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Archive for the ‘Cámaras de Comercio’ Category

Tras el sorprendente RDLey 13/2010, que modificó la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, vaciando de contenido el art. 52 de la Constitución , en contra del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de 1996,  las Cámaras de Comercio van camino de convertirse efectivamente en meros apéndices de las organizaciones empresariales.

Todo lo cual, entre otras consecuencias, ha forzado la dimisión del anterior presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez-Navarro y, lo que es aún más doloroso, se han iniciado ya expedientes de regulación de empleo y despidos individuales con fórmulas jurídicas diversas que, a mi juicio,  deben ser cuestionadas, en todo caso son controvertibles, dada la naturaleza (de muy difícil definición, por cierto) que aún persiste en las Cámaras, y, especialmente, que los trabajadores de las Cámaras de Comercio que estuvieran en plantilla con anterioridad a la Ley 3/1993, están sujetos a un régimen especial, estatutario, con garantías de inamovilidad y condiciones análogas a las de los funcionarios públicos, y, asimismo, por la necesidad de utilizar los recursos económicos de las Cámaras de acuerdo con la Ley (al menos, habilitación de los créditos correspondientes, con un procedimiento legal, esto es, en su caso, contar con los representantes de los trabajadores y, como mínimo, modificación presupuestaria aprobada por el Pleno y la Administración tutelante).

A partir del 3 de diciembre, me han ido enviando comentarios, que los he ido colgando en el blog.

Hoy recibo nuevos artículos de funcionarios, despedidos o en trámites de despido, que he dado entrada en los lugares sugeridos por quienes me enviaron sus notas. Al objeto de agruparlos, los transcribo a continuación:

– Anónimo dice:

“He trabajado en una  Cámara de Comercio durante más de 34 años. El día 15 de marzo se me notificó mi despido, al igual que a ocho de mis compañeros, pero una de ellas no lo ha aceptado y los ha llevado a juicio, a ver qué tal le saldrá el asunto. Pero lo que no veo justo que nos hayan despedido a nueve personas, y que en el mes de enero se contratara a una Directora Gerente, que, según el Presidente, la han contratado para relanzar la Cámara, pero con el dinero de sus nueve trabajadores. ¿Eso es justo?
Os diré que de todas las personas que han despedido, al menos 7, llevábamos más de 20 años trabajando, y sin embargo contrataron a una persona en el mes de noviembre y a esa no la han despedido ¿Por qué?
También os contaré que en la legislatura 2006-2010, al que eligieron como Tesorero, le pusieron un despacho para ayudar al Contable, pero la sorpresa fue, que cuando se ha terminado su legislatura, el Tesorero se ha quedado como empleado o vete a saber qué, ya que ha continuado en su despacho y con e-amail de la Cámara, creo que este señor está cobrando un sueldo de la Cámara, y sin embargo despiden a trabajadores. Creo que en las Cámaras hay muchos chanchullos y se tendría que investigar a todas las Cámaras para ver a dónde va el dinero realmente; aunque se pasen controles con los censores jurados que pasan todos los años, he vivido durante estos años mucho despilfarro de dinero.
No es justo el despido de los trabajadores de las Cámaras de Comercio, ellos son el motor de las Cámaras y los que dan la cara delante del público cuando van a pagar su cuota y, a veces, nos han llamado hasta ladrones y de todos los insultos.

– Maritere envía un primer comentario en este sentido:

“Os tengo que dar una mala noticia que seguramente muchos de vosotros conocéis.
Fui trabajadora de la Cámara de Comercio y “bebercio” de Salamanca. Me “despidieron” o me robaron mi puesto de trabajo después de estar aguantando a estos individuos fascistas durante 32 años.
Estoy luchando por desenmascarar a estos sujetos aprovechados que viven “a cuerpo de rey” pegándose sus buenas comilonas cargando sus viajes a los gastos de la Cámara, vendiendo sus productos la mayoría de las veces no sirven para nada, paseándose en un Audi pagado con el dinero del contribuyente, es decir, haciendo su negocio particular en la Cámara.
Yo los he denunciado, igual que el despido.
Leeros mi Sentencia en la página del Tribunal Supremo y os quedará claro que las Cámaras no son más que “empresuchas” manipuladas por sinvergüenzas corruptos y en ningún caso son Administraciones Públicas porque, si así fuera, no podrían despedir de forma improcedente, pues se debería aplicar la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ver mi blog, mi lucha seguirá pero mucho me temo que la Ley en España protege al delincuente y al final, como el Camps, se saldrán con la suya y seguirán “mangando” quitándose de encima a los testigos molestos que somos los trabajadores antiguos.
En fin, luchad.
Salud.

