años y seguirán prestando servicios a las empresas como lo han venido haciendo desde su fundación.

Por su autor, con una muy larga trayectoria empresarial, así como por el contenido del artículo, recomiendo su lectura. 

Íñigo de  Oriol Ybarra

¡A ver si cunde el ejemplo!

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Estoy convencido que son muy pocos los jóvenes de hoy que tengan una idea clara de lo que fueron los Consulados de mar y terrestres (Burgos, creado en 1494, Bilbao en 1511, Madrid en 1632, San Sebastián en 1682, Barcelona en 1758, Sevilla, donde existía uno antes de 1632, y se estableció un Consulado de mar y tierra en 1784…) y menos aún los que piensen que de su ejecutoria se pueda poner en valor algo en el presente.

Sin embargo, merece la pena recordar su historia y su relevante misión en la economía y el derecho, privado y público, de cada una de las circunscripciones en que desplegaron sus competencias y actuaciones.

I

Un Consulado de mar o terrestre, era una institución público-privada, de composición privada, con facultades de gestión y de polícía, en relación con las infraestructuras marítimas (puertos, rías, practicaje, atraque de buques) o terrestres, el tráfico comercial y, además, con competencias en la legislación mercantil, respondiendo a un modelo jurídico-político descentralizado propio de la época.

El 21 de julio de 1494, en Medina del Campo, se creaba el Consulado de Burgos por los reyes Fernando e Isabel:

“… damos licencia, poder  y facultad y jurisdicción a Prior y Cónsules de los mercaderees de la ciudad de Burgos, que ahora son y serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores sobre el trato de mercaderías, así como sobre trueques y compras y ventas, y cambios y seguros, y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, y sobre fletamentos de naos, y sobre las factorías que los dichos mercaderes hubieren dado a sus factores, así en nuestros reinos como fuera de ellos…”.

 En el caso de Bilbao, tenían los mareantes (marinos), maestres de naos y mercaderes su cofradía, puesta bajo la advocación de Santiago, instituida desde tiempo inmemorial y a imitación de las conocidas en otros pueblos, hasta que, tras la creación del Consulado de Burgos en 1494, Juan de Ariz, en nombre de un grupo de comerciantes de Bilbao (fiel y diputados de la contratación), solicitó y obtuvo su despacho por medio de carta real dada en Sevilla el 22 de junio de 1511. Poco antes, y como precedente inmediato,  se había creado en 1489 la Casa de Contratación de Vizcaya en Brujas, que era un auténtico Consulado, a todos los efectos.

Su impulso estaba basado en la idea de crear una nueva jurisdicción, distinta de la entonces existente, la del cuerpo de regidores, esto es, la del ayuntamiento:

“Que en la dicha Villa de tiempo inmemorial a esta parte existían las figuras de fiel y dos diputados, que son un cónsul mayor y dos menores y una Universidad de Mercaderes y Maestres de naos y Tratantes, los cuales se suelen elegir y nombrar por dicha Universidad cada año, de la misma manera como se eligen y nombran prior y cónsules por la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma forma y manera tienen su Sello como Universidad aprobada y tienen sus Ordenanzas usadas y guardadas y confirmadas….”.

“Un alegato de los mercaderes de la Villa, en pleito con la Universidad de Burgos a mediados del siglo XV, afirma asimismo que la antigüedad de aquella institución, poniendo la calificación de sus rectores en un privilegio del Rey don Enrique, por el que se les autorizaba para titular a los jueces y mayordomos de su cofradía con un nombre conveniente cual quisieren, y ellos usaron el denominarlos fiel y diputados, “porque así como el uso de los reinos de Castilla y de León es nombrar a sus jueces de mercaderías priores y cónsules, semejantemente el de los países de Vizcaya y de Guipuzcoa es nombrarlos fiel y cónsules“. También son conocidas la absorción de la importancia mercantil de la nación de Vizcaya en Brujas por los mercaderes de Bilbao, sustituyendo con el nombre de la Villa, a finales del siglo XV, la antigua denominación de aquella asociación de negociantes; y las expresiones puestas por el Rey Católico (1504) en la confirmación de las treguas de los osterlines y alemanes con los negociantes de Castilla y de dicha nación de Vizcaya establecidos en los Estados de Flandes, en el cual testimonio se declara que los cónsules de los mareantes de Castilla se llaman “cónsules de Castilla” y los de Vizcaya son nombrados “cónsules de Bilbao“.

