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Archive for 30 marzo 2010

Hace unos cuantos años, a finales de los ochenta, muchos de los que entonces influían en las decisiones urbanísticas en Bilbao, incluidos los principales responsables del Gobierno Vasco, se oponían a la construcción de edificios altos, de torres o de cubos.

Antes de la reinstauración de la Democracia, los rectores del ayuntamiento, elegidos por el método de la Dictadura que algunos denominaban “democracia orgánica”, aprobaron, excepcionalmente, un edificio de grandes dimensiones, la torre del Banco de Vizcaya, pionero en su día, que ha sido, durante un par de décadas, el símbolo del liderazgo económico y financiero del País Vasco.

Tras la fusión de los dos grandes bancos vascos, Bilbao y Vizcaya, pasó a ser la sede del BBV (algunos propusimos, sin éxito, que el nuevo banco se llamara Banco de Bilbao), para, posteriormente, ir vaciándose poco a poco, en silencio, piso a piso, discretamente, sin “hacer ruido”, pero sin pausa, manteniendo la sede oficial en Bilbao,  pero trasladando su centro real de decisiones, la práctica totalidad de los puestos de trabajo de mayor cualificación, sus servicios principales, a Madrid.

Como lamentable consecuencia del traslado, este edificio se encuentra en venta.

En 1987, el Pleno del ayuntamiento de Bilbao aprobó el proyecto de convertir el viejo almacén de vinos de la Alhóndiga en un gran Centro Cultural. Algunos técnicos municipales no se atrevían a manifestar su oposición porque trabajaban para el ayuntamiento, que era quien lo promocionaba, pero era obvio que no estaban especialmente ilusionados con nuestra idea de construir un gran Centro Cultural en la Alhóndiga.

En el proyecto participaban, técnicamente, los arquitectos Javier Saiz de Oiza y Juan Daniel Fullaondo y el escultor y artista Jorge Oteiza (AURRERA OTEIZA ), de lo que otro día hablaré con más datos y argumentos.

Desde muchos ámbitos se opusieron al proyecto. Instancias políticas, económicas, arquitectónicas y elitistas plantaron cara a su realización.

Los técnicos contrarios se oponían a todo edificio que no fuera “baja más cinco”, en expresión gráfica para explicar el conservacionismo de muchos arquitectos y políticos de la época.

Para tumbar el proyecto del cubo los distintos grupos de interés apelaron a diversas argumentaciones, todas ellas rebatibles, como la conservación de un edificio con valor patrimonial (la declaración de bien protegido para el patrimonio se hizo con posterioridad a la aprobación municipal), las alturas desproporcionadas que se iban a dar al nuevo edificio, el respeto a las fachadas, el coste, y otros motivos más espurios basados en intereses económicos de distinta naturaleza. 

Entre todos los que se opusieron lograron impedir que se hiciera el Cubo de la Alhóndiga, pero qué duda cabe que su prohibición sirvió y fue base para que, a continuación, se materializara el Museo Guggenheim-Bilbao.

Del proyecto del cubo de la Alhóndiga escribiré otro día. Quiero ahora poner énfasis en una flagrante contradicción, comparando dos proyectos de la misma época: el cubo de la Alhóndiga, centro cultural (público), y las torres de Uribitarte (edificios privados).

Los “conservacionistas”, que trabajaron denodadamente para imponer su criterio e impedir el proyecto de la Alhóndiga por encima de la voluntad de los bilbainos expresada por el Pleno municipal, nada dijeron cuando desapareció un edificio similar a la Alhóndiga, el del Muelle de Uribitarte (antiguo Depósito Franco).

En este segundo caso, el Gobierno Vasco no inició ningún procedimiento de protección del patrimonio. Callaron esplendorosamente en relación con la altura de los edificios, con su valor patrimonial, con el estilo y las aportaciones arquitectónicas que deberían conservarse, etc.

Ellos sabrán por qué, pero algún día lo tendrían que explicar. 

Pues bien, las dos torres de Uribitarte hoy son realidad en Bilbao. Desde Iniciativa Ciudadana Vasca (plataforma ciudadana con la que obtuvimos una muy significativa e importante representación municipal en las elecciones locales de Bilbao de 1995 y 1999) planteamos una serie de modificaciones al proyecto inicial que forzaron su revisión, de tal manera que un grupo de recurrentes pretendió anular las decisiones municipales, lo que dio lugar a la Sentencia del Tribunal Superior de Jsusticia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), núm. 140/2004, de 25 de febrero.  

