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Archive for 24/04/10

El 23 de abril tuvo lugar en Alicante un Seminario Internacional sobre “Los órganos de control externo y la fiscalización de los ingresos públicos“, organizado por “EURORAI“, European Organization of Regional Audit Institutions (Organización Europea de Instituciones Regionales de Auditoría).

En dicho Seminario tomamos parte 74 representantes de los diferentes tribunales e instituciones que forman parte de EURORAI, entre otros, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (Herri Kontuen Euskal Epaitegia). También asistieron representantes de la Cámara de Comptos de Navarra, las Sindicaturas de Comptes de CatalunyaComunitat Valenciana y de les Illes Balears, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Consello de Contas de Galicia, Cámara de Cuentas de Madrid y Audiencia de Cuentas de Canarias, por parte del Estado español.

También participaron representantes de la Cámara de Control de Cuentas de Moscú, Leningrado, Región de Rostov  y Vladimir (Rusia), la Rekenkamer de Rotterdam (Holanda), la Oficina de Auditoría del País de Gales (Reino Unido), de la Corte de Cuentas de la República y Cantón de Ginebra y de la Inspección de Finanzas del Cantón de Valais y Finanzkrontrolle des Kantons Zürich y Wallis (Suiza), de las Cámaras Regionales de Cuentas de Alsacia, Midi-Pyrénées y Alta Normandía (Francia), de la Rechnungshof Baden-Württemberg y Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Landesrechnungshof Brandenburg y Landesrechnungshof  Sachsen-Anhalt (República Federal de Alemania) y otros de Austria, Hungría y otros países.

Es claro que en Europa (en la Unión Europea y en el resto de Europa) convivimos en países de muy diferentes constituciones, organizaciones territoriales y modelos competenciales (creación de nuevos estados recientemente, confederaciones, federaciones, regiones), con distintas sensibilidades en cuanto a los sentimientos de pertenencia y a las ideas de “estado“, “nación“, “región” o “autonomía“. No es lo mismo el modelo de los Lander en Alemania o el de los cantones de Suiza, que el jacobino francés, mucho más centralizado u otros como el ruso o húngaro, más desconocidos en nuestro ámbito.

Ello obliga a matizar mucho cuando se pretende explicar las características (competencias y conflictos) de cada Estado. 

El invitado por parte de la organización para explicar el modelo del Estado español de Tribunales de Cuentas en lo relativo a la fiscalización de los ingresos fue Antonio López Díaz, consejero mayor del Consello de Contas de Galicia.  En su ponencia hizo una introducción de los aspectos competenciales del Estado español en lo que se refiere a los órganos de control externo, diferenciando las competencias del Tribunal de Cuentas (de España) y del resto de órganos autonómicos de fiscalización externa. En este punto de su intervención, presentó a los órganos de control externo de las diferentes autonomías del Estado español como instituciones uniformes, similares. Al menos, así me pareció; en todo caso, no matizó, por lo que, al terminar su exposición, utilicé un turno de preguntas para cuestionar esa primera parte de su intervención y exponer lo que, a mi juicio, no puede eludirse en una exposición del modelo general:

– que la Constitución española no prevé un modelo uniforme  ni de Autonomías, con orígenes y naturaleza diferentes (nacionalidades históricas, territorios forales, territorio común…) y consiguientes niveles competenciales distintos (“nacionalidades“, “regiones“, según el art. 2 de la Constitución, “nación” en el Proyecto de Nuevo Estatuto Político del País Vasco de hace unos pocos años que ni siquiera se admitió a trámite,  o en el Nuevo Estatuto de Catalunya, aprobado en los Parlamentos catalán y español refrendado por el pueblo catalán, por lo que está en vigor, pero pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, casi cuatro años más tarde).

