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Archive for the ‘Cámaras de Comercio’ Category

Hace poco más de un año (marzo-abril 2010) inicié esta sugestiva travesía en las redes sociales y abrí este blog, inicialmente subtitulado como  “El control de las cuentas públicas“.

Desde mi experiencia en la empresa privada y en la Administración Pública, así como desde mi actual trabajo y actividad investigadora en campos tan distintos e interesantes como las Cámaras de Comercio y los Tribunales de Cuentas, pretendía transmitir, a quien estuviera mínimamente interesado, unas ideas tan variopintas como mis opiniones y actuaciones en la política,  el papel de las Cámaras de Comercio, la auditoría pública o la fiscalización de las cuentas públicas.

He pasado de gestor (de la empresa privada y de lo público), a controlador de los que gestionan y la doble perspectiva me ha enriquecido.

Venía  de estar cerca de veinte años en la gestión de la Administración pública, por lo que consideraba que podía aportar mi experiencia en ambos lados de la mesa: desde el lado de quien decide las inversiones públicas y desde quien controla a los que toman las decisiones. Los que me estáis visitando en el blog sois quienes podéis juzgar si estoy acertando en la pretensión inicial.

Posteriormente abrí el abanico de comentarios en el  blog para contar cosas de Bilbao y de sus gentes, de su historia y del presente, aspectos jurídicos, políticos, económicos y otras sensaciones que me sugiere la realidad actual.

El resultado ha sido, al menos para mí, sorprendente: hasta hoy, 40.247 visitas, y lo que aún creo que es más significativo, 1.241 comentarios de todo tipo a lo largo de 119 entradas o posts que he escrito hasta ahora.

Muchas gracias a todos.

 Vuestra colaboración/participación, como lectores o como protagonistas de vuestras propias opiniones (favorables, matizadas o contrarias a lo por mí expresado), me animan a seguir adelante en esta apasionante aventura.

Os animo a que sigais colaborando en el blog.

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Xabier Aguirre, diputado general de Araba/Álava y candidato a la reelección en las próximas elecciones del 22-M por el PNV,  ha sido el único político al que, al menos yo, he escuchado en público asumir un compromiso con la Cámara de Comercio de su Territorio.

En concreto fue en la presentación de su candidatura, ante el presidente de la ejecutiva de su partido, Iñigo Urkullu, ante el Fórum Nueva Economía. el pasado viernes, 5 de mayo, en Bilbao, cuyo contenido global he dejado recogido en la anterior entrada.

A lo largo de su disertación, Agirre manifestó su opinión de que las Cámaras de Comercio deben especializarse en actividades de apoyo a la internacionalización de las empresas, ahora que se han visto modificadas en su naturaleza jurídica a raíz del RDLey 13/2010, de 3 de diciembre (absurda decisión a mi juicio),  que ha supuesto la dimisión de Javier Gómez-Navarro (hasta ahora presidente del Consejo Superior de Cámaras), sustituido por Manuel Teruel.

Xabier Agirre añadió que se comprometía a llegar a acuerdos con la Cámara de Comercio de Álava, aunque no especificó de qué tipo: convenios de colaboración, encomiendas de gestión u otros.

Pero dado el abandono institucional al que han conducido a las Cámaras de Comercio desde las más amplias instituciones públicas, partidos y organizaciones empresariales, quiero dejar constancia aquí de una opinión de un cargo público sobre su futuro y de un compromiso de colaboración y apoyo, no muy concretado, pero expresado públicamente.

Si nadie lo remedia y no se revisa o recurre la decisión para impedir el cambio de modelo de Cámaras tan radical, que es lo que se debería hacer a mi juicio, al menos ¡que cunda el ejemplo!

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Javier Gómez-Navarro dimite como presidente de las Cámaras de Comercio

 

La dimisión del presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, va a servir, sin duda, para poner al descubierto la chapuza que se ha hecho con unas instituciones herederas de los antiguos Consulados y que habían sobrevivido a todo tipo de regímenes en su modelo vigente.

Aprecio la dimisión por su valor testimonial. Aún desconociendo las razones completas y veraces que han llevado a Gómez Navarro a tomar esa decisión, es una decisión, en todo caso, valiente. Dimitir no es nada fácil. No hay más que observar las escasísimas ocasiones en que se producen dimisiones en la política o en los cargos institucionales. Y le doy valor a la decisión porque es muy dura y difícil. Lo sé por propia experiencia. Yo lo hice seis meses antes de las siguientes elecciones, es decir, estando en el poder, y con encuestas muy favorables hacia la gestión que estaba realizando. Gómez Navarro lo hace pocos meses después de haber sido reelegido prácticamente por unanimidad, por lo que se debe deducir que lo había hecho muy bien en el mandato anterior.