Gracias al recurso y a la consiguiente Sentencia, ha quedado oficial y fehacientemente reconocido en un documento judicial, las “importantes modificaciones” que “Iniciativa Ciudadana Vasca” consiguió para la Villa de Bilbao. 

En efecto, en dicha Sentencia, entre otras cosas, se dice que: 

 Fundamento Jurídico tercero: “…Se argumenta al efecto que, tras ser denegada la aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de octubre de 2001, se introdujeron modificaciones importantes por exigencia del Grupo municipal Iniciativa Ciudadana Vasca que exigían un nuevo trámite de información pública por su carácter sustancial. Se señala que dichas modificaciones consistieron en la cesión al Ayuntamiento de una superficie aproximada de 2.500 m2 para equipamiento, la ampliación del local destinado a hogar del jubilado, un aparcamiento de 3.000 m2 en el complejo de las torres, la adaptación del proyecto a la Ley de Accesibilidad y un plan para conservar los jardines existentes en la zona, remitiendo al efecto a documentos periodísticos que acompaña a la demanda”…..

 … Pues bien, de acuerdo con lo razonado haste el presente momento, ya cabe concluir que la incorporación de nuevas superficies de 840,90 m2 y de 1.412,72 m2 que exceden de las previsiones de la MOdificación del PGOU….., con destino a equipamiento público, más la incorporación de otros 1.475,46 m2 con destino a aparcamiento del Ayuntamiento…..; las demás modificaciones… la rampa de acceso al sótano…, la nueva disposición de los apoyos de la pasarela, que los mejora…”.

 

Quede claro, por tanto, que el magnídico Centro de Personas Mayores de Abando, situado en los bajos de una de las torres, y bastantes de los aparcamientos, que ahora son propiedad municipal, es decir, de todos los bilbainos, se debe, única y exclusivamente, a la gestión y negociación de Iniciativa Ciudadana Vasca

Acredito esta afirmación con una reproducción de la Sentencia, para quien esté interesado en su contenido íntegro. El día de su inauguración acudí con una copia de dicha Sentencia para recordar al anfitrión, el alcalde Azkuna y su equipo, político y técnico, el origen y la razón por la que se estaba inaugurando el Centro. 

Estos convenios de Uribitarte fueron fiscalizados por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, por lo que también se puede acudir a la página web de dicho Tribunal.

STSJPV CONVENIOS URIBITARTE

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Udalbiltza

Udalbiltza nació como una asociación de municipios y cargos electos de Euskal Herria a la que se fueron incorporando corporaciones y cargos en base a la libre decisión de cada uno de ellos. La primera reunión de cargos electos agrupó  a más de 2.000 alcaldes y concejales de Euskadi, que abarrotaron el Palacio Euskalduna, de Bilbao. Sin duda esta fue la razón por la que, desde determinadas instancias españolas, se vió con desconfianza, recelo y preocupación su nacimiento.

Su creación se fundamenta en la autonomía municipal, consagrada en la Carta Europea de Autonomía Local, en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española (CE), arts. 1, 2 y 25 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y 1.1 Texto Refundido del Régimen Local.

El art. 137 CE reconoce como, principio general, la autonomía municipal para la gestión de los propios intereses, mientras que el art. 140 CE afirma que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. El art. 1 de la LBRL define a los municipios como “Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”, para cuya efectividad se deberá asegurarles su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa. Y el art. 25, en desarrollo de lo anterior, habilita a los municipios para la gestión de sus intereses en el ámbito de sus competencias y pueden “promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.

          Por otra parte, la CE reconoce el derecho de asociación (art. 22.1 CE), sin perjuicio de afirmar que son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito (art. 22.2 CE); por otra parte, sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada (art. 22.4). La inscripción en un registro es a los solos efectos de publicidad (art. 22.3 CE).

         .- La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 mayo 2004, recuerda que “no se carece por completo de base normativa para llevar a cabo un nuevo enfoque interpretativo de la autonomía local. A este efecto debe recordarse que los Tratados Internacionales válidamente celebrados y ratificados en debida forma son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. Así sucede por lo que ahora interesa respecto a la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988 y publicada en el BOE de 24 de febrero de 1989. Es de tener en cuenta que el Reino de España en el instrumento de ratificación hizo una reserva respecto a la aplicación en nuestro país del número ó apartado 2 del artículo 3 de la Carta. Pero el precepto que nos interesa es justamente el número ó apartado 1 del mismo art. 3 de este Tratado internacional. Se declara en dicho precepto quepor autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes” (FD 3.º). “De este precepto pueden deducirse importantes consecuencias. Debe destacarse que según la norma los entes locales deben tener una capacidad efectiva y que esa capacidad se refiere a ordenar al menos una parte de los asuntos públicos. Desde luego se añade que la capacidad efectiva de ordenación debe ejercerse en el marco de la Ley….es de entender que la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, que debemos aplicar pues nos obliga como elemento que es de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un importante instrumento de interpretación del principio de autonomía local que consagra la Constitución. El legislador español por otra parte se ha cuidado de desarrollar y garantizar esa autonomía local hasta el punto de que se ha modificado por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, la LOTC 2/1979, de 3 de octubre, con objeto de hacer posible la defensa de la autonomía local….”.