Merece la pena recordar el inicio de la carta del rey Fernando:

Damos licencia y facultad a los Cónsules de la universidad de los capitanes y mercaderes, y maestres de naos, y tratantes de la Villa de Bilbao, que ellos entre sí, cerca del trato de sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática de suso contenida, y capítulos en ella insertos, que fue dada a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos Cónsules y universidad de la dicha Villa de Bilbao… les doy poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades…”

La nueva institución legitimada desde “tiempo inmemorial”, pasó a denominarse Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao.

El Consulado de Bilbao, así instituido, emprendió un crecimiento y desarrollo tal que, como afirma Teófilo Guiard y Larrauri, “a los pocos años pudieron sobrepujar en medios y fondos al ayuntamiento que les dio el ser“. Muy favorecido en la contratación mercantil por el puerto y el empuje de sus gentes, al cabo de unos pocos años, el Consulado de Bilbao desplazó al de Burgos y fue capaz de asumir para sí los privilegios generales otorgados al concejo de Bilbao.

Quedó instituido el Juzgado de la Contratación de Bilbao, disponiendo de jurisdicción privativa. Fue considerada tan privativa dicha jurisdicción que

“todo recurso a la real Chancillería de Valladolid y a los Consejos de Castilla y de Guerra deberían ser desestimados, mandándose remitir las causas al Juzgado de la Contratación de Bilbao, facultad de jurisdicción reasegurada mayormente por una R.C. dada en Toledo el 8 de octubre de 1560 y otra despachada el 11 de noviembre de 1592”.

Usando de dicha Jurisdicción, el Consulado de Bilbao conocía privativamente:

– de todos los pleitos y diferencias entre mercaderes y sus compañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuantes de compañías, fletamentos de naos, factorías y otros asuntos que se detallan en sus Ordenanzas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1737, el rey Felipe V otorgó una nueva disposición que recogía y ampliaba las competencias del Consulado de Bilbao en relación con su Jurisdicción y con el orden de proceder en primera, segunda y tercera instancia. En los apartados 6 y 7 se recogen parte de los valores ínsitos en el Consulado de Bilbao:

“En cuando en dicho Consulado deben determinarse los pleitos y diferencias de entre las partes breve y sumariamente, la verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de Abogados..ni guardar la forma y orden del Derecho…”.

Consolidada la jurisdicción del Consulado por las ejecutorias reales ganadas y afirmado el régimen interno con la sucesión de Ordenanzas particulares y generales promulgadas, el Consulado tomo sobre sí funciones de carácter público y ejecutivo y de policía, como la reparación de los caminos y calzadas de su tráfico, obras y limpieza de la ría y barra y servicio del puerto, posición de boyas, señales en peñas del río, luces, socorro de lanchas-avisos y corsarios que protegiesen el litoral cuando los lances de guerra (véase en la Novísima Recopilación, Tomo Noveno, editada en Madrid, 1850).

Camilo de Villabaso, en su obra “La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada” (1887) afirma, refiriéndose al Consulado de Bilbao, que:

“… sin su existencia en la historia puede dudarse de si esta Villa hubiera alcanzado el grado de actividad mercantil, de riqueza, de vitalidad y del esplendor en el que actualmente la contemplamos…”.

El sevillano Pedro de Medina, en el “Libro de grandezas y cosas memorables de España” escribía en 1566 que:

“la villa de Bilbao es pueblo noble, rico, abastado y de mucha calidad porque en esta Villa principalmente se hallan tres cosas con que un pueblo es noblecido, que son asiento de tierra, abundancia de mantenimiento, trato de gentes y mercaderías; todo esto se halla en esta Villa…”.

Mientras que Andrés Poza (el “Licenciado Poza”), decía en 1587 :

“… aquí es gente ilustre y magnífica en su trato; contratación grande; mucha riqueza; hombres y mujeres muy bien tratados….”.