– Y en una nota posterior, añade:

“Por favor, publicad mi blog para que los trabajadores de las Cámaras y sus abogados lo lean si tienen que acudir a juicios por despido.
http://comerciantesyempresarios.blogspot.com/
Ver mis sentencias y os daréis cuenta los jueces que tenemos en esta España.

Ése es, pues, el blog que Maritere me pide lo publique.

– Finalmente escribe un tercer comentario, dirigido a “Anónimo”, y, por extensión, a cuantos se encuentren como él, que dice lo siguiente:

“Excompañero:
Léete mis sentencias de la Cámara de Salamanca. Estoy segura que al menos podrás conseguir el despido improcedente.
Si consigues el “improcedente”, dile a tu abogado que no se olvide de citar Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Cuando el despido es declarado improcedente procede la readmisión inmediata. A mí no me lo concedieron pero la justicia es como es, nunca se sabe, al menos te indemnizarán con 45 días por año como a mí.
Por cierto lo tengo denunciado por la vía penal por malversación de fondos públicos.
Bueno y más cosas
Salud.

 Dado el interés del contenido de las experiencias particulares de estas personas, creo que es bueno agruparlas para que, a quien le interese, pueda analizarlas en su conjunto, sin que necesariamente se comparta algunos de los calificativos empleados, debidos sin duda a una situación desesperada.

Como se ve por estas y otras noticias, las Cámaras van avanzando en el camino iniciado de asumir sin rechistar la reforma, y reducir las plantillas con procedimientos varios, algunos de ellos de dudosa legalidad, que son respondidos por los funcionarios de manera individual, lo que, a mi juicio, perjudica al conjunto de los trabajadores de las Cámaras.

Me gustaría poder dar mejores noticias  en relación con el mundo cameral, pero la situación es la que es.

Poco se sabe de la opinión de los Plenos o de las Administraciones autonómicas (con derecho/deber de tutela, no se olvide) en relación con el RDlLey 13/2010 y sus consecuencias más visibles, esto es, los despidos. Lo que, sin duda, resulta descorazonador.

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Hace poco más de un año (marzo-abril 2010) inicié esta sugestiva travesía en las redes sociales y abrí este blog, inicialmente subtitulado como  “El control de las cuentas públicas“.

Desde mi experiencia en la empresa privada y en la Administración Pública, así como desde mi actual trabajo y actividad investigadora en campos tan distintos e interesantes como las Cámaras de Comercio y los Tribunales de Cuentas, pretendía transmitir, a quien estuviera mínimamente interesado, unas ideas tan variopintas como mis opiniones y actuaciones en la política,  el papel de las Cámaras de Comercio, la auditoría pública o la fiscalización de las cuentas públicas.

He pasado de gestor (de la empresa privada y de lo público), a controlador de los que gestionan y la doble perspectiva me ha enriquecido.

Venía  de estar cerca de veinte años en la gestión de la Administración pública, por lo que consideraba que podía aportar mi experiencia en ambos lados de la mesa: desde el lado de quien decide las inversiones públicas y desde quien controla a los que toman las decisiones. Los que me estáis visitando en el blog sois quienes podéis juzgar si estoy acertando en la pretensión inicial.

Posteriormente abrí el abanico de comentarios en el  blog para contar cosas de Bilbao y de sus gentes, de su historia y del presente, aspectos jurídicos, políticos, económicos y otras sensaciones que me sugiere la realidad actual.

El resultado ha sido, al menos para mí, sorprendente: hasta hoy, 40.247 visitas, y lo que aún creo que es más significativo, 1.241 comentarios de todo tipo a lo largo de 119 entradas o posts que he escrito hasta ahora.

Muchas gracias a todos.

 Vuestra colaboración/participación, como lectores o como protagonistas de vuestras propias opiniones (favorables, matizadas o contrarias a lo por mí expresado), me animan a seguir adelante en esta apasionante aventura.

Os animo a que sigais colaborando en el blog.