Y continúa: “En el supuesto de la STS de 2003, existía una tensión entre el principio de autonomía y la legislación aplicable al caso, pero el Alto Tribunal no dudó en señalar que “la tensión indicada debe resolverse en virtud de una interpretación integradora de un modo favorable al principio de autonomía local, admitiendo la posibilidad de esa tipificación por Ordenanza. Una interpretación de este tipo no hace sino cumplir la finalidad que atribuye a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo el Título Preliminar del Código Civil cuando en su artículo 1.6 dispone que completará el ordenamiento jurídico y en el artículo 3.1 que la interpretación a realizar se llevará a cabo de acuerdo con los antecedentes legislativos y la realidad social de los tiempos en que las normas deban aplicarse..”.

“Y en el FD 7.º: “Entiende en cambio esta Sala que deben acogerse los motivos (o apartados) segundo, tercero y cuarto, en los que se alega que la evolución y las tendencias de la jurisprudencia constitucional y de este Tribunal Supremo deben conducir a una interpretación de los preceptos aplicables favorable a la autonomía local. Así se mantiene en los motivos indicados, refiriendo la argumentación al principio mismo de autonomía, a las actividades de los entes locales, y a la legislación reguladora del régimen local. Como hemos expuesto en los Fundamentos de Derecho anteriores hay que atenerse a la solución jurisprudencial más favorable a la autonomía municipal que consagran los artículos 137 y 140 CE, los cuales deben ser interpretados de acuerdo con el art. 3.1 de la Carta Europea de Autonomía local, y por tanto de tal modo que esta autonomía suponga una capacidad efectiva de ordenar los asuntos públicos”.

         La decisión de pertenecer a una asociación de municipios y de cargos electos como Udalbiltza, adoptada de acuerdo con los procedimientos legales establecidos, lleva aparejada necesariamente la de aceptar sus estatutos y las obligaciones inherentes a su ingreso como miembros, entre las que destaca la aportación de la cuota correspondiente para el sostenimiento de dicha asociación. No es deslindable la decisión de incorporarse de la de contribuir al sostenimiento mediante la cuota correspondiente. Declarar ilegal el pago de la cuota y legal la decisión de incorporarse a la asociación sería una rigurosa perversión, puesto que este tipo de asociaciones se financian, ineludiblemente, con la cuota que aportan los socios que voluntariamente han decidido incorporarse a ellas. Una asociación de municipios sin aportaciones de los municipios y/o de otros entes territoriales públicos está condenada a la desaparición o, en el segundo caso, a la subordinación de los objetivos a la institución financiadora, muchas veces contrapuestos a los de los ayuntamientos.

    Una asociación de municipios y cargos electos se constituye para la defensa de los intereses generales municipales e intermunicipales, por lo que la decisión de pertenecer a ellas entra dentro de las competencias municipales de cualquier sistema democrático.

Un ayuntamiento decide incorporarse o no a una u otra asociación de municipios o a ninguna, en base a criterios  de oportunidad y discrecionalidad expresados por el órgano competente (Pleno), en relación con la expectativa de que una u otra presten servicios públicos de índole municipal e intermunicipal y contribuyan mejor a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Como ejemplo, los ayuntamientos pertenecientes a una asociación de municipios no tienen competencia para decidir que determinados impuestos legislados y gestionados por un ente territorial superior, pasen a ser gestionados por el ente territorial inferior, ni individual ni colectivamente pero pueden, perfectamente, a través de este tipo de asociaciones, reclamar las reformas legales necesarias. Pueden, igualmente, proponer reformas legales, incluso de modificación del marco jurídico-político.

El límite del ámbito de las competencias municipales se sitúa, a mi juicio, en la imposibilidad de decidir participar y/o financiar una asociación ilegal, disuelta o suspendida por la autoridad judicial, que no es el caso.

Udalbiltza nació como asociación de municipios y cargos electos, y, en concreto, las actuaciones individualizadas de muchos ayuntamientos que, en sus Plenos respectivos, tomaron la decisión de incorporarse a Udalbiltza, y de cargos públicos, que decidieron individualmente incorporarse a dicha asociación de municipios y cargos electos.