Se debe dimitir (aunque no se suele hacer, desgraciadamente), cuando un cargo debe asumir la responsabilidad propia o de su equipo por errores o irregularidades relevantes, que no es el caso del presidente de las Cámaras. Gómez Navarro, al dimitir, está mostrándonos la dimensión humana de una persona en un cargo, que, por causas ajenas a su voluntad y a la de su equipo, circunstancias sobrevenidas hacen que no pueda cumplir aquello a lo que se comprometió cuando accedió al cargo. Todo un ejemplo. 

En una decisión precipitada y absurda, el Gobierno presentó y el Pleno de las Cortes Generales convalidó un Decreto Ley que terminaba, de un plumazo, con el modelo de Cámaras de Comercio, un modelo similar al vigente en la Europa continental (Francia, Alemania y muchos más países incluidos), por el que las Cámaras de Comercio, Corporaciones de Derecho público, tienen atribuidas por ley funciones de carácter público, en representación de todas las empresas. Debido a dichas funciones la Ley reconocía y el Tribunal Constitucional así lo sentenció, la pertenencia obligatoria a las mismas, en calidad de electores, de todas las empresas y de contribuir a su sostenimiento con una cuota más que razonable, denominada recurso cameral permanente, a pagar sólo por las empresas con beneficios.

Dado que está más que acreditado que quienes más han estado utilizando las Cámaras han sido las PYMES,  y que son las grandes empresas las que más contribuían a su sostenimiento, por concentrar un mayor volumen de beneficios,  los recursos públicos manejados por las Cámaras, cumplían un claro fin redistributivo.

 Bien por desconocimiento de su misión y los servicios que prestan al tejido empresarial; bien por no conceder importancia a la idea de que en una sociedad democrática la interacción Estado-Sociedad es un valor positivo a preservar, o bien porque desde algunas grandes empresas y algunas organizaciones empresariales siempre han querido utilizar a las Cámaras en defensa de sus intereses sectoriales, el hecho es que cuando se convalidó el Decreto-Ley 13/2010 por el Parlamento, no se oyeron quejas significativas, salvo un par de comunicados, precisamente, del Consejo Superior de Cámaras que presidía Gómez Navarro.

La sociedad no ha reaccionado. Los partidos políticos parecen estar todos de acuerdo. Las Administraciones autonómicas, que son las Administraciones de tutela, miran a otro lado como si nada fuese con ellos.

 Desde luego se echa en falta por encima de todos los demás silencios, la movilización real y efectiva de los más de 80 presidentes y sus correspondientes Plenos. No sé si por prudencia, por miedo a perder los cargos o por estar de acuerdo con el Decreto Ley 13/2010, han hecho  mutis por el foro descaradamente y han iniciado los ajustes. Primero, el personal a la calle.

He escrito abundantes comentarios sobre la materia, que no voy a repetir ahora. Sólo lo resumo y lo enlazo para el que lo quiera ver: “Inquietud en las Cámaras de Comercio“; “Decreto de 13 de junio de 1936 como norma aplicable para el régimen de personal…”; “El art. 52 de la Constitución y las Cámaras de Comercio”; “Las Cámaras de Comercio, ¿meros apéndices de las organizaciones empresariales?; “Aún quedan vías procesales para la defensa de las Cámaras de Comercio”; “¿Pueden plantear un ERE en las Cámaras de Comercio?;  y varios más que se encuentran en el blog.

El ajuste ya se ha iniciado, de manera descentralizada, un acuerdo aquí con un par de personas, un despido allí, unas indemnizaciones pactadas que no son nada claras aunque se hayan aceptado por el trabajador, si no se han hecho con un presupuesto previamente aprobado por la Administración tutelante (“Pueden los presidentes y comités ejecutivos de las Cámaras de Comercio disponer de dinero de los presupuestos para indemnizar a sus empleados?” ). Y sobre todo, con un impresionante silencio. Nadie dice nada. Ni los presidentes, ni los Plenos ni la Administración tutelante. Sálvese quien pueda. ¡Qué pena!