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Xabier Aguirre, diputado general de Araba/Álava y candidato a la reelección en las próximas elecciones del 22-M por el PNV,  ha sido el único político al que, al menos yo, he escuchado en público asumir un compromiso con la Cámara de Comercio de su Territorio.

En concreto fue en la presentación de su candidatura, ante el presidente de la ejecutiva de su partido, Iñigo Urkullu, ante el Fórum Nueva Economía. el pasado viernes, 5 de mayo, en Bilbao, cuyo contenido global he dejado recogido en la anterior entrada.

A lo largo de su disertación, Agirre manifestó su opinión de que las Cámaras de Comercio deben especializarse en actividades de apoyo a la internacionalización de las empresas, ahora que se han visto modificadas en su naturaleza jurídica a raíz del RDLey 13/2010, de 3 de diciembre (absurda decisión a mi juicio),  que ha supuesto la dimisión de Javier Gómez-Navarro (hasta ahora presidente del Consejo Superior de Cámaras), sustituido por Manuel Teruel.

Xabier Agirre añadió que se comprometía a llegar a acuerdos con la Cámara de Comercio de Álava, aunque no especificó de qué tipo: convenios de colaboración, encomiendas de gestión u otros.

Pero dado el abandono institucional al que han conducido a las Cámaras de Comercio desde las más amplias instituciones públicas, partidos y organizaciones empresariales, quiero dejar constancia aquí de una opinión de un cargo público sobre su futuro y de un compromiso de colaboración y apoyo, no muy concretado, pero expresado públicamente.

Si nadie lo remedia y no se revisa o recurre la decisión para impedir el cambio de modelo de Cámaras tan radical, que es lo que se debería hacer a mi juicio, al menos ¡que cunda el ejemplo!

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Javier Gómez-Navarro dimite como presidente de las Cámaras de Comercio

 

La dimisión del presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, va a servir, sin duda, para poner al descubierto la chapuza que se ha hecho con unas instituciones herederas de los antiguos Consulados y que habían sobrevivido a todo tipo de regímenes en su modelo vigente.

Aprecio la dimisión por su valor testimonial. Aún desconociendo las razones completas y veraces que han llevado a Gómez Navarro a tomar esa decisión, es una decisión, en todo caso, valiente. Dimitir no es nada fácil. No hay más que observar las escasísimas ocasiones en que se producen dimisiones en la política o en los cargos institucionales. Y le doy valor a la decisión porque es muy dura y difícil. Lo sé por propia experiencia. Yo lo hice seis meses antes de las siguientes elecciones, es decir, estando en el poder, y con encuestas muy favorables hacia la gestión que estaba realizando. Gómez Navarro lo hace pocos meses después de haber sido reelegido prácticamente por unanimidad, por lo que se debe deducir que lo había hecho muy bien en el mandato anterior.

Se debe dimitir (aunque no se suele hacer, desgraciadamente), cuando un cargo debe asumir la responsabilidad propia o de su equipo por errores o irregularidades relevantes, que no es el caso del presidente de las Cámaras. Gómez Navarro, al dimitir, está mostrándonos la dimensión humana de una persona en un cargo, que, por causas ajenas a su voluntad y a la de su equipo, circunstancias sobrevenidas hacen que no pueda cumplir aquello a lo que se comprometió cuando accedió al cargo. Todo un ejemplo. 

En una decisión precipitada y absurda, el Gobierno presentó y el Pleno de las Cortes Generales convalidó un Decreto Ley que terminaba, de un plumazo, con el modelo de Cámaras de Comercio, un modelo similar al vigente en la Europa continental (Francia, Alemania y muchos más países incluidos), por el que las Cámaras de Comercio, Corporaciones de Derecho público, tienen atribuidas por ley funciones de carácter público, en representación de todas las empresas. Debido a dichas funciones la Ley reconocía y el Tribunal Constitucional así lo sentenció, la pertenencia obligatoria a las mismas, en calidad de electores, de todas las empresas y de contribuir a su sostenimiento con una cuota más que razonable, denominada recurso cameral permanente, a pagar sólo por las empresas con beneficios.

Dado que está más que acreditado que quienes más han estado utilizando las Cámaras han sido las PYMES,  y que son las grandes empresas las que más contribuían a su sostenimiento, por concentrar un mayor volumen de beneficios,  los recursos públicos manejados por las Cámaras, cumplían un claro fin redistributivo.