Estas decisiones institucionales son las que legitiman la posterior aportación de fondos a la asociación, consecuencia necesaria de un deber asociativo, al igual que los ayuntamientos que democráticamente decidieron, pagan cuotas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o a Eudel.

 Por si alguno está interesado en conocerlo, en diciembre de 2004, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, aprobó un Informe de Fiscalización de Udalbiltza, que fue publicado, junto con sus votos particulares, en el Boletín Oficial del País Vasco, de acceso público como es sabido.

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Se habla mucho de las Comunidades Autónomas “históricas” como Euskadi/Euskal Herria o Catalunya, pero no se conoce lo que esto significa.

Hay quienes, desde posiciones ignorantes o desde una profunda animadversión a lo que pueda significar una mínima sensibilidad, un mínimo respeto al sentimiento más significativamente vasquista, entroncado no sólo con la historia sino con la voluntad actual de las personas, sitúan la legitimidad histórica de las reivindicaciones de la Comunidad Autónoma vasca en el Estatuto de 1936 y el Amejoramiento, en el caso de Navarra, olvidando, desde luego, la propia historia, los fueros, la necesidad de que los reyes jurasen los fueros para poder ejercer el poder. Esta idea está rigurosamente fundamentada en uno de los últimos libros del foralista Adrián Celaya, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Los Fueros de Bizkaia, 2009:

“Bizkaia es tierra aparte, según los propios castellanos, porque tiene Fueros… una y otra vez los vizcainos insisten en que los reyes,  para poder tener poder en el Señorío, han de llegar a Bizkaia y jurar los Fueros. El juramento no es una mera fórmula porque una  otra vez también, se insiste en que el rey no sólo jure sino que cumpla los Fueros, que se someta a ellos, a unos Fueros que nos costó reconocer hasta el Fuero de 1452, pero que sin duda existían antes. Al jurar los Fueros el rey quedaba sometido a una norma superior que le obligaba…; Bizkaia fue un Señorío aparte porque se gobernaba por sus Fueros propios no por las leyes de Castilla, porque los Señores estaban obligados a jurar que cumplirían los Fueros, porque tuvo instituciones públicas organizadas sobre la base de asambleas y un poder descentralizado,  porque gobernó su vida civil con normas propias…; el rey, en su confirmación no da validez a los Fueros, sino que los acepta para poder mandar en Bizkaia. No es extraño que a este Fuero así aprobado con la confirmación real se le haya llamado el pacto foral… ” (págs. 75, 81 y 116)  “

Otro día abordaré con más detalle este importante libro de Adrián Celaya.

De todo ello nos ha quedado, no como “privilegio” (algunos pretenden que se considere como verdad histórica irrefutable, por medio de la propaganda y la reiteración, esta idea del “privilegio”, lo que es rigurosamente falso), sino, por el contrario, como “premio de consolación”,  los Conciertos Económicos.

Desde posiciones vasquistas, nacionalistas vascas,  falta, a mi juicio, una pedagogía y explicación de la historia, del basamento histórico de las reivindicaciones, en base a la realidad de los hechos, sin olvidar, por supuesto, la voluntad actual  de la mayoría de la sociedad.

Ante una presión mediática tan abrumadora en defensa de la idea de que la normalización de Euskadi pasa por la renuncia expresa a las principales reivindicaciones relativas al sentimiento de pertenencia a un pueblo y su materialización, los líderes políticos abertzales, en general, centran sus mensajes en fórmulas para el corto plazo y dejan que penetre, especialmente en el mundo joven, una suerte de plácida aceptación del status quo.

Adjunto un trabajo que desarrollé en el año 2002, que sirve, a mi juicio, para la reflexión y el debate

 DERECHOS HISTÓRICOS Y SU ACTUALIZACIÓN

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Desde hace más de 20 años vengo defendiendo la necesidad de construir un espacio económico y social propios.

De la inicial expresión acuñada en diversos medios de comunicación en 1988 (artículo en El Correo (POR UN EEV 1989) y una entrevista en Egin, entre otros), “Espacio económico y social vasco“, que produjo un acalorado debate en el que participaron, en contra de la propuesta Adolfo Careaga (q.e.p.d., perteneciente a la derecha, antigua Alianza Popular) y Luis Atienza (Consejero socialista en uno de los gobiernos de coalición PNV-PSOE) y a favor, José María Makua (Diputado General de Bizkaia e ilustre nacionalista vasco q.e.p.d., goian bego, POR UN EEV MACUA), expresión inicialmente asumida  en el ámbito abertzale, se pasó posteriormente a emplear la fórmula “ámbito de decisión” u otras terminologías análogas.

