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Archive for 4/04/10

Libro editado por Thomson-Civitas en diciembre de 2005, 887 páginas.

Fue presentado en diciembre de 2005, en el “Hotel Domine” de Bilbao (participaron, además del autor, Iñaki Azkuna, alcalde de la Villa, Ángel Líbano Markaida, Mitxel Unzueta y Antxon Lafont, entonces presidente del Consejo Económico y Social del País Vasco, y, posteriormente, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, y en el “Casino de Madrid“, en un acto organizado por el entonces Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, Pello Caballero, y que estuvo presidido por Javier Gómez-Navarro, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y en que también tomaron la palabra  Mitxel Unzueta, Senador por el PNV en el periodo constituyente y presidente del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao, e Ignacio Etxeberria, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao.

Mesa presidencial en la presentación del libro en el “Casino de Madrid” (Alcalá, 15). De izquierda a derecha, José María Gorordo, autor Javier Gómez-Navarro,  presidente del Consejo Superior de Cámaras de España; Pello Caballero, delegado del Gobierno Vasco;  Ignacio Etxeberria, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao y Mitxel Unzueta, presidente del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Bilbao y exsenador

(Véase lo recogido por “El Correo”“El País”  con motivo de la publicación de la obra). 

 El autor es José María Gorordo. Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y en Economía Pública por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto, ha sido profesor universitario, consejero delegado de Editorial Iparraguirre, alcalde de Bilbao, secretario-director de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de dicha ciudad y director general de EiTB

En la actualidad es consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

El estudio sobre la naturaleza jurídica y funciones de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación -objeto central de este libro-, junto con un tratamiento complementario del resto de las llamadas Corporaciones de Derecho público, tropieza con la previa complicación de su encuadramiento dentro de las ramas del Derecho. El Capítulo I se refiere a unas breves pinceladas históricas en las que abordamos con cierta profundidad el papel de los Consulados, su organización y funciones, por ser los auténticos predecesores de las Cámaras de Comercio.

El Capítulo II se dedica íntegramente a analizar, desde la historia y la regulación actual, tres tipos de organismos que representan tres grandes infraestructuras de interés general. Nos referimos a los puertos, aeropuertos y Ferias de Muestras, las tres de importancia estratégica para los intereses generales y económicos que han estado, y están, muy vinculadas a las Cámaras de Comercio. El Capítulo III aborda el Derecho comparado, desarrollando de manera extensa las Cámaras francesas por ser las que mejor representan el modelo continental de Cámaras de Comercio.

En el Capítulo IV se hace un estudio pormenorizado de la normativa preconstitucional de las Cámaras, desde su creación, Ley de Bases de 1911 y Reglamento General de 1974. En el Capítulo V se analiza el proceso constituyente y los debates parlamentarios de los artículos de la Constitución Española que hacen referencia a las distintas organizaciones de tipo profesional, empresarial o económico y se fijan unas precisiones terminológicas y la normativa de los entes de base asociativa.

El Capítulo VI examina el régimen jurídico vigente en materia de Cámaras de Comercio, con unas aportaciones que merecen ser destacadas: se ha profundizado en el debate parlamentario de la Ley 3/1993, en aquellos aspectos en los que hubo mayor controversia y discrepancias, como es el caso de la adscripción forzosa, régimen de personal, contratación y papel del Consejo Superior de Cámaras. Además, se hace un análisis pormenorizado y comparativo de las leyes autonómicas en vigor con anterioridad al 1 de febrero de 2005. El Capítulo VII repasa las diferentes entidades que se encuentran en el entorno conceptual de las Cámaras, como son los establecimientos públicos y, más recientemente, la administración indirecta, la descentralización por servicios, o la administración instrumental. Examina las distintas acepciones del término “Administración Pública” en la doctrina y las diferentes leyes.