Felicito a Gómez Navarro porque su gesto significa que no ha podido frenar el atropello y ha querido exteriorizarlo por responsabilidad institucional. Esto, a mi juicio, le honra. Su dimisión seguro que va a servir para poner al descubierto la chapuza.

Un último asunto. En el tema de las Cámaras hay dos intereses en juego: la supervivencia, con dignidad y eficiencia, de las propias instituciones y el puesto de trabajo de al menos la mitad de los 3.000 empleados-funcionarios. Ambos son valores que deben defenderse.

Aún no se ha estudiado en serio la vía jurídico-constitucional para combatir el Decreto-Ley y defender el anterior statu quo del modelo avalado por el Tribunal Constitucional.

Si no piensan plantear la cuestión de fondo, esto es, la posible inconstitucionalidad de la decisión o su contradicción con una sentencia clara del Tribunal Constitucional, que avalaba el modelo anterior, ¿por qué no dimiten todos los cargos electos, que ocupan escaño en unas Cámaras que ya no existen como tales, porque han transmutado su naturaleza jurídica, y siguen así el ejemplo de Gómez Navarro?

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La situación de los empleados de las Cámaras de Comercio, además de huérfana, está llena de nubarrones por todas partes, cada día más deteriorada.

A mí, como exsecretario-director de la Cámara de Comercio de Bilbao, me apena profundamente observar cómo algunos órganos de las Cámaras se han puesto a negociar, silenciosamente, despidos de los empleados, pensando, se supone, que esa es la solución del futuro de estas instituciones, pero, quizás, sin atribuir ninguna consecuencia ni valor al hecho de la naturaleza de las Cámaras de Comercio ni, al parecer, al régimen jurídico del personal empleado en dichas Corporaciones de Derecho Público.

 Toni ha enviado un comentario al blog, que dice:

Estimado José Mª,
Muy interesante tu artículo sobre el arte en las calles de Bilbao.
Como la mayoría de empleados de las Cámaras de Comercio (especie en vías de extinción) pronto estaremos en la calle podremos disfrutar sin límites del maravilloso arte urbano de nuestras respectivas poblaciones.
Los sacrificados empleados de las Cámaras, auténticas víctimas, junto con las PYMES, del desastre al que están abocando al mundo cameral, echamos de menos un nuevo artículo/opinión/mensaje que pusiera un poco de cordura en el sinsentido cameral.
Entre todos las mataron y ellas solas se murieron.
Perdón por el atrevimiento.
Gracias y saludos cordiales,

Los representantes de la Cámara de Comercio de Valladolid informan de cinco despidos inmediatos y cuatro más para esta próxima semana:

La modificación legal se produjo el día 3-12-2011 y durante los meses de Diciembre de 2010 y Enero de 2011, el Presidente de la Cámara, D. Jose Rolando Álvarez Valbuena, dijo en los medios de comunicación que no habría ningún despido. Que el equipo humano era el principal activo de la Cámara y que era necesario para afrontar la nueva etapa con todos los recursos disponibles. Y que ello sería posible porque la Cámara de Valladolid, desde hace muchos años, había logrado a base de esfuerzo un importante nivel de autofinanciación, en concreto del 70%.
En el mes de Febrero se convocó sesión del Comité Ejecutivo y del Pleno con un apartado denominado Asuntos Internos. Al día siguiente de su celebración se pidió información al Director de la Cámara de las medidas acordadas en relación con el personal y la Dirección dijo que no había ninguna medida adoptada aunque “algo habrá que hacer“. Con dicha información se convocó un asamblea de empleados de la Cámara para el lunes 14 de marzo, dicha asamblea tuvo que adelantarse de forma urgente al jueves día 10 de marzo ante una reunión que mantuvieron los representantes de personal con el Director General, D. Félix González Moro, el cual informó que se iba a producir en un plazo de 7 días, el despido inmediato de entre el 20-30% de la plantilla actual.

Ante esta situación los trabajadores propusieron la posibilidad de realizar conjuntamente un plan de viabilidad:
1. Desarrollar un Plan de Actuación con nuevos servicios, que generen ingresos.
2. Diseñar un Plan de Ajuste de Gastos (bajas voluntarias, pre-jubilaciones, reducciones de jornada, jornada continua,…) que implique un conjunto de medidas, acorde con el Plan de Actuación de servicios. La reducción de plantilla debe ser la última opción.
3. Contar con el esfuerzo conjunto de toda la plantilla y órganos de gobierno de la Cámara con el fin de lograr los objetivos del Plan de Actuación.
Estos despidos se producen, según criterio de la Cámara de Comercio, de manera objetiva, siguiendo las directrices del Comité Ejecutivo y del Pleno de la institución. Esta decisión se ha tomado unilateralmente sin ningún tipo de negociación con los trabajadores, realizando despidos “objetivos” con 20 días por año trabajado y sin preaviso.
En el día de hoy se ha producido los primeros 5 despidos inmediatos, dejando para la semana que viene, otros 4.
Los trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.