 Bien por desconocimiento de su misión y los servicios que prestan al tejido empresarial; bien por no conceder importancia a la idea de que en una sociedad democrática la interacción Estado-Sociedad es un valor positivo a preservar, o bien porque desde algunas grandes empresas y algunas organizaciones empresariales siempre han querido utilizar a las Cámaras en defensa de sus intereses sectoriales, el hecho es que cuando se convalidó el Decreto-Ley 13/2010 por el Parlamento, no se oyeron quejas significativas, salvo un par de comunicados, precisamente, del Consejo Superior de Cámaras que presidía Gómez Navarro.

La sociedad no ha reaccionado. Los partidos políticos parecen estar todos de acuerdo. Las Administraciones autonómicas, que son las Administraciones de tutela, miran a otro lado como si nada fuese con ellos.

 Desde luego se echa en falta por encima de todos los demás silencios, la movilización real y efectiva de los más de 80 presidentes y sus correspondientes Plenos. No sé si por prudencia, por miedo a perder los cargos o por estar de acuerdo con el Decreto Ley 13/2010, han hecho  mutis por el foro descaradamente y han iniciado los ajustes. Primero, el personal a la calle.

He escrito abundantes comentarios sobre la materia, que no voy a repetir ahora. Sólo lo resumo y lo enlazo para el que lo quiera ver: “Inquietud en las Cámaras de Comercio“; “Decreto de 13 de junio de 1936 como norma aplicable para el régimen de personal…”; “El art. 52 de la Constitución y las Cámaras de Comercio”; “Las Cámaras de Comercio, ¿meros apéndices de las organizaciones empresariales?; “Aún quedan vías procesales para la defensa de las Cámaras de Comercio”; “¿Pueden plantear un ERE en las Cámaras de Comercio?;  y varios más que se encuentran en el blog.

El ajuste ya se ha iniciado, de manera descentralizada, un acuerdo aquí con un par de personas, un despido allí, unas indemnizaciones pactadas que no son nada claras aunque se hayan aceptado por el trabajador, si no se han hecho con un presupuesto previamente aprobado por la Administración tutelante (“Pueden los presidentes y comités ejecutivos de las Cámaras de Comercio disponer de dinero de los presupuestos para indemnizar a sus empleados?” ). Y sobre todo, con un impresionante silencio. Nadie dice nada. Ni los presidentes, ni los Plenos ni la Administración tutelante. Sálvese quien pueda. ¡Qué pena!

Felicito a Gómez Navarro porque su gesto significa que no ha podido frenar el atropello y ha querido exteriorizarlo por responsabilidad institucional. Esto, a mi juicio, le honra. Su dimisión seguro que va a servir para poner al descubierto la chapuza.

Un último asunto. En el tema de las Cámaras hay dos intereses en juego: la supervivencia, con dignidad y eficiencia, de las propias instituciones y el puesto de trabajo de al menos la mitad de los 3.000 empleados-funcionarios. Ambos son valores que deben defenderse.

Aún no se ha estudiado en serio la vía jurídico-constitucional para combatir el Decreto-Ley y defender el anterior statu quo del modelo avalado por el Tribunal Constitucional.

Si no piensan plantear la cuestión de fondo, esto es, la posible inconstitucionalidad de la decisión o su contradicción con una sentencia clara del Tribunal Constitucional, que avalaba el modelo anterior, ¿por qué no dimiten todos los cargos electos, que ocupan escaño en unas Cámaras que ya no existen como tales, porque han transmutado su naturaleza jurídica, y siguen así el ejemplo de Gómez Navarro?

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La situación de los empleados de las Cámaras de Comercio, además de huérfana, está llena de nubarrones por todas partes, cada día más deteriorada.

A mí, como exsecretario-director de la Cámara de Comercio de Bilbao, me apena profundamente observar cómo algunos órganos de las Cámaras se han puesto a negociar, silenciosamente, despidos de los empleados, pensando, se supone, que esa es la solución del futuro de estas instituciones, pero, quizás, sin atribuir ninguna consecuencia ni valor al hecho de la naturaleza de las Cámaras de Comercio ni, al parecer, al régimen jurídico del personal empleado en dichas Corporaciones de Derecho Público.