Con todo, una de las aportaciones más universales del Consulado de Bilbao fueron sus conocidas Ordenanzas, en especial, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, auténtico Código de Comercio que estuvo en vigor en diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Constitución de Cádiz de 1812, y, especialmente, sus principios uniformizadores, dieron al traste con las facultades y actuaciones de los Consulados, hasta que, en 1866 se crearon las Cámaras de Comercio y, en paralelo, las instituciones de gestión de los puertos, desmembrando en dos instituciones lo que hasta entonces había sido una, y, sobre todo, eliminando las competencias jurisdiccionales y gubernativas.

II

En el verano de 2011, las Cámaras de Comercio, a pesar de estar inmersas en un proceso de modificación sustancial de su naturaleza jurídica tras el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre (cuestión ampliamente tratada en el blog),  deberían reivindicar y afrontar con determinación la defensa de su histórico papel, no sólo desde 1866, sino también como herederas de los Consulados, que ejercieron un poder mercantil descentralizado muy positivo para la economía de la época.

Me temo que, lamentablemente, esto no va a ser así.

Ni siquiera en aquellas Cámaras situadas en los territorios que tienen reconocidos constitucionalmente (disposición adicional primera) el amparo y respeto de sus derechos históricos forales (Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) ¿es que no son derechos históricos las competencias públicas ejercidas pacíficamente a lo largo de varios siglos por los Consulados?

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I

Antes de su fundación como Villa, a Bilbao se le denominaba “puebla de Bilbao“, territorio formado, de acuerdo con Teófilo Guiard y Larrauri, por

“las heredades roturadas en los montazgos dichos las cuatro artigas (Buya, Orcecauco, Beteluri y Cebericha), las ruedas o molinos de Ibaizabal, las casas labradoriegas de Billirita, Marzana, Ibeni, Larrinaga y Ascao, y el núcleo de moradores agrupados en el solar nombrado Bilbao”.

Es imposible fijar una cronología exacta de la primera población. El valor del vocablo “puebla“, se utiliza con una significación semejante a la de “hermandad” o “cofradía“, usadas en otras partes del territorio vizcaino durante la Edad Media.

La existencia de una población en Bilbao anteriormente a su constitución en Villa, se infiere de muchos testimonios. Fue acaso en tiempos remotos un paso frecuentado en los caminos de los Pirineos a Burgos y desde esta ciudad a la costa: si se considera la situación topográfica de Bilbao y la peculiaridad de su ría, aparece más verosímil la presunción.

II

El 15 de junio de 1300, Diego López de Haro otorgó carta de fundación a Bilbao, de acuerdo con el Fuero de Logroño:

Don Diego López de Haro

“Sepan por esta carta cuantos la vieran y oyeran, como yo, Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, que junto con mi hijo don Lope Díaz y con placer de todos los vizcainos, hago en Bilbao nueva población y villa, que llaman el puerto de Bilbao“.

Por medio de dicha carta:

– os doy libertad como pobladores de este lugar para que seáis francos, libres y quitos (libres, exentos) para siempre.

– que cumpláis los pechos (tributos por razón de bienes o hacienda), vereas (o veredas, posiblemente, el deber de contribuir con trabajo a la construcción y reparación de los caminos y puentes del Señorío), fonsaderas (tributo que se pagaba para los gastos de la guerra), enmiendas, oturas (impuesto a pagar por el tránsito de mercancías) y mañerias (posiblemente, deudores).

– que os mantengáis según el Fuero de Logroño, en justicia, en homeciello (rencor, odio; multa o impuesto que se tenía que pagar por matar o herir a alguien), en caloñas (pena pecuniaria; calumnia; indemnización que se satisfacía por el homicidio cometido contra un noble o contra un hombre libre) y en todos los buenos usos y costumbres.

– que tengáis vuestros alcaldes, jurados, preboste, escribano público y sayón.