 Conchi alerta del riesgo de aceptación sumisa por parte del conjunto de trabajadores de las Cámaras (no se debe olvidar que, hoy por hoy, son más de 3.000):

Despidos y más despidos, y todos bajo un mismo patrón, la táctica que han tomado los Órganos de Gobierno de las Cámaras que están despidiendo, está muy clara: “despedir con una indemnización de 45 días por año”, en algún caso han llegado a 50 días por año trabajado, y tras esto decirles a los “nuevos parados” …. si protestas se quedará en 20 días.
Si los compañeros “nuevos parados”, valoran su puesto de trabajo, en eso, en 25 días por año trabajado, PUES ADELANTE.
Yo, personalmente lucharía más, intentaría que alguien considerara el despido como NULO.
Argumentos hay muchos:

¿los Órganos de Gobierno de las Cámaras, y según el Real Decreto Ley, están legalmente constituidos?;
¿se puede regalar o indemnizar por despidos improcedentes fondos públicos?;
¿se han aprobado presupuestos extraordinarios para pagar los despidos?;
¿se ha mandado a las comunidades autónomas la variación de la plantilla?, etc. etc.
¿Sabéis que una vez recibida una indemnización, ya no te la pueden rebajar? ¿Y que, como mínimo la recibida, es la que te quedará?.

Pero todo esto, solamente me deja una triste reflexión; estamos ante una nueva versión de “EL SILENCIO DE LOS CORDEROS”.
¿Será normal la actitud de sumisión de nuestros compañeros frente a la barbarie de los despidos?.

 Manuel comparte el descarnado análisis de Conchi y añade una noticia de la Rioja en la que ya se habla sin ambages de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos:

Conchi, tienes razón. Mira está reciente noticia:

http://psoelarioja.es/n-121-PSOE_lleva_Fiscal_caso_mobbing

El Secretario General del PSOE en La Rioja y candidato a la presidencia del Gobierno regional ha presentado un escrito al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja para denunciar un presunto “delito de prevaricación y malversación de fondos públicos”, ante el caso de la indemnización recibida por un funcionario público por parte del Ejecutivo autonómico.

No nos olvidemos, que hay una sentencia en la que dice que los miembros de los plenos de las Cámaras son cargos públicos, e incompatibles con otros cargos públicos.

En otro rato pondré el enlace de esta sentencia.

 Conchi incide nuevamente en la cuestión de fondo, con un interesante comentario en relación con la Cámara de Comercio de Gijón, aportando unos juicios de fondo sumamente relevantes: la duda de si los órganos de gobierno pueden o no disponer de los fondos para pagar indeminizaciones, así como el alcance de su responsabilidad en la gestión deficitaria y también la responsabilidad de la administración tutelante en el ejercicio de la tutela establecido por la ley. Dice así:

En la Cámara de Comercio de Gijón, se avecinan nubarrones. Como siempre los perjudicados serán sus empleados. Mirar el siguiente enlace…..

http://www.lne.es/gijon/2011/03/20/felix-baragano-pierde-apoyos-comite-ejecutivo-camara-comercio/1048541.html

La gestión de los directivos de la Corporación ha logrado “amasar un déficit” de 800.000 €, y claro la repercusión más inmediata es “despedir”. No es irse ellos a la calle, es despedir.

Claro está “los culpables de la gestión económica de la Cámara son los empleados”, al menos ellos lo pagarán, como no podía ser de otra forma la solución una vez más es despedir. Pero igual se puede cambiar la historia y los que queden deshabilitados para ejercer cargo público sean nuestros “queridos” directivos, si es que no lo están ya.

¿Donde están los responsables del Principado?, ¿No son ellos la Administración Tutelante?, ¿No aprueban ellos los presupuestos y las liquidaciones?.

