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Archive for 6/04/10

Al ciudadano medio le da la impresión de que la práctica de la política, especialmente desde las instituciones, está muy vinculada, de una manera o de otra, a la corrupción.

Las Administraciones públicas están dirigidas por los representantes de la sociedad, básicamente compuestos por militantes o afiliados a los partidos políticos (salvo excepciones en determinados ayuntamientos, entre los pequeños).

Los partidos políticos, imprescindibles en un sistema democrático, precisan de recursos para financiar sus propias estructuras internas, sus liberados y las campañas electorales.

Financiación de los partidos que proviene de las cuotas de los militantes y de las ayudas y subvenciones, tanto de la propia Administración como de particulares, todo ello regulado por la ley. Sin embargo, la cuestión aún no está resuelta satisfactoriamente, como es fácilmente deducible de la realidad de cada día.

En diciembre de 2009, presenté el libro “El control de las cuentas públicas“, editado por Thomson-Reuters Civitas (756 páginas), que a mi juicio, aporta  propuestas que, incorporadas al Ordenamiento Jurídico, deben coadyuvar a paliar, aunque sea parcialmente, los males de la corrupción y sus efectos devastadores para con la clase política.

Qué duda cabe que un camino serio y riguroso es, además de potenciar los controles internos en el seno de las propias Administraciones, el de garantizar la independencia, orgánica y funcional, de los Tribunales de Cuentas (Tribunal de Cuentas y demás órganos autonómicos de control externo) respecto de las Administraciones públicas, así como el reconocimiento legal, efectivo y expreso de sus pronunciamientos y recomendaciones, acabando con el poco valor efectivo que tienen sus informes.

Otro día profundizaré en esta idea.

Hoy, a modo de comentario de urgencia, planteo una propuesta, ampliamente explicada en el libro, que es muy sencilla y clara:

incorporar, mediante la reforma legal correspondiente, la obligación de que en las Mesas de Contratación de las instituciones públicas, en los Tribunales Calificadores para la selección de personal y en todos los consejos de Administración, y/ órganos de gestión de las diferentes sociedades supuestamente “anónimas”, pero de titularidad pública, mancomunidades, consorcios y demás fórmulas inventadas para huir del Derecho Administrativo, estén presentes, participen, no sólo los representantes de los Gobiernos, sino también los de la oposición.

Es decir, impulsar la transparencia, que no debe limitarse a los aspectos informativos y financieros, sino que, como propongo, debe extenderse al ejercicio, en condiciones de igualdad, de los cargos públicos, tanto por parte de los representantes de los ciudadanos que forman parte del gobierno de las instituciones, como de los de la oposición, sin que ello vaya en detrimento de una gestión ágil y eficiente. 

En síntesis, derecho de los representantes de las minorías a participar en las decisiones públicas en las mismas condiciones que los de las mayorías, idea que gráficamente la expresó John Stuart Mill en 1861  (Consideraciones sobre el gobierno representativo, cuando hablaba de “la verdadera democracia y de la falsa: representación de todos y representación de sólo la mayoría”).

Estoy plenamente convencido que una reforma legal de estas características servirá como medida preventiva para minimizar los casos de corrupción o, en todo caso, para detectarlos más eficazmente si se producen (sin olvidar, por supuesto, la reforma de la financiación de los partidos políticos).

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Hace un par de semanas, el alcalde de Bilbao, Azkuna, abrió una polémica en relación con la capital del País Vasco, que fue respondido por el alcade de Vitoria-Gasteiz, pero que los partidos políticos han tratado de silenciar e impedir.

Decía Azkuna, no sin razón, que Vitoria es sólo la sede de las Instituciones, pero no está reconocida como tal capital.

Creo que todo el mundo admitirá que la idea de “Bilbao, capital de Euskadi” fue impulsada y defendida por Iniciativa Ciudadana Vasca, a partir de 1995, propuesta a la que, tácitamente, se apuntan ahora algunos desde Bilbao.