– que por términos tengáis: desde el puntal de Zorroza donde se juntan las aguas del río que viene de Valmaseda (el Cadagua) hasta el arroyo que viene por el campo de Zornoza en dirección a Percheta (actual barrio de Alonsotegui); desde el cerro arriba hasta el sel (zona de pasto de forma redonda y medidas determinadas) de Eguiluz y desde ahí al Pagasarri, a Olaluzeta y a Buyana de Suso (actual Buyagoiti); desde por encima de la sierra hasta el vado de Echevarri y desde el camino de Echevarri hasta la sierra de Ganguren; y desde aquí hasta el puntal de Deusto en dirección a Luchana.

– que tengáis delimitados los términos y amojonados como tales y que tengáis como hasta ahora por términos de Zamudio y del alfoz (antigua división admisnistrativa y judicial intermedia entre el municipio, la provincia y la vecindad) de Uribe con todas las anchuras, ejidos, aguas y lugares.

De tal forma que:

– podáis labrar, plantar, ensanchar y hacer toda clase de ganancias y mejorías.

– comprar y vender heredades y todo lo vuestro libremente como hombres libres y como más a vuestro favor sea.

– que tengáis por vuestros vecinos a los labradores que yo tengo dentro de los términos antedichos.

– que el Monasterio de Begoña no pierda nada de sus terrenos, pero que de sus diezmos, la mitad sea para Santa María de Begoña y la otra mitad para la iglesia de Santiago de Bilbao.

Y doy el monte de Ollargan para que lo guarde el preboste de la misma manera en que lo hace el preboste de Bermeo con el monte de Galdiz.

Y que no paguéis portazgo ni treintazgo ni enmiendas en ninguno de mis lugares.

Y otrosí os otorgo:

– que habiendo pagado los derechos del señor no sea retenida ni embargada, en Portugalete ni en toda la ría, ninguna embarcación que entre o salga de Bilbao por razón de pecio (derech0s que el señor del puerto de mar exigía de las naves que naufragaban).

– que tengáis por día de mercado semanal el martes.

– que la iglesia, que tengáis de uso, sea para vuestra vecindad y la de vuestros hijos, reteniendo para mí el tercio de los diezmos (parte de la cosecha, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la iglesia para su mantenimiento).

Todas estas cosas y libertades que ante dichas son, las doy y otorgo por mí y los míos que después de mí vengan, a vosotros, los pobladores del puerto de Bilbao y a vuestros sucesores para que las tengáis bien y cumplidamente y para que os sean bien guardadas por siempre jamás.

Y juro ante Dios, Santa María y ante mi alma:

1. Guardaros y mantener lealmente todos vuestros fueros y derechos.

2. Y de no menguarlos ni ir contra ellos defendiéndolos firmemente contra el que se atreva a embargarlos o contrariarlos por alguna razón.

3. Y el que lo hiciere que halle la ira de Dios, de Santa María y la mía y caiga dentro de los infiernos con la maldición de Judas Escariote por siempre jamás.

Y de esto os mandé esta carta sellada con mi sello de plomo.

Dada en Valladolid a quince de junio, Era de mil trescientos y treinta y ocho años (en la cronología actual, 15 de junio de 1300).

III

Fuero quiere decir, en este caso, no uso ni privilegio, sino posición de un gobierno.

No habiendo, en la práctica, una división y organización interior armónicas a un estado de pacífico gobierno, al constituirse una agrupación comunal en Vizcaya,

se desgajaba del cuerpo del Señorío no enteramente, sino en cuanto a la consecución de un estado de tranquilidad y regularidad de vida que la condición guerrera y semi-bárbara de la Tierra Llana hacía imposible en ella“,

tal y como afirma el historiador Teófilo Guiard y Larrauri en su voluminoso trabajo “Historia de la Villa de Bilbao“, publicado en cuatro tomos, entre 1905 y 1912.

María Díaz de Haro repitió la fundación de Bilbao en 1310, otorgando una nueva carta-puebla, con expresiones similares a la primera y omitiendo toda referencia a la otorgada por Diego López de Haro diez años antes.

Al otorgar el Fuero de Logroño, Bilbao entró en el Derecho común de Castilla, al igual que el resto de las villas vizcainas, y conoció el dualismo de legislación, que fue peculiar en ellas. Las villas, dependientes por su creación de los Señores, se separaron de la foralidad vizcaina, tomando, no obstante, de las leyes privativas de la Tierra Llana, muchas de sus costumbres e instituciones y aún textos completos.