Compañeros, no se os olvide que los responsables de la gestión son los órganos de gobierno de la Cámara, y que cuando hacen actos de irresponsabilidad y mala gestión se puede denunciar. Pero no por eso los responsables de la administración tutelante quedan exentos de su responsabilidad, posiblemente tienen más responsabilidad que los propios miembros del pleno, por su manifiesta y repetida dejación de funciones.

Seguro que todos tenemos experiencias similares, seguro que todos hemos visto a nuestros responsables políticos de nuestras respectivas Cámaras, haciendo sus mítines y poco menos que diciendo que cuánto quieren a las Cámaras. Ahora, ¿cuánto nos quieren?. Nada de nada, pasan de las Cámaras y de sus empleados como si fuéramos sus amigos invisibles, ¡qué vergüenza!.

En resumen, como se dicen en esta tierra, ante cualquier despido, “leña al mono” y denuncias al canto tanto a los Presidentes, Comités Ejecutivos y Administraciones Tutelantes, todos ellos tienen su parte de responsabilidad tanto por mala gestión, como por omisión y dejación de funciones.

Tampoco os olvidéis de los Secretarios Generales, tienen la obligación inexorable de “velar por la legalidad de los acuerdos“, y todos sabemos que algunos de ellos se excusan poniendo por delante a sus presidentes y al acuerdo del Comité Ejecutivo, pero sin denunciar los hechos ante la Administración Tutelante, que en definitiva es su obligación.
¿Acaso pagar despidos improcedentes con fondos públicos es legal?, y
¿Hacer pagos sin partida presupuestaria?.
Pues queridos Secretarios Generales, no, no lo es y vosotros tenéis la obligación de saberlo, de saberlo y de hacerlo constar en las actas, y por supuesto de hacer traslado de la ilegalidad a las comunidades autónomas.

Las partidas de personal, son exclusivamente para pagar al personal sus haberes, y no se puede utilizar para pagar despidos.

Ante la urgente y grave situación, se están planteando dudas sobre las responsabilidades (ilícitos administrativos y eventuales delitos penales) de todo tipo que afectan a los plenos, presidentes y comités ejecutivos, así como a las administraciones tutelantes, al manejar fondos públicos para indemnizar despidos, lo que deviene en una situación compleja, grave y de gran relevancia jurídica y sindical.

 Creo que la cuestión merece analizarse con detenimiento.
Urge, a mi juicio, centrar la cuestión, profundizando en el debate planteado. Por mi parte trataré de hacer algún comentario con algo más de reflexión en los próximos días, pero invito desde ya a cuantos deseen participar en dicho debate aportando propuestas. El tiempo apremia.

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I

 De un lado, los poderes públicos están sujetos al principio de legalidad (sin una atribución legal previa de potestades, la Administración no puede actuar), junto con otros principios (irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad, jerarquía normativa y responsabilidad), que forman una unidad sistemática y tienen carácter informador de todo el ordenamiento, de acuerdo con el art. 9.3 de la Constitución (CE).

El principio de legalidad significa que los poderes públicos deben actuar de acuerdo con la ley, sólo pueden tomar una decisión si están amparados por una ley que les faculte,  y sujetos a unos procedimientos y unas normas que no se pueden saltar, lo que limita su capacidad de gestión.

Hay, sin embargo, un margen para tomar las decisiones públicas, basado en lo que se denomina “conceptos jurídicos indeterminados“, que dejan un margen de discrecionalidad para elegir entre varias opciones, con el límite de la arbitrariedad, prohibida por la propia Constitución, como se ha señalado antes.

II

Por otra parte, el art. 31.2 de la Constitución establece:

“El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía

Además, el art. 103.1 CE, además de afirmar que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, señala los principios de acuerdo con los que actúa y, entre ellos, cita expresamente el principio de eficacia.

De ambos artículos se deduce, en primer lugar, la directriz normativa de la Constitución, que es muy clara: el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos públicos. Es el principio de justicia material del gasto público.

Pero unido a ello, las Administraciones públicas están sujetas, en la programación y ejecución del gasto público, a tres principios o criterios: eficiencia, economía y eficacia, lo que se ha dado en llamar las tres E´s.

Se entiende como gestión eficiente aquella que permite transformar los recursos en productos o servicios de la forma más productiva, al menor coste. Esto es, los medios escasos con que se cuenta para la consecución de los fines públicos, se han de utilizar del modo más idóneo y eficaz posible.

La gestión eficaz es la que permite alcanzar los objetivos previstos.