Años atrás, siendo Alcalde de Bilbao, también había defendido la necesidad de revisar la representación en el Parlamento Vasco, en el que, desde el comienzo, se sientan igual número de representantes alaveses que de vizcainos o guipuzcoanos. Como botón de muestra, la connferencia que pronuncié en Madrid en 1988, en Euskal Etxea.

¿Cuál es el problema de estas cuestiones que parecen no estar cerradas aún? Resumo dos puntos clave:

1. La estructuración de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, responde más a intereses políticos que a argumentos históricos, sociológicos o económicos. Bilbao, la ciudad más grande del conjunto de Euskalherria, perdió su opción a la capitalidad por razones de conveniencia política. En la asamblea del Partido Nacionalista Vasco en Iruña-Pamplona-, en 1977, se acordó proponer Vitoria-Gasteiz como capital provisional de Euskadi e Iruña-Pamplona en el momento en que Navarra formara parte del resto de la Comunidad. Todos los demás partidos aceptaron este esquema, que quedó recogido en el artículo 4 del Estatuto:

La Ley 1/1980, de 23 de mayo, del Parlamento Vasco aprueba, en su artículo único:

“Se designa a Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y del Gobierno. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley”.

Vitoria asume de esta manera la capitalidad, sin título, con poco rigor histórico, económico, social o cultural; y a partir de ahí, se consuma una injusticia histórica de consecuencias muy negativas para Bilbao. Obsérvese, no obstante, que no se designa capital, sino sede del Parlamento y del Gobierno; y además, no se recoge en el Estatuto, sino en una Ley.

Matizaciones que no debieran pasar desapercibidas.

Durante el periodo de 1987 a 1990, el ayuntamiento de Bilbao trató, por todos los medios, de reparar la situación producida por las gravísimas carencias de todo tipo que tenía la ciudad más grande del País Vasco, que lo detallo en el libro “La política de otra manera”, págs. 67 y 68; y págs. 241 a 253, muchas de las cuales han sido resueltas en los últimos veinte años. Alguna razón tendríamos entonces quienes lo defendíamos a juzgar por el caso que, aunque con retraso, nos han hecho.

2. El Estatuto prevé un Parlamento con idéntica representación por cada territorio histórico: inicialmente, 20 diputados por cada uno de ellos, que luego pasaron a 25.

El artículo 26 del Estatuto de Gernika dice:

“El Parlamento vasco estará integrado por un número igual de representantes de cada territorio histórico, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto”.

Esto ha hecho que el voto de un alavés valga 4 veces más que el de un vizcaino, lo que no tiene justificación y es caso único en el derecho comparado. La razón fue estrictamente de conveniencia política. Álava y Navarra, no perdieron, tras la guerra civil, los Conciertos Económicos. Esto supuso una mayor capacidad financiera de sus Diputaciones, que se traduciría en equipamientos locales de indudable importancia como, por ejemplo, hospitales, carreteras, el aeropuerto de Foronda o las actuales sedes del Gobierno, alguno de cuyos edificios (Lakua) era un remanente de la anterior administración provincial alavesa, de aí que le sigan llamando con el nombre de lo que iba a ser, el “Geriátrico”.

Vitoria se fue convirtiendo, en la posguerra, en una de las ciudades europeas de mayor calidad de vida, con abundancia de bibliotecas, centros de salud, barrios urbanizados, mientras que Bilbao -Vizcaya entera- y Guipúzcoa en menor medida,  acumulaban deterioro y carencias. El Estatuto consagra un modelo basado en una Cámara de los territorios, a la que denomina Parlamento, pero que quiso ser en su origen una especie de segunda Cámara o Senado, porque ya existían Diputaciones Forales, con gran tradición, llamadas a ser el poder ejecutivo de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y también de Navarra, con sus respectivos Parlamentos -Juntas Generales- que se pretendía que representaran el papel de primeras Cámaras de cada territorio histórico.

Este modelo “sui generis”, sin precedentes en el mundo, se asemejaría a una confederación de territorios “cuasi-independientes”.