El Fuero de fundación, como antes ha quedado recogido, nomina los diferentes cargos públicos del concejo:

– los alcaldes, de elección anual, aparecen en número de dos desde tiempos remotos, y referidos, por imposición del estado social generalizado en Vizcaya, a los bandos en que estuvo largo tiempo dividido el país, oñacinos y gamboinos (en el siglo XV se empieza a nombrar a un solo alcalde, el cual debía ser “hombre común y no de bando ni tregua alguna“, y aparecen los fieles de los mercaderes; el 22 de junio de 1511 se fundaría el Consulado de Bilbao, precedente de la Cámara de Comercio e institución secular muy conocida por sus Ordenanzas mercantiles, en especial las Ordenanzas de Bilbao de 1737).

– los regidores, entresacados del núcleo principal de moradores asentados a vista de la iglesia de Santiago, en número de siete, verosímilmente “cabezaleros de calles” y, así, posteriormente, se les tuvo por representantes de las “siete calles“, denominación que aún se conserva.

– los anteriores, junto con el preboste, de nombramiento señorial, y los escuderos y hombres buenos, formaban la “Universidad y Regimiento“, y cuando se reunían en “Cámara del Concejo“, asumían las funciones electiva, magisterial, judicial y legislativa.

IV

Fotos de Bilbao, desde ángulos distintos: en esta primera, la parte vieja, “Bilbo Zaharra“, el origen de la Villa (a la izquierda, “El Arenal“, en el centro, el “Teatro Arriaga”, al pie de la foto se puede ver la torre del ayuntamiento y en la parte superior izquierda, la torre de la catedral Santiago, en las Siete Calles, “Zazpi Kale”):

 Abajo, la zona regenerada de Abandoibarra, con el Guggenheim y la torre Iberdrola, dos iconos representativos del Bilbao moderno.

En ambas, la ría de Bilbao, eje vertebrador de la Villa.

La Ría continúa, como se aprecia en la siguiente foto, obtenida desde Cobetasmendi, una de las atalayas más espectaculares de Bilbao, que el ayuntamiento ha venido urbanizándolo adecuadamente y facilitando tanto el acceso al monte como el desarrollo de zonas verdes, cerveceras, espectáculos musicales, merenderos, paseos en la montaña, aparcamiento, etc. Un paraje espléndido desde el que se puede ver desde las peñas de Durango hasta El Abra, donde la ría va a parar al mar, dejando Santurtzi a la izquierda, Getxo a la derecha.

A modo de curiosidad, el puente entre ambas márgenes de la Ría que se aprecia en el centro de la foto, Ugaldebieta,  estuvo construido pero sin terminar los accesos, esto es, sin  poderse utilizar, cerca de veinte años, en las prostimerías del franquismo.

El puerto de Bilbao se ha ido “trasladando” desde el centro de la Villa, hasta el final de la Ría, a Santurtzi, conformando El Abra

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El debate sobre la democracia, replanteado de manera muy oportuna y eficaz por los colectivos del 15-M, se puede contemplar desde muchos aspectos.

I

El sistema electoral vigente se puede y se debe mejorar, desde el deseo, que muchos compartimos, de dotar de mayor legitimidad democrática a nuestros representantes en las instituciones públicas y facilitar una mayor participación del conjunto de la sociedad en los asuntos públicos, y no reducir la democracia a la emisión de un voto cada cuatro años.

Se debe partir de que la verdadera democracia representa a todos, mientras que la falsa, sólo a la mayoría, como señalaba acertadamente Stuart Mill, allá por el año 1861.

Schumpeter define la democracia como:

“un mecanismo para resolver el problema de la elaboración de las decisiones sociales entre grupos de intereses contrapuestos que permite que la mayor parte posible de la población influya en estas decisiones a través de la posibilidad de elegir entre candidatos alternativos para el desempeño de un cargo”.