La gestión económica es la relación del coste entre los recursos empleados y los presupuestados.

III

En síntesis, las actuaciones de los poderes públicos (no sólo de la Administración pública) están sujetas no sólo al principio de legalidad (art. 9 CE); también a los principios de eficiencia, economía y eficacia que forman parte de la Constitución y, por tanto, obligan a todos.

Y ello es aplicable para todo tipo de actos o actuaciones de los poderes públicos. De ahí que quienes venimos manifestándonos en contra del cambio de modelo para las Cámaras de Comercio introducido por el Real Decreto Ley 13/2010, debamos analizar la cuestión no sólo a la luz del principio de legalidad (si es o no válida la vía del Decreto Ley para modificar una competencia exclusiva de algunas de las Comunidades Autónomas, si se respeta o no la doctrina constitucional, etc.), sino más específicamente, si el nuevo modelo que va a surgir es más o menos eficiente, eficaz y económico para los fines públicos que desarrollan estas instituciones, puesto que de ahí se podría derivar una vulneración flagrante de principios normativos ínsitos en la propia Constitución (arts. 31 y 103 CE, entre otros).

Demostración que, indefectiblemente, deberían acreditar las propias Cámaras de Comercio.

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De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, “todos los poderes públicos están obligados  al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva” (art. 87.2 LOTC).

El Tribunal Constitucional analizó el modelo de Cámaras anterior al Real Decreto ley 13/2010 (con adscripción obligatoria y consiguiente pago del recurso cameral permanente con carácter también obligatorio, aunque gradualmente disminuido, con muchas empresas que no pagan aunque pertenezcan a las Cámaras y reciban sus servicios). El máximo intérprete de la Constitución lo validó como plenamente constitucional en base a que las funciones público-administrativas que la ley les otorga son de una clara concreción y operan de forma obligatoria, como “servicios mínimos obligatorios”, bajo el control de la Administración y con sumisión a un riguroso régimen jurídico-administrativo, tratándose de funciones de clara relevancia constitucional, que sólo por ello “resultaría suficiente para justificar la adscripción forzosa…” (STC 107/1996, de 12 de junio).

La STC 206/2001, de 22 de octubre reitera la condición de Corporaciones de Derecho Público y analiza aspectos competenciales concluyendo que la competencia básica del Estado no permite la atribución de facultades ejecutivas y de tutela al Estado y que el anclaje en el art. 149.1.18.ª de la Constitución debe tomarse en cuenta “con menor intensidad que en el caso de otras Administraciones en sentido estricto“.

El art. 52 de la Constitución queda, para las nuevas Cámaras de Comercio (de distinta naturaleza jurídica de las que existían hasta el Real Decreto Ley 13/2010), vacío de contenido, bastando el art. 22 CE, que reconoce el derecho de asociación.

¿Alguien puede probar que el Real DecretoLey 13/2010, cumple lo que resolvió el Tribunal Constitucional para las Cámaras de Comercio?

Si definimos la “eficacia” como el grado de cumplimiento de objetivos, en mi opinión, la eficacia se debe medir tras revisar el propio Tribunal Constitucional dicho Real Decreto Ley y compararlo con sus sentencias anteriores, para concluir si los poderes públicos han cumplido o no sus resoluciones.

Para ello, y sin perdernos en los procedimientos, resulta imprescindible que acudan a la vía del recurso de inconstitucionalidad quienes están legitimados. Para ello se dispone de tiempo. También  sigue ahí la cuestión de inconstitucionalidad, que, en cuanto se pueda utilizar, no debe desaprovecharse.

En este sentido, no sería nada despreciable que los plenos de las Cámaras tomaran acuerdos que les avalaran para trasladar a quienes están legitimados para hacerlo. A mí me falta información, pero no me consta que plenos de cámaras hayan resuelto algo en este sentido, más allá de notas de crítica al Decreto Ley.

Por otra parte, es sumamente importante recordar aquí que desde Catalunya y la Comunidad Valenciana se plantearon en su día sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que dieron origen a la STC 206/2001, de 22 de octubre, por unas cuestiones competenciales con consecuencias muchísimo menos relevantes y menos trascendentales para las Cámaras que las que va a producir el Real Decreto Ley si se aplica tal y como hoy está redactado.

¿Por qué hoy no se recurre desde estas Comunidades Autónomas?

¿Por qué no se recurre desde las Comunidades Autónomas en general, dadas las previsibles consecuencias económicas y sociales para todas ellas y para la mayoría, también competenciales?