En el Capítulo VIII se examina la configuración actual de las Cámaras como Administraciones corporativas, Administraciones sectoriales de base privada o Corporaciones de Derecho público y se tratan con detalle las funciones de colaboración en la elaboración de las disposiciones de carácter general, terminando con un resumen de las principales funciones camerales desempeñadas en la actualidad.

Definida la legislación vigente, el Capítulo IX analiza el régimen de contratación de las Cámaras a la luz del Derecho comunitario y de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con el fortalecimiento de las ideas de los denominados “poderes adjudicadores” y la consideración de las Administraciones Públicas desde una perspectiva funcional, por lo que se cuestiona la legislación española de sujeción de la contratación de las Cámaras al Derecho privado, dado el carácter público del recurso cameral permanente.

El Capítulo X estudia la consideración constitucional de la adscripción obligatoria y el derecho fundamental de la libertad de asociación en su vertiente negativa, en relación con Colegios Profesionales  (Notarios, Marina Mercante, etc.) y distintas Corporaciones de Derecho público (Comunidades de Usuarios, Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad Urbana, Cofradías de Pescadores y Entidades urbanísticas colaboradoras), así como con las propias Cámaras de Comercio. En concreto, para estas últimas corporaciones, objeto central de nuestra investigación, estudiamos dos Resoluciones, una en relación con la inconstitucionalidad de la adscripción obligatoria a las Cámaras en base a la Ley de 1911, la importante STC 179/1994, de 16 de junio, y la segunda, la constitucionalidad de la adscripción obligatoria a las Cámaras, esta vez, analizando la Ley nueva, la Ley de Bases de 1993, en la no menos fundamental Sentencia 107/1996, de 12 de junio.

El Capítulo XI examina la cuestión competencial con el estudio de dos Sentencias clave:

.- la STC 76/1983, de 5 de agosto (la de la LOAPA), en lo que se refiere a las Corporaciones de Derecho público y a la habilitación legal de la Administración central para dictar la Ley de 1993, estableciendo las bases del régimen jurídico: el art. 149.1.18.ª de la Constitución, y

.- la STC 206/2001, de 22 de octubre, que interpreta y limita dicha habilitación legal a la luz de las competencias autonómicas, y declara no aplicables, en las Comunidades recurrentes, algunos de los principales artículos de la Ley de 1993.

El Capítulo XII, relativo a las relaciones de las Cámaras con las organizaciones empresariales, analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1995, examinando la representación de los intereses de los empresarios y de las empresas, revisando duplicidades y actuaciones en competencia, como la formación o determinadas actividades de comercio internacional.

En el Capítulo XIII se estudia el régimen jurídico del personal al servicio de las Cámaras, normativa legal y Derecho transitorio, el Decreto de 13 de junio de 1936. La tesis finaliza con el Capítulo XIV, que presenta las conclusiones generales, resumen de la argumentación jurídica defendida.

Véase una entrevista del autor comentando el libro  (EL CORREO ENTREVISTA)

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El autor de “La política de otra manera” es José María Gorordo, alcalde de Bilbao entre 1987 y 1990 y titular de este blog. Tras presentar su dimisión en diciembre de 1990, seis meses antes de las siguientes elecciones, varios miles de personas le mostraron su apoyo mediante una masiva recogida de firmas pidiendo expresamente que se presentara a los comicios locales de junio de 1991,  lo que no hizo.

El libro tiene tres partes bien diferenciadas: la primera, la más larga, escrita en primera persona, es su experiencia política hasta la dimisión (entrada en política, creación de Deia (DEIA3DIC), lanzamiento de ETB-2 (EITB MAYO 2007), alcaldía de Bilbao (CORREO MAYO2007), política municipal, ejercicio del poder, historia del proyecto del Centro Cultural de la Alhóndiga de Bilbao, conflicto con la cúpula del partido y dimisión); la segunda y tercera forman parte de un ensayo: la segunda es la búsqueda de nuevas formas de participación social, de crítica al comportamiento de los partidos políticos tradicionales desde el inequívoco respeto a su imprescindible papel para la democracia (el menos malo de los sistemas), y la tercera es una propuesta para la creación de un espacio económico y social vasco, basado en la historia y en la voluntad mayoritaria de nuesta sociedad.