 Toni ha enviado un comentario al blog, que dice:

Estimado José Mª,
Muy interesante tu artículo sobre el arte en las calles de Bilbao.
Como la mayoría de empleados de las Cámaras de Comercio (especie en vías de extinción) pronto estaremos en la calle podremos disfrutar sin límites del maravilloso arte urbano de nuestras respectivas poblaciones.
Los sacrificados empleados de las Cámaras, auténticas víctimas, junto con las PYMES, del desastre al que están abocando al mundo cameral, echamos de menos un nuevo artículo/opinión/mensaje que pusiera un poco de cordura en el sinsentido cameral.
Entre todos las mataron y ellas solas se murieron.
Perdón por el atrevimiento.
Gracias y saludos cordiales,

Los representantes de la Cámara de Comercio de Valladolid informan de cinco despidos inmediatos y cuatro más para esta próxima semana:

La modificación legal se produjo el día 3-12-2011 y durante los meses de Diciembre de 2010 y Enero de 2011, el Presidente de la Cámara, D. Jose Rolando Álvarez Valbuena, dijo en los medios de comunicación que no habría ningún despido. Que el equipo humano era el principal activo de la Cámara y que era necesario para afrontar la nueva etapa con todos los recursos disponibles. Y que ello sería posible porque la Cámara de Valladolid, desde hace muchos años, había logrado a base de esfuerzo un importante nivel de autofinanciación, en concreto del 70%.
En el mes de Febrero se convocó sesión del Comité Ejecutivo y del Pleno con un apartado denominado Asuntos Internos. Al día siguiente de su celebración se pidió información al Director de la Cámara de las medidas acordadas en relación con el personal y la Dirección dijo que no había ninguna medida adoptada aunque “algo habrá que hacer“. Con dicha información se convocó un asamblea de empleados de la Cámara para el lunes 14 de marzo, dicha asamblea tuvo que adelantarse de forma urgente al jueves día 10 de marzo ante una reunión que mantuvieron los representantes de personal con el Director General, D. Félix González Moro, el cual informó que se iba a producir en un plazo de 7 días, el despido inmediato de entre el 20-30% de la plantilla actual.

Ante esta situación los trabajadores propusieron la posibilidad de realizar conjuntamente un plan de viabilidad:
1. Desarrollar un Plan de Actuación con nuevos servicios, que generen ingresos.
2. Diseñar un Plan de Ajuste de Gastos (bajas voluntarias, pre-jubilaciones, reducciones de jornada, jornada continua,…) que implique un conjunto de medidas, acorde con el Plan de Actuación de servicios. La reducción de plantilla debe ser la última opción.
3. Contar con el esfuerzo conjunto de toda la plantilla y órganos de gobierno de la Cámara con el fin de lograr los objetivos del Plan de Actuación.
Estos despidos se producen, según criterio de la Cámara de Comercio, de manera objetiva, siguiendo las directrices del Comité Ejecutivo y del Pleno de la institución. Esta decisión se ha tomado unilateralmente sin ningún tipo de negociación con los trabajadores, realizando despidos “objetivos” con 20 días por año trabajado y sin preaviso.
En el día de hoy se ha producido los primeros 5 despidos inmediatos, dejando para la semana que viene, otros 4.
Los trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.

 Conchi alerta del riesgo de aceptación sumisa por parte del conjunto de trabajadores de las Cámaras (no se debe olvidar que, hoy por hoy, son más de 3.000):

Despidos y más despidos, y todos bajo un mismo patrón, la táctica que han tomado los Órganos de Gobierno de las Cámaras que están despidiendo, está muy clara: “despedir con una indemnización de 45 días por año”, en algún caso han llegado a 50 días por año trabajado, y tras esto decirles a los “nuevos parados” …. si protestas se quedará en 20 días.
Si los compañeros “nuevos parados”, valoran su puesto de trabajo, en eso, en 25 días por año trabajado, PUES ADELANTE.
Yo, personalmente lucharía más, intentaría que alguien considerara el despido como NULO.
Argumentos hay muchos:

¿los Órganos de Gobierno de las Cámaras, y según el Real Decreto Ley, están legalmente constituidos?;
¿se puede regalar o indemnizar por despidos improcedentes fondos públicos?;
¿se han aprobado presupuestos extraordinarios para pagar los despidos?;
¿se ha mandado a las comunidades autónomas la variación de la plantilla?, etc. etc.
¿Sabéis que una vez recibida una indemnización, ya no te la pueden rebajar? ¿Y que, como mínimo la recibida, es la que te quedará?.