Ello implica un sistema de creencias que legitima el modelo: partidos políticos y prensa libre. En segundo lugar, debe existir un grupo de dirigentes que están en el poder y otros que actúan, como oposición, intentando conseguir el poder. Si no hay un sistema de valores que permita el juego pacífico del poder, no puede haber una democracia estable. Por otra parte, si no hay un otorgamiento periódico de autoridad efectiva a un grupo, un partido o coalición electoral estable, el resultado será un gobierno inestable o irresponsable y no una democracia.

El grado de acercamiento al fin del Estado, esto es, el máximo desarrollo de la personalidad de cada miembro, se corresponde,  como decía Karl Loewenstein en 1976 “con los progresos que cada sociedad estatal ha realizado en relación con aquellas instituciones destinadas a controlar y limitar el poder político“.

Es decir, el poder, además de ser democrático en su origen, debe rendir cuentas.

II

Un aspecto concreto de la legitimidad de la democracia y del derecho de participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos es la necesidad de reconocer eficacia jurídico-política a las distintas expresiones de la sociedad, a todas, incluso a las consideradas por los partidos políticos como “políticamente incorrectas“, esto es, los votos en blanco, los votos nulos con motivación política (los que no se deben a errores involuntarios) y las abstenciones con intencionalidad política evidente.

En estas últimas elecciones del 22-M, los votos en blanco junto con los nulos han sido la opción elegida por un millón de personas. La abstención política es difícil de estimar, aunque no parece que haya sido muy significativa, a tenor de que no ha sido pedida por ninguna fuerza política, social o sindical de manera expresa.

Un millón de personas han acudido a votar en blanco o nulo, y, con su voto, están expresando que creen en la democracia, pero que no están de acuerdo con el funcionamiento de los partidos políticos, con el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas o con alguna otra circunstancia.

Acudir a votar sabiendo que el voto va a ser ignorado por los partidos políticos es una prueba fehaciente del deseo de participación en los asuntos públicos, que no se puede ni se debe menospreciar. Sin embargo, no está reconocido eficazmente en el sistema electoral vigente. Se cuentan y a la papelera del olvido.

Si de 100 personas con derecho a votar 30 no lo hacen por razones digamos técnicas (abstención sin intencionalidad política evidente), pero 10 van a votar y lo hacen en blanco, tachando nombres de algunos de los candidatos, o con mensajes nítidamente políticos, lo cierto es que los 60 que votan como quieren los partidos se reparten el 100% de los escaños, con lo que los votos nulos y blancos no producen ningún efecto real en los ayuntamientos o parlamentos.

Si, por ejemplo, ese 10% de votantes en blanco o votos nulos consiguieran que el 10% de los escaños (concejalías, escaños parlamentarios) se quedaran vacíos, es claro  que su voto estaría reflejado en los parlamentos, en forma de protesta/crítica, que conduciría necesariamente a asumir el debate en serio por los partidos políticos para plantear en serio una reforma de la ley electoral, al menos en las elecciones locales, introduciendo, por ejemplo, un modelo de listas abiertas.

Sobre esta cuestión hice  unas declaraciones al diario EL PAIS, el año 1993, en línea con lo que acabo de argumentar. Lo recojo aquí por si alguien desea verlo y, en su caso, enviar un comentario sobre la propuesta.

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I

El 28 de mayo se celebró el 125 aniversario de la constitución de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, primera de las Cámaras de Comercio, creada al amparo del Real Decreto de 9 de abril de 1886.

La conmemoración está teñida de nubarrones, puesto que, como ya lo he comentado en varios posts anteriores, el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, ha modificado sustancialmente la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, aunque, afortunadamente, no ha acabado con ellas.

II

En la actual coyuntura, conviene recordar que las Cámaras, cuyos antecedentes se remontan a la Baja Edad Media, nacieron a partir de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas“, que, sin embargo “han de tener carácter oficial y sus actos no han de ser meramente privados y los poderes públicos han de tener que contar con su concurso“. Serían asociaciones de carácter permanente, con requisitos de pertenencia fijados por la Administración y un amplio catálogo de funciones/competencias.

El Real Decreto de 21 de junio de 1901, amplió sus atribuciones y recursos, calificándolas como “establecimientos públicos“, que “tendrán la representación del comercio y de la industria”.