– que el Tribunal Constitucional, en su STC 76/1983, de 5 de agosto, aclaró esta cuestión haciendo que el Proyecto de Ley Orgánica y Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA) perdiera todo su contenido uniformizador, convirtiéndola en Ley del Proceso Autonómico (LPA), sin más, negándole su carácter de Ley Orgánica y Armonizadora. El máximo intérprete de la Constitución dice: 

carece de base constitucional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y diversidad del “status” jurídico público de las Entidades territoriales que lo integran. Sin la primera no habría unidad ni integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las Autonomías”.

Quedó así claro, como explícitamente señaló el Tribunal Constitucional, que no se pueden dictar leyes armonizadoras que suplanten las demás previsiones constitucionales.

– por lo que se refiere a los territorios forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, hay dos cuestiones medulares, que deben ser citadas siempre que se hable de modelo estatal (territorial y competencial): primera, que, en este momento, esos cuatro territorios forman dos Comunidades Autónomas diferentes (País Vasco y Navarra), pero la propia Constitución prevé expresamente, como caso único, la posibilidad de que, si Navarra lo desea y así lo expresa de acuerdo con un procedimiento regulado, se pueda incorporar a la Comunidad Autónoma de Euskadi o Euskal Herria (Disposición Transitoria Cuarta); y, en segundo lugar, que la habilitación competencial para las competencias económico-financieras está en la propia Constitución (Disposición Adicional Primera), lo que no ocurre en ninguna de las demás autonomías.

Una diferente regulación jurídico-competencial en la propia Constitución produce ineludiblemente consecuencias jurídico-políticas que deben ser tenidas en cuenta, siempre que se planteen seminarios que hagan referencia al modelo competencial del Estado español, como el que tuvo lugar en Alicante en el seno de EURORAI.

En el caso del País Vasco, existen tres instituciones singulares: los Conciertos Económicos que, son, prácticamente una soberanía fiscal, el Consejo Vasco de Finanzas, órgano decisor y coordinador de la Institución Común (Gobierno Vasco) y las Forales (Diputaciones Forales) y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, desarrollado en el art. 30 de la Ley de Territorios Históricos, Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, de relación entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (conocida por su siglas, LTH), que atribuye a dicho Tribunal plenas competencias en materias de fiscalización (de ingresos y de gastos) y de jurisdicción contable.

Sé que vivimos tiempos que en muchos sectores mediáticos, políticos, económicos y sociales de España se pretende volver a intentar uniformizar los territorios y sus competencias (el espíritu de la LOAPA sigue vivo), cerrando el modelo autonómico definitivamente: algunos, proponiendo pasos atrás, como la devolución de competencias (Educación, Economía) y otros, más extremistas, proponiendo reformas constitucionales o al menos de las leyes electorales, en nombre de una supuesta “normalización”.

Otros creemos que se debe respetar, no ya el ordenamiento jurídico, sino, lo que está más en las entrañas de la democracia, la voluntad mayoritaria de los diferentes pueblos. Recuérdese que, aunque la Constitución española también fue aprobada en el País Vasco, las fuerzas políticas nacionalistas vascas, las moderadas y las radicales, no la apoyaron (el mundo de Batasuna propuso el no, el mundo del PNV, la abstención), lo que produjo, como consecuencia nada baladí, un respaldo algo inferior al 30% del censo al texto constitucional. Compárese este dato con el resto de territorios y se verá que, a cualquier analista neutral y sin prejuicios, le surge, automáticamente,  una duda razonable sobre la legitimidad social (escasa o, más abiertamente, falta de legitimidad social, según quiera entenderse) que, quiérase o no, sigue abierta. También esto debe recordarse.

Recientemente escribí un artículo en la Revista Auditoría Pública sobre estas cuestiones, que reproduzco aquí (AUDITORÍA PÚBLICA)

Resulta paradójico que quienes no estuvimos de acuerdo con el texto constitucional ni lo apoyamos en su día tengamos que recordar su contenido a los olvidadizos.

La lealtad siempre es la mejor de las prácticas entre personas que defienden sus ideas y respetan las de los demás. Entendí y entiendo esta cuestión como fundamental y esta es la razón de mi breve intervención en el Seminario de Alicante de EURORAI.

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