Pero todo esto, solamente me deja una triste reflexión; estamos ante una nueva versión de “EL SILENCIO DE LOS CORDEROS”.
¿Será normal la actitud de sumisión de nuestros compañeros frente a la barbarie de los despidos?.

 Manuel comparte el descarnado análisis de Conchi y añade una noticia de la Rioja en la que ya se habla sin ambages de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos:

Conchi, tienes razón. Mira está reciente noticia:

http://psoelarioja.es/n-121-PSOE_lleva_Fiscal_caso_mobbing

El Secretario General del PSOE en La Rioja y candidato a la presidencia del Gobierno regional ha presentado un escrito al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja para denunciar un presunto “delito de prevaricación y malversación de fondos públicos”, ante el caso de la indemnización recibida por un funcionario público por parte del Ejecutivo autonómico.

No nos olvidemos, que hay una sentencia en la que dice que los miembros de los plenos de las Cámaras son cargos públicos, e incompatibles con otros cargos públicos.

En otro rato pondré el enlace de esta sentencia.

 Conchi incide nuevamente en la cuestión de fondo, con un interesante comentario en relación con la Cámara de Comercio de Gijón, aportando unos juicios de fondo sumamente relevantes: la duda de si los órganos de gobierno pueden o no disponer de los fondos para pagar indeminizaciones, así como el alcance de su responsabilidad en la gestión deficitaria y también la responsabilidad de la administración tutelante en el ejercicio de la tutela establecido por la ley. Dice así:

En la Cámara de Comercio de Gijón, se avecinan nubarrones. Como siempre los perjudicados serán sus empleados. Mirar el siguiente enlace…..

http://www.lne.es/gijon/2011/03/20/felix-baragano-pierde-apoyos-comite-ejecutivo-camara-comercio/1048541.html

La gestión de los directivos de la Corporación ha logrado “amasar un déficit” de 800.000 €, y claro la repercusión más inmediata es “despedir”. No es irse ellos a la calle, es despedir.

Claro está “los culpables de la gestión económica de la Cámara son los empleados”, al menos ellos lo pagarán, como no podía ser de otra forma la solución una vez más es despedir. Pero igual se puede cambiar la historia y los que queden deshabilitados para ejercer cargo público sean nuestros “queridos” directivos, si es que no lo están ya.

¿Donde están los responsables del Principado?, ¿No son ellos la Administración Tutelante?, ¿No aprueban ellos los presupuestos y las liquidaciones?.

Compañeros, no se os olvide que los responsables de la gestión son los órganos de gobierno de la Cámara, y que cuando hacen actos de irresponsabilidad y mala gestión se puede denunciar. Pero no por eso los responsables de la administración tutelante quedan exentos de su responsabilidad, posiblemente tienen más responsabilidad que los propios miembros del pleno, por su manifiesta y repetida dejación de funciones.

Seguro que todos tenemos experiencias similares, seguro que todos hemos visto a nuestros responsables políticos de nuestras respectivas Cámaras, haciendo sus mítines y poco menos que diciendo que cuánto quieren a las Cámaras. Ahora, ¿cuánto nos quieren?. Nada de nada, pasan de las Cámaras y de sus empleados como si fuéramos sus amigos invisibles, ¡qué vergüenza!.

En resumen, como se dicen en esta tierra, ante cualquier despido, “leña al mono” y denuncias al canto tanto a los Presidentes, Comités Ejecutivos y Administraciones Tutelantes, todos ellos tienen su parte de responsabilidad tanto por mala gestión, como por omisión y dejación de funciones.

Tampoco os olvidéis de los Secretarios Generales, tienen la obligación inexorable de “velar por la legalidad de los acuerdos“, y todos sabemos que algunos de ellos se excusan poniendo por delante a sus presidentes y al acuerdo del Comité Ejecutivo, pero sin denunciar los hechos ante la Administración Tutelante, que en definitiva es su obligación.
¿Acaso pagar despidos improcedentes con fondos públicos es legal?, y
¿Hacer pagos sin partida presupuestaria?.
Pues queridos Secretarios Generales, no, no lo es y vosotros tenéis la obligación de saberlo, de saberlo y de hacerlo constar en las actas, y por supuesto de hacer traslado de la ilegalidad a las comunidades autónomas.

Las partidas de personal, son exclusivamente para pagar al personal sus haberes, y no se puede utilizar para pagar despidos.