Transcribo a continuación para acreditar lo antes citado lo que defendía en artículos de opinión y en varias mociones o propuestas políticas en el ámbito institucional: por ejemplo, en las Juntas Generales de Bizkaia)  a finales de los ochenta (EN DEFENSA DE UN ESPACIO ECONÓMICO PROPIO) y principios de los noventa (artículo en El País, ESPACIOECONOMICO), que entiendo mantienen plenamente su actualidad en cuanto al fondo de la cuestión.

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A un año de las elecciones locales, ha surgido un debate público, probablemente interesado, en relación con la capital de Euskadi o Euskalherria, por parte de los alcaldes de las capitales vascas.

Traigo a colación la campaña  “Bilbao, capital de Euskadi“,  organizada por la Plataforma “Iniciativa Ciudadana Vasca Euskal Huritarren Egitekoak”  (ICV/EHE), en 1995, con la recogida de firmas de varias decenas de miles de personas, que fueron inadmitidas a trámite por el Parlamento Vasco.

Insisto. Son documentos de 1995, que aportan información de la época y plantean igualmente algunos problemas de institucionalización del País Vasco aún no resueltos. Baste citar que al cabo de 30 años de la autonomía vasca, aún no ha sido posible aprobar una Ley Municipal, a pesar de los numerosos intentos frustados de hacerlo.

Cuelgo a continuación los textos originales.

BICAEUSK

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RAP RECENSIÓN LIBRO

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Con motivo de la creación de ETB-2, en 1986, el Gobierno español planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con la declarada intención de impedir su salida, que lo perdió.

A continuación cito la referencia del día y la página en la que apareció la noticia en el New York Times, para los que estén interesados en conocerlo (NEW YORK TIMES 1986 COMPLETO); NEW YORK TIMES.

 Periódicos de todo el mundo se hicieron eco de lo que se consideró como la primera iniciativa que abriría el camino para la desmonopolización de “Televisión española“. El 21 de setiembre de 1986, Edward Schumacher, corresponsal del “New York Times“, escribió el artículo antes reseñado, titulado “Descentralizando España, poder a las provincias, hasta un punto”, en  el que decía, entre otras cosas, lo siguiente (traducido del inglés):

 “Se extendió el rumor que el Gobierno central planeaba cerrar un canal de televisión en el País Vasco, que se había  puesto en marcha sin el permiso de Madrid. Cinco furgones de la Ertzaintza se desplazaron inmediatamente a la estación de  Durango. Tan pronto como llegaron dos vehículos de la Guardia Civil, solicitaron la entrada, alegando que habían recibido una amenaza de bomba. El trabajo lo hizo la policía vasca y se forzó para que la Guardia Civil se retirase. “No puedo afirmar con certeza cuáles eran las intenciones reales de la Guardia Civil”, dice José María Gorordo, el director de la televisión, “pero no había ninguna bomba”   -yo había recibido sendas llamadas de teléfono de Retolaza y de García Egocheaga, consejero del Interior y vicelehendakari del Gobierno vasco, respectivamente, en las que me anunciaron que estuviese prevenido, porque Ramón Jauregui, entonces Delegado del Gobierno, estaba muy cabreado y probablemente, intentaría cerrarnos la televisión, incluso por la fuerza, si fuese necesario. Por cierto que desmintió su participación directa ante una pregunta casual que le hizo Valentín Solagaistua. Lo cierto es que la Guardia Civil se presentó en Durango, por dos veces, pidiendo la entrada al recinto de la televisión-.

 “La disputa de la televisión vasca fue una de las muchas que surgieron. La tensión comenzó cuando el Gobierno vasco añadió un nuevo canal en español a su televisión, que pudiera llegar a los dos tercios de los vascos que no entienden el euskera, en directa competencia con la televisión del Estado, por lo que el Gobierno de Felipe González demandó que se cerrara. Rechazada la petición de cierre, es cuando surgieron los rumores que iban a intentar el cierre forzoso…”.

Ahora que vivimos la era de la TDT y los más de 100 canales, con la consiguiente fragmentación de las audiencias y de los contenidos televisivos, es bueno recordar los esfuerzos que se hicieron desde el poder político español para tratar de impedir la desaparición del monopolio de TVE (100% del share).

También pueden leerse, con detalle, las vicisitudes y conflictos político-administrativos surgidos, cuando, en 1986, nació la primera televisión (pública) que competía, en el mismo idioma, con el monopolio de televisión española, la ETB-2, en el libro:

La política de otra manera”

(editado en 1993, autor José María Gorordo)

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