Si hablamos de introducir modificaciones suavizadoras en los devastadores efectos que puede suponer la reducción de entre un 40%  o un 50% de los ingresos de las Cámaras para seguir cumpliendo sus funciones público-administrativas y los “servicios mínimos obligatorios” (de imposible cumplimiento) ahí están gestiones que, al parecer, se están haciendo ante la Ley de Economía Sostenible por parte del Consejo Superior de Cámaras y de algunos grupos parlamentarios.

Parece que no existe mucha información al respecto. Yo, al menos, no tengo ninguna y, quizás, así deba ser para no perjudicar las negociaciones. En cualquier caso, así no se alcanzará la máxima eficacia, puesto que la cuestión de fondo (adscripción forzosa o voluntaria) no es probable que se pueda ventilar con una enmienda, dado el tenor literal del Decreto Ley 13/2010.

Si hablamos de eficiencia (máximo de objetivos con mínimos medios), es obvio que los trabajadores de las Cámaras de Comercio, solos o asociados (comités de empresa, juntas de personal, asociación de secretarios, asociación de empleados o lo que hubiere) tienen menos medios para lograr alcanzar la máxima eficacia (a mi juicio, insisto, revisión por el Tribunal Constitucional del Real Decreto Ley).

En cualquier caso, no deben conformarse con dejar todo en manos de los plenos, comités ejecutivos, presidentes de sus Cámaras o en otras instancias político-institucionales. Fundamentalmente, porque los trabajadores son los que que más se juegan. De ahí que creo que se deben estudiar todas las iniciativas posibles, sin descartar a priori nada, ni siquiera la vía del Defensor del Pueblo.

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En los últimos días han proliferado las visitas al  blog y he notado una participación cada vez mayor con opiniones, comentarios y dudas.

En concreto, en estas dos últimas semanas el blog ha recibido 5.825 visitas, siendo en total 21.343 visitas y 1.161 comentarios, en las 90 entradas publicadas desde que inicié hace unos meses esta aventura apasionante.

¡Muchas gracias a todos!

Las opiniones las he publicado en los lugares elegidos por sus autores. Sin embargo, y dado el interés y la urgencia de fechas para el asunto relativo a las Cámaras de Comercio, entresaco algunas de las aportaciones de los visitantes y las incluyo a continuación:

– TEÓFILO AMORES escribe:

“José María, muy bueno tu artículo, como todos. Ya nos tienes acostumbrados a ello.

Lástima que el Consejo no emplee mejor su dinero, encargándote el asunto de las Cámaras. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de quien ni se ha enterado de lo que se nos venía encima?”

– RAMÓN sugiere:

“Creo que sería conveniente que los comités de empresa, juntas de personal, nuestros representantes en cada Cámara, pidan que los plenos o comités ejecutivos analicen el Decreto Ley y, en su caso, aprueben la presentación de recursos ante los tribunales”.

– MARÍA opina:

” José María, dando por hecho que los empleados de Cámaras tienen este “interés legítimo“(y no cabe duda cabe duda de que lo tenemos)  el siguiente paso sería organizarnos, al margen de sindicatos, para plantear un recurso antes del día 3.

El problema ya no es jurídico,  sino de logística.  No obstante, desde tu experiencia ¿qué nos aconsejarías? Gracias”

– SALVADOR plantea tres cuestiones:

Estimado José María, muchas gracias por tu blog, que es de lo más coherente y sensato en medio de este gallinero, donde andamos corriendo como pollo sin cabeza.

Mucho me temo que no se plantee ninguna acción por parte de los órganos de gobierno de ninguna Cámara (por razones obvias). Por eso me gustaría plantear tres cuestiones.

1.- Desde mi más profundo desconocimiento del entorno jurídico, mi duda, después de leer el artículo del profesor Pérez Royo, es la siguiente: ¿el personal afectado por la disposición adicional transitoria octava de la Ley 3/93, seguiremos amparados por los mismos derechos que hasta ahora, en caso de que no se recurriera el famoso RD 13/2010 antes del 3 de febrero próximo?.

2.- En tal caso ¿deberíamos ya plantearnos hacer ya alguna gestión ante la entidad tutelante de la comunidad autónoma u otras instancias?.
 
3.- Por último, ¿deberíamos coordinarnos para hacer de forma conjunta o hacerlo individualmente?

Muchas gracias por tu opinión”.