Ante la urgente y grave situación, se están planteando dudas sobre las responsabilidades (ilícitos administrativos y eventuales delitos penales) de todo tipo que afectan a los plenos, presidentes y comités ejecutivos, así como a las administraciones tutelantes, al manejar fondos públicos para indemnizar despidos, lo que deviene en una situación compleja, grave y de gran relevancia jurídica y sindical.

 Creo que la cuestión merece analizarse con detenimiento.
Urge, a mi juicio, centrar la cuestión, profundizando en el debate planteado. Por mi parte trataré de hacer algún comentario con algo más de reflexión en los próximos días, pero invito desde ya a cuantos deseen participar en dicho debate aportando propuestas. El tiempo apremia.

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I

 De un lado, los poderes públicos están sujetos al principio de legalidad (sin una atribución legal previa de potestades, la Administración no puede actuar), junto con otros principios (irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad, jerarquía normativa y responsabilidad), que forman una unidad sistemática y tienen carácter informador de todo el ordenamiento, de acuerdo con el art. 9.3 de la Constitución (CE).

El principio de legalidad significa que los poderes públicos deben actuar de acuerdo con la ley, sólo pueden tomar una decisión si están amparados por una ley que les faculte,  y sujetos a unos procedimientos y unas normas que no se pueden saltar, lo que limita su capacidad de gestión.

Hay, sin embargo, un margen para tomar las decisiones públicas, basado en lo que se denomina “conceptos jurídicos indeterminados“, que dejan un margen de discrecionalidad para elegir entre varias opciones, con el límite de la arbitrariedad, prohibida por la propia Constitución, como se ha señalado antes.

II

Por otra parte, el art. 31.2 de la Constitución establece:

“El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía

Además, el art. 103.1 CE, además de afirmar que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, señala los principios de acuerdo con los que actúa y, entre ellos, cita expresamente el principio de eficacia.

De ambos artículos se deduce, en primer lugar, la directriz normativa de la Constitución, que es muy clara: el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos públicos. Es el principio de justicia material del gasto público.

Pero unido a ello, las Administraciones públicas están sujetas, en la programación y ejecución del gasto público, a tres principios o criterios: eficiencia, economía y eficacia, lo que se ha dado en llamar las tres E´s.

Se entiende como gestión eficiente aquella que permite transformar los recursos en productos o servicios de la forma más productiva, al menor coste. Esto es, los medios escasos con que se cuenta para la consecución de los fines públicos, se han de utilizar del modo más idóneo y eficaz posible.

La gestión eficaz es la que permite alcanzar los objetivos previstos.

La gestión económica es la relación del coste entre los recursos empleados y los presupuestados.

III

En síntesis, las actuaciones de los poderes públicos (no sólo de la Administración pública) están sujetas no sólo al principio de legalidad (art. 9 CE); también a los principios de eficiencia, economía y eficacia que forman parte de la Constitución y, por tanto, obligan a todos.

Y ello es aplicable para todo tipo de actos o actuaciones de los poderes públicos. De ahí que quienes venimos manifestándonos en contra del cambio de modelo para las Cámaras de Comercio introducido por el Real Decreto Ley 13/2010, debamos analizar la cuestión no sólo a la luz del principio de legalidad (si es o no válida la vía del Decreto Ley para modificar una competencia exclusiva de algunas de las Comunidades Autónomas, si se respeta o no la doctrina constitucional, etc.), sino más específicamente, si el nuevo modelo que va a surgir es más o menos eficiente, eficaz y económico para los fines públicos que desarrollan estas instituciones, puesto que de ahí se podría derivar una vulneración flagrante de principios normativos ínsitos en la propia Constitución (arts. 31 y 103 CE, entre otros).

Demostración que, indefectiblemente, deberían acreditar las propias Cámaras de Comercio.

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De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, “todos los poderes públicos están obligados  al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva” (art. 87.2 LOTC).

El Tribunal Constitucional analizó el modelo de Cámaras anterior al Real Decreto ley 13/2010 (con adscripción obligatoria y consiguiente pago del recurso cameral permanente con carácter también obligatorio, aunque gradualmente disminuido, con muchas empresas que no pagan aunque pertenezcan a las Cámaras y reciban sus servicios). El máximo intérprete de la Constitución lo validó como plenamente constitucional en base a que las funciones público-administrativas que la ley les otorga son de una clara concreción y operan de forma obligatoria, como “servicios mínimos obligatorios”, bajo el control de la Administración y con sumisión a un riguroso régimen jurídico-administrativo, tratándose de funciones de clara relevancia constitucional, que sólo por ello “resultaría suficiente para justificar la adscripción forzosa…” (STC 107/1996, de 12 de junio).