El libro está editado en 1993 y tiene 404 páginas (véase una crítica del libro, titulada ” Un libro sobre Bilbao”, en ABC”, y un reportaje reciente sobre los contenidos del libro vividos por su autor, en El Correo).

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“EL CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS”

autor: José María Gorordo

editor: Thomson Reuters-Civitas

diciembre, 2009

[Ver recensión del libro en la “Revista Española de Control Externo” a cargo de Manuel Aznar López (RECE RECENSION LIBRO CONTROL CUENTAS PUBLICAS) y entrevistas en “El País” (EL CONTROL DE CUENTAS PUBLICAS EL PAIS 2009),  “Deia” (DEIA EL CONTROL DE CUENTAS PUBLICAS 2009) y  “El Correo” (AJUSTE CUENTAS EL CORREO 2009)]

El sector público, que representa en torno al 50% del conjunto de la economía de los países en el mundo occidental, debe satisfacer un abanico muy amplio y diverso de necesidades sociales para lo que la Administración cuenta con recursos que, aunque limitados, son ingentes, de donde surgen riesgos en su gestión: falta de transparencia, corrupción, ilegalidades, irregularidades y arbitrariedades.

En las modernas sociedades democráticas los ciudadanos no se conforman con elegir a sus representantes en las instituciones. Quieren y exigen, ante todo, un control de las cuentas públicas que impidan o dificulten la corrupción, para lo que se deben establecer unos servicios eficaces de control y fiscalización del dinero público, que impidan la corrupción y, caso de producirse, sea detectada y sancionada de manera firme y rigurosa. Quieren, igualmente, unos servicios públicos de calidad, gestionados de manera eficiente, esto es, el máximo de servicio con unos costes  mínimos para un servicio dado, y eficaz, de modo que se cumplan los objetivos programados o, en su caso, se corrijan las desviaciones de lo realizado frente a lo previsto.

El control de las cuentas públicas por órganos independientes de la Administración ha supuesto un indudable avance democrático, calificado por muchos de revolucionario. Hoy en día es un valor democrático fundamental la insoslayable necesidad de controlar, frenar y dividir al poder. La Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789, en su art. 15, proclama el “derecho de la sociedad” a “pedir cuentas de su gestión a todo agente público”.

El autor, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y en Economía Pública por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto, ha sido profesor universitario, consejero delegado de Editorial Iparraguirre, alcalde de Bilbao, secretario-director de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de dicha ciudad y director general de EiTB. En la actualidad es consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

La obra cuenta con 1.200 notas bibliográficas. El libro aporta, con el rigor universitario, propuestas originales e innovadoras al mundo de la auditoría pública. Parte de la poca efectividad de los sistemas actuales, su complejidad y la dificultad de comprensión de los informes de fiscalización, la creciente alarma social provocada por nuevos escándalos de corrupción y la percepción por la sociedad de una impotencia para frenar actuaciones que desprestigian a las instituciones democráticas.

Como aportación más original del libro, se plantea la necesidad de modificar los actuales informes de fiscalización con nuevos criterios sobre la objetividad, transparencia y atención al ciudadano, no sólo a la recepción de la información, sino, más señaladamente, a los procesos de toma de decisiones en el seno de las organizaciones públicas, y al derecho ineludible de las minorías para participar, en igualdad de condiciones, en la gestión de lo público, incluida su presencia en las Mesas de contratación, gestión del urbanismo, Tribunales calificadores para la selección de personal y en el conjunto de empresas y organismos dependientes de las Administraciones públicas, sea la estatal como las autonómicas, forales y locales.

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