Otro de los objetivos, totalmente político y partidista, era procurar que los alaveses se sintiesen cómodos en el proyecto de construcción de Euskadi y facilitar el que algún día Navarra se incorporara a la tarea común. Desde el Partido Nacionalista Vasco se pensaba que un centralismo en Bilbao, podía alejar a las otras provincias, provocar su rechazo. Hubo quien alimentó el fantasma de que el poder económico de Bilbao quería absorber Navarra en beneficio propio, con afanes expansionistas. Por otra parte la confianza en las bases y la militancia en Guipúzcoa y en Vizcaya era total, por lo que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco prefirieron asegurar fuerza y expectativas de crecimiento en Álava y Navarra, aún a costa del riesgo de prescindir de Bilbao como capital del país y ciudad metropolitana, locomotora de toda Euskalherria.

Esta decisión estratégica, cuyas consecuencias aún no han terminado de producirse, sigue provocando rechazos -de momento, de algunos intelectuales y líderes de opinión-. Poco a poco irá aumentando el número de personas que reflexionen sobre estos hechos y planteen reformas para corregirlos, por cuanto ha supuesto un golpe injusto para Bilbao y Vizcaya. A Álava y Navarra se les garantizaba que las Diputaciones mantendrían, como mínimo, las mismas funciones y competencias que habían disfrutado hasta entonces. Los órganos comunes -Parlamento y Gobierno- se justificarían a partir de esos poderes mínimos -que se mantendrían-, tratando de recuperar de la Administración Central, nuevos poderes para el autogobierno. No se pensó en ningún momento que el Gobierno común, conformara un gran poder ejecutivo sino que fueran, más bien, un lugar de encuentro, de coordinación. Estaba previsto que las Diputaciones incidieran como órganos compensadores para atemperar la injusticia que suponía que la representación de un territorio de unos 250.000 habitantes -siendo entonces un 12% ó un 13% de la importancia relativa de las 3 provincias- fuera en pie de igualdad con otro con una población 4 veces superior y que suponía el 55% del total de la Comunidad. No parecía juicioso, salvo que se tratara de la segunda Cámara, la de la representación de los territorios…

¿Alguien entendería que Barcelona pesara lo mismo que Gerona en el Parlamento catalán, o Idaho lo mismo que Nueva York?. No tiene sentido. Tan claro se tenía en el Partido Nacionalista Vasco que las Diputaciones iban a jugar un papel ejecutivo preponderante en el conjunto de las instituciones vascas, que la escisión tuvo como principal caldo de cultivo esta cuestión. Bien es cierto que hubo otros motivos, como la lucha larvada por el liderazgo, la dirección bicéfala y sus dificultades de funcionamiento, el exceso de influencia de ciertas élites alavesas o guipuzcoanas, sin la correspondiente base militante, etc. Pero el debate se orientó hacia la simplificación de que los críticos (los que luego formaron EA) querían más poder para el órgano común y los oficialistas defendían un rol más destacado e influyente de las Diputaciones. Si ésta hubiera sido la verdadera causa de la división, hoy en día tendrían que dar la razón a los escindidos, ya que el Gobierno vasco se ha ido situando en ámbitos de intervención y centralización incluso superiores a los que éstos reclamaban. Lo cual muestra que ésa no fue ni con mucho, la principal causa de la ruptura.  Poco se debatieron entonces otras fórmulas, como la de aceptar el poder de una autoridad común -ya que un Gobierno común es imprescindible si se quiere construir un país con fuerza y prestigio-, pero revisando al mismo tiempo la representación de cada territorio en el Parlamento. En el fondo, está pendiente un debate previo: la manera de organizar, internamente, el País Vasco.

A lo largo de 1995 y 1996, se puso en marcha una campaña que, bajo el título de “Bilbao, capital de Euskadi”, pretendía suscitar un debate en la sociedad que condujera, esencialmente, a la revisión de la representación política por territorios en el Parlamento, así como al análisis del nivel de centralización de la administración vasca, que no responde a ideas municipalistas o descentralizadoras ni al principio de subsidiariedad.

Cierto es que los partidos políticos no están interesados. Ni unos ni otros. Les da demasiada pereza. Significa que, si lo analizan con seriedad y escuchan los argumentos, tendrían que rectificar algunas de las principales decisiones que tomaron en su día.

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