La STC 206/2001, de 22 de octubre reitera la condición de Corporaciones de Derecho Público y analiza aspectos competenciales concluyendo que la competencia básica del Estado no permite la atribución de facultades ejecutivas y de tutela al Estado y que el anclaje en el art. 149.1.18.ª de la Constitución debe tomarse en cuenta “con menor intensidad que en el caso de otras Administraciones en sentido estricto“.

El art. 52 de la Constitución queda, para las nuevas Cámaras de Comercio (de distinta naturaleza jurídica de las que existían hasta el Real Decreto Ley 13/2010), vacío de contenido, bastando el art. 22 CE, que reconoce el derecho de asociación.

¿Alguien puede probar que el Real DecretoLey 13/2010, cumple lo que resolvió el Tribunal Constitucional para las Cámaras de Comercio?

Si definimos la “eficacia” como el grado de cumplimiento de objetivos, en mi opinión, la eficacia se debe medir tras revisar el propio Tribunal Constitucional dicho Real Decreto Ley y compararlo con sus sentencias anteriores, para concluir si los poderes públicos han cumplido o no sus resoluciones.

Para ello, y sin perdernos en los procedimientos, resulta imprescindible que acudan a la vía del recurso de inconstitucionalidad quienes están legitimados. Para ello se dispone de tiempo. También  sigue ahí la cuestión de inconstitucionalidad, que, en cuanto se pueda utilizar, no debe desaprovecharse.

En este sentido, no sería nada despreciable que los plenos de las Cámaras tomaran acuerdos que les avalaran para trasladar a quienes están legitimados para hacerlo. A mí me falta información, pero no me consta que plenos de cámaras hayan resuelto algo en este sentido, más allá de notas de crítica al Decreto Ley.

Por otra parte, es sumamente importante recordar aquí que desde Catalunya y la Comunidad Valenciana se plantearon en su día sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que dieron origen a la STC 206/2001, de 22 de octubre, por unas cuestiones competenciales con consecuencias muchísimo menos relevantes y menos trascendentales para las Cámaras que las que va a producir el Real Decreto Ley si se aplica tal y como hoy está redactado.

¿Por qué hoy no se recurre desde estas Comunidades Autónomas?

¿Por qué no se recurre desde las Comunidades Autónomas en general, dadas las previsibles consecuencias económicas y sociales para todas ellas y para la mayoría, también competenciales?

Si hablamos de introducir modificaciones suavizadoras en los devastadores efectos que puede suponer la reducción de entre un 40%  o un 50% de los ingresos de las Cámaras para seguir cumpliendo sus funciones público-administrativas y los “servicios mínimos obligatorios” (de imposible cumplimiento) ahí están gestiones que, al parecer, se están haciendo ante la Ley de Economía Sostenible por parte del Consejo Superior de Cámaras y de algunos grupos parlamentarios.

Parece que no existe mucha información al respecto. Yo, al menos, no tengo ninguna y, quizás, así deba ser para no perjudicar las negociaciones. En cualquier caso, así no se alcanzará la máxima eficacia, puesto que la cuestión de fondo (adscripción forzosa o voluntaria) no es probable que se pueda ventilar con una enmienda, dado el tenor literal del Decreto Ley 13/2010.

Si hablamos de eficiencia (máximo de objetivos con mínimos medios), es obvio que los trabajadores de las Cámaras de Comercio, solos o asociados (comités de empresa, juntas de personal, asociación de secretarios, asociación de empleados o lo que hubiere) tienen menos medios para lograr alcanzar la máxima eficacia (a mi juicio, insisto, revisión por el Tribunal Constitucional del Real Decreto Ley).

En cualquier caso, no deben conformarse con dejar todo en manos de los plenos, comités ejecutivos, presidentes de sus Cámaras o en otras instancias político-institucionales. Fundamentalmente, porque los trabajadores son los que que más se juegan. De ahí que creo que se deben estudiar todas las iniciativas posibles, sin descartar a priori nada, ni siquiera la vía del Defensor del Pueblo.

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