No obstante, la carencia de recursos fue una constante en los primeros años. Bartolomé Amengual decía en 1910 que “la carencia de recursos privaba a las Cámaras de ejercer las funciones que el Estado les confiara” denunciando que “habían tenido que reducir casi por completo su actividad a proponer, pedir, reclamar actos de Gobierno, esto es, a la esfera propia de las asociaciones privadas“.

Hasta que la Ley de Bases de 29 de junio de 1911, reconoció la pertenencia obligatoria  de todas las empresas, en calidad de electores, y la contribución a su sostenimiento por parte de las empresas con beneficios.

La Ley de Bases de 1911 sobrevivió a todos los  regímenes políticos y la Ley 3/1993, de 22 de marzo, reforzó el papel de las Cámaras como Corporaciones de Derecho público, con funciones de carácter público-administrativo y relevancia constitucional reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 107/1996, de 12 de junio.

Todo ello hasta que el 3 de diciembre de 2010, el Real Decreto Ley 13/2010, olvidándose de la historia y de la relevante misión desempeñada por las Cámaras y los Consulados a lo largo de los siglos, se eliminó la pertenencia obligatoria y del consiguiente pago de cuota alguna, privando a las Cámaras de, al menos, un 50% de su financiación.

III

Fue en Bilbao donde se constituyó la primera Cámara de Comercio, justo un mes y medio  después de publicado el Decreto de 9 de abril de 1886 en la “Gaceta de Madrid“, el plazo exacto y mínimo determinado por dicho Decreto.

Se constituyó una Comisión preparatoria, presidida por Eduardo Aznar, que redactó el Reglamento provisional, elaboró una lista de 538 nombres de comerciantes, industriales, navieros, y capitanes de la marina mercante de altura, se reunieron en Asamblea en el Salón de Actos del Instituto Vizcaino, y se constituyeron como “Cámara de Comercio de Bilbao” el 28 de mayo de 1886, se aprobó el Reglamento, se eligió la primera Junta Directiva, presidida por Pedro T. de Errazquin, y se crearon cuatro Comisiones:

– Comisión de Navegación.

– Comisión de Aduanas y Ferrocarriles.

– Comisión de Industria, Exposiciones y Estadística.

– Comisión de Legislación, Enseñanza y Asuntos Generales.

La cuota que se estableció fue de 5 ptas. al año a pagar por cada asociado.

La Cámara quedó constituida finalmente con 504 asociados y el entonces ministro Montero Ríos publicó una Orden el 14 de junio de 1886, en la que reconocía la constitución de la Cámara y manifestaba a sus componentes que:

“ha visto con sumo agrado y complacencia  la actividad desplegada por los mismos”

y que

“espera confiadamente que así como fueron los primeros de España en formar Cámara, demostrarán en lo sucesivo igual celo, inteligencia y laboriosidad en el desempeño de su cometido, que aquellos de sus antepasados que tanta nombradía adquirieron por su interés en el desarrollo del comercio y por la redacción de sus célebres Ordenanzas, consideradas como uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Para un bilbaino como yo, que ha tenido la suerte de ser Secretario-Director de la Cámara de Comercio de Bilbao, antes y después de ser alcalde de la Villa, es un honor poner de manifiesto lo que hace 125 años reconocía públicamente un ministro de la Reina Regente:

“el celo, la inteligencia y la laboriosidad de los bilbainos”,

junto con una manifestación en relación con las Ordenanzas de Bilbao, consideradas como

 “uno de los documentos más preciados en la historia de la legislación mercantil“.

Por ello, apena ver la situación en la que en la actualidad se encuentran las Cámaras, a las que se ha privado del 50% de sus recursos y modificado su naturaleza jurídica, cambiando de modelo y creando una profunda incertidumbre en relación a su futuro.

Espero confiadamente en que los actuales rectores de las Cámaras de Comercio, ahora que se celebra el 125 aniversario del Real Decreto de 1886, que sentó las bases para su constitución (aunque llevaban siglos participando en la defensa de los intereses comunes del comercio, la industria y la navegación por medio de los Consulados y Gremios), sepan estar a la altura de las circunstancias y defender con firmeza y determinación estas instituciones seculares.

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