– JOSE dice:

Sr. Gorordo gracias por su colaboración, le hago la misma pregunta que le hace Salvador.
Si no se recurre antes del 3 de febrero ¿los trabajadores de antes de 1993 perderían todos sus derechos o no tiene nada que ver una cosa con la otra?.

Muchas gracias y perdone las molestias.

– RICARDO responde a JOSE y a SALVADOR

“¿A qué esperamos?

Somos 3.500 empleados, las Cámaras definitivamente no van a recurrir, las Comunidades Autónomas tampoco. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad?
Los empleados que se olviden de cuentos chinos, las Comunidades Autónomas no van a incorporar a los empleados de las Cámaras, no las van a financiar, ya han recibido presiones de las organizaciones empresariales que apoyan la eliminación de la cuota cameral = eliminar las Cámaras.
No podemos dejar que las Cámaras vayan sucumbiendo lentamente, comiéndose su patrimonio en pagar despidos, dirigidas por los mismos que apoyan la eliminación de las cuotas.
Ninguna Cámara va a sobrevivir sólo con la prestación de servicios, es imprescindible las cuotas voluntarias de los empresarios y la mayoría no van a pagar si no es obligatorio y no reciben un servicio directamente.
Animo a todos los empleados a organizarse y recurrir, es la única forma de expresar el descontento por una modificación legal totalmente incoherente que hiere de muerte a las Cámaras de Comercio.
Por cierto, si las Cámaras se quedan en simples asociaciones (al ser voluntaria su pertenencia, sólo representan a los afiliados), que se olviden los empleados del Decreto de 1936 de sus “derechos”.

¡ENTRE TODOS PODEMOS HACER “RUIDO”!

 – UN EMPLEADO DE CÁMARA anuncia algún tipo de iniciativa:

“Juan, Ricardo García y resto de compañeros.
 
Ya habéis visto que D. José María Gorordo, en su último comentario nos dice “que no podemos renunciar a asociarnos y como “Asociación” anunciar la interposición de recurso”, pues sí, seguiremos sus consejos.
 
Os anticipo una importante noticia, aprovechando el blog del Sr. Gorordo, de su disposición  y de su gran conocimiento del tema, creo que es el mejor FORO que tenemos: 
 
Se está gestando una Asociación Independiente de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (incluidos Consejos Superior y Regionales).
 
No tardaréis en tener noticias del tema, como podéis suponer no es cuestión de dar demasiados datos ahora.
 
Tenemos que ser capaces de aglutinar el mayor número posible de asociados, de los de antes y después de la Ley 3/93  (NO HABRÁ DISTINCIONES).
 
Comentaros que se preparará el ANUNCIO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO, para presentarlo antes del día 3 de febrero. Los profesionales con los que se ha contactado, son de un gran prestigio, os sorprenderá.
 
No podemos fallar ahora, es nuestra última oportunidad y el número de asociados es importante, lo ideal sería que pudiéramos ser todos, o al menos superar los 2.000.
 
Estar atentos a lo que os enviemos la próxima semana.

RECORDAR, NO PODEMOS FALLARNOS. ES NUESTRA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE HACER ALGO POR NOSOTROS MISMOS.
 
Don José María, me gustaría saber su opinión y reiterarle nuestro agradecimiento”

 – ISABEL se interesa por la iniciativa planteada por “EMPLEADO DE CÁMARA”:

” Hola, “empleado de cámara”. Yo también lo soy, de la de Madrid. Tenemos un reciente blog, http://trabajadorescamaramadrid.es/blogspot.com, que podéis visitar. El viernes nos reunió por sorpresa al Comité de Empresa nuestro presidente (a raíz de una carta que le habíamos enviado previamente a la Presidenta de la Comunidad y que no le debió de hacer mucha gracia), y El Mundo ha sacado en su edición de Madrid hoy un artículo con muchas de las declaraciones que hemos colgado en el blog.
Lo que quería pedirte es que, por favor, nos comuniques cómo y dónde se está gestando esa asociación que dices, para darle difusión.
Un saludo muy cordial”.

 

Como siempre, el blog está abierto para quien lo desee visitar y participar en los debates que se van generando.

Seguiré con alguna entrada más en relación con las Cámaras de Comercio siempre que se produzcan novedades o sea necesario exponer cuestiones concretas. Además, la próxima semana colgaré nuevas entradas en el blog en relación con otros asuntos que están de actualidad y considere interesante comentarlos.

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